Adolfo Sánchez Rebolledo

No apta para leguleyos

Creo innecesario reiterar aquí lo que la ley entiende por prescripción de los delitos; tampoco repetiré las definiciones que numerosos abogados de ocasión nos han proporcionado sobre el concepto de genocidio. Prefiero no improvisar sobre asuntos tan delicados, aunque tengo mi propia opinión al respecto. Lo único evidente es que la resolución del juez representa un tropiezo importante en la ruta prevista por el fiscal, aunque todavía no se ha dicho la última palabra. Me parece que la discusión no es, sin embargo, especular sobre si el juez actuó en conciencia o por consigna, pues la cuestión que sigue pendiente es la de saber si tenemos alguna esperanza de que la verdad histórica se traduzca en una forma de verdad jurídica distinta a la emitida por el juez o debemos asumir que ya nada puede y debe hacerse en éste y otros casos. Eso es lo que la Suprema Corte deberá respondernos con toda claridad.

Me explico: durante décadas de presidencialismo autoritario, el Ministerio Público y buena parte de los jueces, sobre todo aquellos que vieron los casos políticos, no solamente no aplicaron la ley, sino que la torcieron para beneficiar a la autoridad. Allí están, para el que desee verlos, los procesos de 1968, ejemplo insuperable de corrupción y falta de respeto al estado de derecho. Las peores aberraciones se cometieron en nombre de ese sacrosanto panteón de formulismos sin conexión con la vida real. Numerosos delitos contra disidentes del régimen prescribieron por la sencilla razón de que nunca se atendieron las denuncias presentadas en tiempo y forma, como ocurrió con los hechos del 10 de junio de 1971.

Se puede decir que durante más de 30 años la legalidad estuvo al servicio de la impunidad más absoluta, sin que el Poder Judicial pudiera evitarlo. Por el contrario, la honestidad de los jueces y magistrados quedó manchada por la deshonestidad manifiesta de quienes se prestaron para salvar la cara del poder político, a costa de cometer las peores aberraciones legales.

De no reconocerse el carácter ilegítimo de tales actuaciones y la posibilidad de rectificación Ƒcuál sería, entonces, la necesidad de investigar de nuevo delitos que de antemano se consideran prescritos (con una simple operación aritmética basta) o no caben, como se afirma sin ir al fondo, en la definición literal de genocidio, que es imprescriptible? Habría bastado con instalar una comisión de la verdad creíble para deslindar las responsabilidades históricas, morales y políticas, las cuales, dicho sea de paso, a estas alturas parecen estar muy claras.

Sin embargo, fue la propia Suprema Corte de Justicia la que abrió, acertadamente, el camino para que la investigación continuara hasta arribar a la famosa "verdad jurídica", dándole así un mentís a todos los que consideraban definitivamente juzgados los temas del 68, el 71 y las desapariciones forzosas cometidas por el Estado durante los años de la guerra sucia en México. En otras palabras: la Suprema Corte comprendió el carácter extraordinario de las denuncias presentadas por los antiguos dirigentes del 68 y los familiares de las víctimas y dio a su vez un paso igualmente extraordinario para rectificar la interpretación que consideró cerrados esos casos. En otras palabras, la Suprema Corte ordenó al Ministerio Público que no cerrara indebidamente los expedientes en torno a los presuntos delitos cometidos por la autoridad, aun si para ello tenía que comenzar de nuevo, desandando el camino establecido sin contratiempos. Me parece que éste es un punto que no se puede perder de vista: con su resolución, la Suprema Corte pone de manifiesto la voluntad que la anima para abandonar la lógica del autoritarismo en materia legal y abre las compuertas al ejercicio, muy inicial todavía, de una nueva legalidad más acorde con las transformaciones democráticas del país. Eso, es, justamente, lo que en mi opinión se juega en esta historia. El problema de fondo que tiene ante sí la Suprema Corte es mucho más complejo que acreditar la prescriptibilidad de los delitos, que no es poca cosa hablando de las peores violaciones a los derechos humanos. En rigor, su tarea consiste en hallar una fórmula que impida la consagración definitiva de las aberrantes actuaciones judiciales del pasado, las mismas que esgrimidas sirven hoy para eludir, una vez más, el alcance de la ley. En otras palabras, lo que está en juego es la capacidad de hacer justicia del Estado democrático en un tema que es delicado por naturaleza y muy sensible políticamente hablando. Grave pero decisiva responsabilidad que no comprenden los leguleyos de siempre.