Negocian particulares casi 20 por ciento de los secuestros en el país

La desconfianza en procuradurías, filón para empresas negociadoras de rescates

Cinco firmas se dedican a negociar con plagiarios Operan casi en la clandestinidad

JESUS ARANDA

La desconfianza en las procuradurías federal y estatales en casos de secuestro ha generado una especie de mercado negro en el que compañías aseguradoras, despachos de abogados y "especialistas en temas de seguridad" nacionales y extranjeros han encontrado un fructífero filón, al dedicarse a la negociación para el rescate de personas plagiadas.

Ante la ausencia de un marco legal que regule la actividad, estos negocios actúan en la impunidad y con el único afán de lucrar, ya que obtienen un porcentaje de entre 10 y 20 por ciento del rescate pagado. En cambio, cuando procuradurías -como la del Distrito Federal y la del estado de México- intervienen en la negociación en casos de secuestro, los familiares de las víctimas no sólo reciben asesoría gratuita y profesional de las dependencias, sino que, además, llegan a pagar a los plagiarios de 4 a 12 por ciento del rescate solicitado inicialmente.

Pese a que ninguna empresa garantiza contar con personal especializado, no les interesa reducir el monto del rescate porque en ello va también la ganancia y actúan con reglas que imponen a las familias de las víctimas, según funcionarios de la procuraduría capitalina y de la general de la República. Se calcula extraoficialmente que casi 20 por ciento de los secuestros que ocurren en el país son negociados por particulares.

Seis empresas

Hasta la fecha, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni sus iguales de los estados conocen el número exacto de empresas dedicadas a negociar con secuestradores.

La PGR ha iniciado una averiguación relacionada con dos empresas extranjeras -Kroll e International Risk- y una nacional -de nombre desconocido- para establecer si violaron la ley cuando tomaron parte en negociaciones con secuestradores. Se sabe que al menos seis compañías, todas extranjeras, desarrollan este tipo de actividades en México.

El marco legal vigente no prohíbe la mediación, incluso se permite con fines de lucro, lo que se persigue penalmente es el hecho de que la empresa mediadora oculte información a las autoridades competentes sobre el secuestro en cuyo intento de solución participaron, así como presionar a las familias de las víctimas para que no denuncien.

La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada levantó un acta circunstanciada para establecer si alguna empresa mediadora ha incurrido en algún ilícito; funcionarios consultados aceptaron que hay la certeza que "la gran mayoría de las veces", lo primero que exigen los asesores a los familiares de las víctimas es que no denuncien o no colaboren con la autoridad.

Esta actitud oficialmente es calificada de irresponsable, porque pone en riesgo la vida de la víctima. Sin embargo, esta certeza no garantiza que se emprenda acción legal contra las empresas mediadoras o de ex policías que han encontrado en la negociación de secuestros su modo de vida.

A su vez, el fiscal general de Asuntos Especiales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, Víctor Manuel Torres Moreno, señala en entrevista con La Jornada que sabe de la existencia de cinco empresas dedicadas a esta actividad, de las cuales tres son extranjeras y dos nacionales, aunque todas actúan sin someterse al escrutinio de ninguna autoridad y prácticamente de manera clandestina, ya que las procuradurías tienen conocimiento de su existencia sólo después de que un secuestro presenta problemas, o bien cuando una banda es detenida y resulta que negoció con particulares.

La excepción que confirma la regla es la procuraduría de Sinaloa, cuyo titular, Oscar Fidel González Mendívil, afirma que no existe una sola empresa de este tipo en la entidad, ante el éxito obtenido por la Unidad Especializada Antisecuestros, que ha disminuido a su mínima expresión este ilícito, amén de que los empresarios del estado confían más en la corporación que en particulares en caso de plagio.

Por otra parte, el caso más dramático que ejemplifica la participación de negociadores particulares es el del asesinato de los hermanos Sebastián y Vicente Gutiérrez Moreno, quienes fueron secuestrados en el Distrito Federal y sus cuerpos hallados en el municipio mexiquense de Los Reyes La Paz. La familia optó -según fuentes oficiales- por los servicios de una empresa extranjera, la cual difícilmente responderá ante alguna autoridad por su participación en los hechos.

El caso más reciente es el de la doctora Carmen Gutiérrez de Velasco, cuyos familiares contrataron la intermediación de la empresa colombiana Cios, según la procuraduría capitalina y la PGR, además de que esta última ha emprendido una investigación a esta empresa, de la cual no se ha dado a conocer su nombre.

Fomentan la impunidad

Jesús Jiménez Granados, fiscal antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), no tiene empacho en cuestionar a los negociadores privados. Asegura que éstos fomentan la impunidad y favorecen el crecimiento del ilícito. Reclama a la ciudadanía que tenga confianza en las autoridades y confirma que tanto en el Distrito Federal como en el estado de México se tiene un porcentaje cercano a 70 por ciento de los secuestros resueltos. "Es falsa la idea de que hay alta impunidad en este tipo de delitos", asevera.

En el caso de las empresas negociadoras, insiste, "si alguien cree que solucionó su problema porque pagó unos pesos, yo diría que es al contrario, que engendró otro para varios".

Jiménez Granados comenta en entrevista cuál es el principal obstáculo en la persecución de este delito: "me siento como un boxeador que sube al cuadrilátero con las manos amarradas, por la falta de denuncia, por falta de confianza, y en esto el único que gana es el delincuente".

Indica que no hay número preciso de empresas negociadoras; ninguna se registra como tal, aunque existen aseguradoras que prestan ese servicio.

Menciona que empresas de seguridad ocultan oficialmente ese "servicio", que se ofrece en núcleos empresariales, clubes y, en general, entre personas de alto nivel socioeconómico.

La desventaja, asevera, es que no hay denuncia ni registro: las pruebas inmediatas, las más valiosas en materia de investigación, tendrán más fuerza y más posibilidad de explotarse que las que vayan surgiendo posteriormente. Además de que dificulta la creación de bancos de datos y voces de los secuestradores, el análisis del modus operandi de las bandas y otros aspectos fundamentales al inicio de toda averiguación se pierden.

Por otra parte, enfatiza, esas empresas son nocivas para las procuradurías, porque inyectan recursos a los grupos delictivos, lo que les permite ampliar su horizonte delincuencial.

"Cuando es necesario pagar, porque las condiciones así lo van dando, porque la prioridad es la integridad de la víctima, hemos bajado los montos. Andamos en promedio de 4 o 5 por ciento del monto exigido, porque nos causa muchos problemas que las bandas se refaccionen, es decir, que adquieran tecnología, inmuebles, vehículos, equipo que les permitan efectuar su delito, además de que sus integrantes crezcan." (Cabe mencionar que cuando la esposa e hija del ex alcalde de Tultitlán Antonio Ríos Granados fueron liberadas con la mediación de la procuraduría mexiquense se pagó entre 10 y 12 por ciento del monto exigido inicialmente.)

-Las actividades de estas empresas, ¿afectan sólo a la familia o también a la sociedad?

-Los delincuentes cobran y van por otro secuestro: ninguna empresa de seguridad hace esfuerzos por lograr una detención, no es su papel.

El funcionario cuestiona no sólo la calidad profesional de estos negociantes, sino que además no existe la certeza de su efectividad. Jiménez Granados opina que existen elementos para actuar penalmente en contra de estos "negociadores", más que para buscar una regulación de esta actividad.

En términos generales, el procurador Macedo de la Concha ha dicho que si bien el asesoramiento es una actividad lícita, cuando se omite informar a la autoridad sobre un delito -concretamente, el secuestro-, y más aún, los particulares negocian, éstos incurren en responsabilidad penal que va desde el encubrimiento y puede llegar hasta la coparticipación.

Hasta la fecha, se tiene conocimiento únicamente de un acta circunstanciada que levantó la PGR contra un despacho de abogados que negoció en un plagio, pero lagunas legales existentes hacen previsible que se complique la intención de juzgar a negociadores por posibles ilícitos.

Sin embargo, el fiscal de Asuntos Especiales mexiquense, Víctor Manuel Torres Moreno, afirma que más que imponer penalidades a ese tipo de empresas, "debería ser que cuando liberen a la víctima, las empresas entreguen toda la información a la autoridad, es decir, ésta debiera ser pública, porque si no tenemos información a la hora de consignar a los secuestradores se debilitan los procesos penales contra los culpables".

Actualmente no hay obligación legal ni siquiera para que las empresas entreguen las cintas grabadas de los secuestradores y, por supuesto, tampoco existe una legislación expresa que regule estas compañías, ni a las nacionales ni a las extranjeras.

Hoy cualquiera es secuestrable

En 80 por ciento de los secuestros participa al menos una persona que está relacionada con la víctima, como familiares, vecinos o empleados, por lo que se dice que actualmente cualquiera puede ser secuestrable.

Paradójicamente, es peligroso el pago inmediato del rescate, porque muchas veces los secuestradores efectúan doble cobro, porque saben que la familia tiene dinero, además, en otras ocasiones matan a la víctima. Se recomienda en esas situaciones contar con el asesoramiento de un especialista perteneciente a alguna unidad policiaca especializada.

En caso de secuestro, la Fiscalía para la Seguridad de las Personas de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal recibe directamente las denuncias; por ley, el Ministerio Público está obligado a mantener en secreto los datos del denunciante, víctima y testigos. En caso de emergencia se debe llamar al 53 46 86 69 y 53 46 82 96.

JESUS ARANDA

Industria para delincuentes y empresarios

El secuestro en México se ha convertido en una industria, no sólo para los delincuentes, sino también para empresas nacionales y extranjeras que obtienen jugosas ganancias de este ilícito.

Oficialmente, ninguna de las aseguradoras que trabajan en el país ofrece una póliza "antisecuestro", lo que eleva signficativamente el costo de éstas al ser contratadas en el extranjero.

Empresas internaciones como Kroll e International Risk ofrecen sus servicios que incluyen el llamado kidnap for ransom, que es la adopción de medidas de protección y la intermediación en caso de plagio.

Sin embargo, el costo puede variar si la persona asegurada cuenta con servicio de protección, como guardaespaldas, equipo de seguridad en su residencia y auto blindado.

Se estima que una póliza de este tipo tiene un costo cercano a los 100 mil dólares anuales.

Una vez que ocurre el plagio, la empresa mediadora o el mediador particular obtienen hasta 15 por ciento del monto que paga la familia para liberar a la víctima.

Otra forma de protección que se empieza a abrir paso es la implantación de un microchip -dispositivo electrónico de 12 milímetros- bajo la piel; éstos cuestan unos 8 mil pesos, además de un pago mensual; este artefacto permite moniterear mediante el Sistema de Posicionamiento Global el lugar en que se encuentra la persona, lo que permite ubicar el sitio en que se encuentra y facilita el eventual rescate.

JESUS ARANDA

Sobrepoblación de 23% en cárceles; Sonora, caso extremo, tiene 125% de más

De alto impacto, 29% de los delitos que se cometen en el país, señala diagnóstico

Presenta panorama el procurador de Jalisco Despojo, fraude y amenazas, en apogeo

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Un diagnóstico nacional en materia de seguridad pública y procuración de justicia en el ámbito estatal señala que 29 por ciento de los delitos que se cometen en el país son calificados de alto impacto, como homicidio doloso, secuestro y violación; 49 por ciento corresponden a alta incidencia, lesiones, daño, fraude y robo.

A escala nacional los delitos en aumento son despojo, fraude y amenazas. Las cárceles mexicanas registran 23 por ciento de sobrepoblación y existen casos, como Sonora, que tiene 125 por ciento más internos que los que le permite su capacidad instalada.

De 2001 a la fecha, el presupuesto que la Federación destina a los estados para seguridad pública y procuración de justicia se redujo 54.73 por ciento.

Esto es parte del panorama que el procurador de Justicia de Jalisco, Gerardo Octavio Gómez, dio a conocer en la 15 Conferencia Nacional de Procuración de Justicia celebrada en Saltillo, Coahuila, los días 29 y 30 de julio.

El informe, del cual posee copia La Jornada, refiere que las entidades donde se comete el mayor número de robos de vehículos con violencia son Baja California (100 por ciento), Guerrero (42.35), Distrito Federal (42), estado de México (35.46), Hidalgo (33.56), Chiapas (30.34) y Veracruz (19.20).

En cuanto al número de secuestros denunciados entre 2001 y 2003, en México oficialmente hubo mil 354 y, según los datos estadísticos de las procuradurías de justicia del país este delito disminuyó 18.7 por ciento en ese lapso, pues mientras en 2001 se reportaron 508 secuestros, en 2003 se denunciaron 413.

Los informes de la 15 conferencia de procuración de justicia sobre 2003 ubican al Distrito Federal con el mayor número de secuestros, 136; estado de México, 80; Guerrero 23; Baja California y Michoacán 20 y Veracruz 16.

En lo que toca a los llamados delitos de alta incidencia, durante 2003 se registraron en el país 247 mil 906 casos de lesiones; 146 mil 985 denuncias por daño en propiedad privada, 131 mil 437 robos; 661 mil 970 fraudes; 24 mil 78 abusos de confianza; 20 mil 33 despojos y 15 mil 654 homicidios culposos.

Respecto a estos delitos, entre 2001 y 2003 el despojo se incrementó 33 por ciento; el fraude 18.53, las amenazas 10.6 y los abusos de confianza 4.68 por ciento.

El diagnóstico nacional refiere que existen 182 mil 530 presos, de los que 133 mil 370 corresponden a acusados de delitos del fuero común y 49 mil 160 por delitos federales.

La capacidad de los centros carcelarios es de 147 mil 809 personas, sin embargo están recluidas 182 mil 530 personas; es decir, hay 23 por ciento de sobrepoblación.

Pero existen casos que son considerados graves, ya que sus niveles de sobrepoblación superan 100 por ciento de la capacidad instalada, como Sonora que, con posibilidad de atender a 5 mil 476 internos, tiene una población de 12 mil 346 (125 por ciento más); Chiapas puede atender a 2 mil 843 internos, pero tiene 6 mil 110 (115 por ciento más); Nayarit se excede 87 por ciento; Baja California, 70 por ciento; estado de México 67 por ciento más; Chihuahua 53 por ciento; Puebla 39 por ciento, y Baja California Sur 38 por ciento.

Durante la exposición del diagnóstico se dio a conocer que el presupuesto de egresos de la Federación para procuración de justicia y seguridad pública en las 32 entidades federativas ha disminuido desde 2001 a la fecha 54.73 por ciento, al pasar de 5 mil 522 millones de pesos en 2001 a 2 mil 500 millones en 2003.
 
 

Riesgos de la formalidad

Jesús Jiménez Granados, fiscal antisecuestros de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal:

"El Estado y la sociedad ofrecen una serie de garantías para los acusados de secuestro, desde el auto de término constitucional y formal prisión, tienen posibilidades de apelación y amparo; después, incidentes y sentencia, apelación de sentencias; amparo contra la sentencia.

"Y resulta que nos desligamos de una verdad histórica de que hay confesión, imputación y pruebas incriminatorias, a una verdad jurídica que se basa en promover un error en la integración del proceso que favorece al delincuente.

"Ahí es donde se pueden perder los casos; un juez de primera instancia resuelve de una forma y la sala (segunda instancia) revoca; después un amparo puede tener un criterio contrario y mientras sigamos con todo ese tipo de argucias o posibilidades, los delincuentes van a tener posibilidades de salir.

"Es muy grave que predomine la formalidad. Hay culpables que salen por argucias legales, y hay asuntos muy dolorosos. A un secuestrado y homicida le dictan formal prisión y el juez amparista dice que la declaración fue arrancada con violencia y ordena la libertad; al revisar el expediente vemos que no declaró, se reservó su derecho; afortunadamente tenía otro secuestro y homicidio, si no, se va; y es un tipo tan cínico que ya se fue a quejar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pese a que fue agarrado en flagrancia y reconocido por su víctima; šes el colmo!"

JESUS ARANDA