2 de agosto de 2004 | |
El papel del trabajo: Argentina Paulo Braga, Buenos Aires La fuerte recuperación de la economía argentina posterior al derrumbe de 2001 y 2002 hasta ahora no alcanza para revertir una tendencia que hace que el país, antes isla de bienestar en un continente repleto de problemas sociales, se parezca cada vez más a sus vecinos de Latinoamérica. La raíz de esta metamorfosis es el incremento del desempleo y, sobre todo, la precarización de las antes sólidas relaciones entre empleados y empleadores. Este rasgo se ubica entre los factores que más han contribuido a cambiar el panorama social del país. "Desde comienzos de la década de 1980, el fenómeno de la precarización ha crecido de una manera impresionante, y esto explica por qué Argentina ha dejado de ser una sociedad integrada", afirma el sociólogo Ernesto Kritz, director de la consultora Sociedad de Estudios Laborales. El especialista ilustra que en el principio de los años 80, la proporción de trabajadores en negro, o precario, era de 18 por ciento, ascendió hasta 28 por ciento a comienzos de los 90 y cerró la década en 40 por ciento. Este aumento fue impulsado por las privatizaciones del gobierno de Carlos Menem y por la pérdida de competitividad de la industria local en función del régimen de paridad con el dólar adoptado para estabilizar los precios. Hoy, el porcentaje se acerca a 50 por ciento, y la mayor parte de la creación de empleo luego de la crisis está concentrada en el sector informal. Cifras recién difundidas por el Ministerio de Trabajo revelan que el ritmo de creación de empleo informal sigue superando el de puestos formales. Las estadísticas oficiales indican que de la totalidad de empleos generados entre el primer trimestre del año pasado y el mismo periodo de este año, casi 61 por ciento fueron en negro. El gobierno intenta mirar la situación por el lado positivo, señalando que en comparación, entre 1991 y 2001 la proporción del trabajo informal en la creación de empleo alcanzó 95 por ciento. Pero la comparación de las cifras del mercado laboral argentino antes y después de la devaluación muestran el empeoramiento de las condiciones, y son justamente los trabajadores no registrados quienes perdieron más. "El salario promedio del sector no registrado se ubicaba, en mayo pasado, alrededor de 73 por ciento de lo que era antes de la devaluación", estima Esteban Medrano, de la consultora Macrovisón. En contraposición, los sueldos en el sector formal prácticamente ya han recuperado las pérdidas y se encontraban en ese mismo mes a 98 por ciento del poder adquisitivo de la época de la convertibilidad. Además, en términos nominales, la brecha de ingresos entre un sector y otro sigue siendo ancha. El ingreso promedio de un trabajador en negro es, hoy, de 408 pesos argentinos mensuales, 54 por ciento inferior a los ingresos de un empleado formal, que percibe 603 pesos. En ambos casos, ese ingreso no alcanza para adquirir la canasta de bienes y servicios que determina el umbral de pobreza para una familia tipo de cuatro personas, hoy evaluada en 723 pesos. A la vez, las autoridades argentinas señalan la caída de la tasa de desocupación. El desempleo en el país, que alcanzó un máximo de 22 por ciento en mayo de 2002, en el momento más grave de la crisis disparada por el colapso de la convertibilidad, hoy se ubica en 14.4 por ciento, según el último dato oficial, que corresponde al primer trimestre de este año. Una lectura superficial de la cifra podría dar la impresión de que el repunte de 8.8 por ciento que tuvo el PIB en 2003 se reflejó casi íntegramente en la creación de empleo. Pero la caída fue ocasionada en gran medida por el hecho de que una nueva metodología estadística pasó a considerar como "empleados" a los beneficiarios de un subsidio estatal de 150 pesos mensuales (alrededor de 55 dólares). Sin la maniobra estadística, la tasa de desempleo asciende a 20.5 por ciento. Además de distorsionar los números del empleo, el pago a los desocupados del llamado Plan Jefas y Jefes de Hogar, visto en su momento como medida de emergencia para paliar los efectos de la crisis, ya genera críticas de los empresarios locales. Algunos sectores se quejan de que aún con un universo de desocupados que asciende a 5 millones, falta mano de obra en el campo y la industria. "Durante esta cosecha, hubo escasez de mano de obra, causada por la negativa de las personas a renunciar a los beneficios de los planes del gobierno", afirmó Margareth Henríquez, presidenta de la filial argentina de Bodegas Chandon, en un artículo publicado la semana pasada por el diario porteño La Nación. La
ejecutiva declaró que la dificultad para conseguir cosechadores
ocurrió
porque los trabajadores no estaban de acuerdo con dejar de recibir los
ingresos de dichos planes, incluso con remuneraciones diarias de entre
30 y 50 pesos, optando por trabajar en negro o no trabajar.
"Estos subsidios entregados por el gobierno propiciaron que los
trabajadores prefirieran cobrar 150 pesos mensuales antes que trabajar
tres meses en la vendimia y perder los beneficios"
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