México D.F. Miércoles 28 de julio de 2004
El proceso, lleno de irregularidades, afirman ONG
Indígena maya sentenciado pide indulto al gobernador yucateco
El indígena maya Ricardo Ucán Ceca condenado a 22 años de prisión por un homicidio que cometió en defensa de su vida y la de su familia, presentó al gobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, una petición de indulto. Las organizaciones de derechos humanos Indignación y la Red todos los derechos para todos, apoyan esa petición y denuncian que en el proceso ministerial y judicial "hubo negligencia, irregularidades, discriminación y violaciones a sus derechos humanos".
Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red todos los derechos para todos, y María Cristina Muñoz, del grupo Indignación Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, sostienen que al indígena se le negó el derecho a contar con una defensa adecuada, "garantía constitucional que le fue violentada desde el momento en que se le tomó su declaración ministerial, ocurrida el 5 de junio de 2000, y que continuó a lo largo del proceso penal que se le siguió".
Las organizaciones de derechos humanos apuntan que las omisiones de la defensora de oficio, Blanca Segovia, determinaron la sentencia condenatoria contra Ucán Ceca, puesto que "su negligencia impidió a su defendido demostrar que actuó en defensa propia, situación que es excluyente de responsabilidad penal".
Cortez y Muñoz sostienen que a Ricardo Ucán Ceca "se le siguió un proceso que no pudo conocer en su propia lengua; su versión de los hechos no pudo ser comprendida en el juzgado y el no contar con un traductor oficial lo dejó en total indefensión. ƑCómo entendió los cargos que se le imputaban? ƑCómo pudo haber aducido su legítima defensa si no habla castellano y las autoridades no entienden maya?".
Además señalan que "la defensora de oficio que se le asignó no estuvo presente en su declaración ante el Ministerio Público, y ya en el juzgado ni siquiera presentó conclusiones finales a favor de su defendido, y el juez, de manera indebida, y sin pronunciarse en torno a la ausencia de defensa del procesado, únicamente tomó como válidos los argumentos del órgano acusador, es decir, el Ministerio Público".
|