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México D.F. Miércoles 28 de julio de 2004
Sería un "golpe brutal" al derecho laboral,
señalan
El proyecto de cambios es una "aberración jurídica":
expertos
De
aprobarse las reformas a la Ley del Seguro Social no sólo se daría
un golpe "brutal y certero" al derecho laboral y a las conquistas sindicales
de los trabajadores, sino que también se crearía "una aberración
jurídica, al permitir que el Poder Legislativo asuma una responsabilidad
administrativa que no le compete y para la cual no está capacitado",
advirtieron investigadores, sindicalistas y abogados, quienes agregaron
que "la rapidez" con la que el gobierno federal pretende aprobar la iniciativa
de reforma cancela una concertación responsable a costa no sólo
de los trabajadores del sector salud, sino del propio modelo laboral.
Reunidos en el foro México después del 2
de julio y el mundo actual, organizado por La Jornada y Casa Lamm,
Arturo Alcalde, abogado laboral, y Gustavo Leal, investigador de la Universidad
Autónoma Metropolitana-Xochimilco, reiteraron que la aprobación
de las reformas a la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)
"no solucionarán la crisis económica por la que atraviesa
la institución, ya que se pretende aprobar una reforma que tendrá
sus primeros resultados hasta dentro de 35 años". Y agregaron: "lo
que se pretende es engañar a la sociedad al asegurarle que sólo
las pensiones y jubilaciones representan una carga tan onerosa que llevaría
al instituto a la quiebra, culpando a los trabajadores de una mala administración
de los funcionarios públicos".
Su intención, coincidieron, es "cerrar la puerta
a toda reacción de la sociedad civil ante una violación flagrante
a sus conquistas sindicales y a su derecho inalienable de organizarse para
defender sus condiciones de trabajo".
Afirmaron que las modificaciones a la Ley del Instituto
Mexicano del Seguro Social inaugurarían un nuevo modelo en las relaciones
laborales, pues no sólo pretende una modificación integral
del sistema de pensiones en el que se rompe el principio de solidaridad
entre generaciones, sino que además cancela la esencia de la contratación
colectiva, al sustentarse en un principio que contraviene la ley, ya que
se establece que no serán aceptadas condiciones de trabajo que superen
a las mínimas establecidas en el propio marco legal, lo que generaría
un efecto devastador no sólo para los trabajadores del IMSS, sino
para todos aquellos que se encuentren regidos por un contrato colectivo
de trabajo.
Arturo Alcalde, asesor jurídico de diversos sindicatos
democráticos, planteó que la sociedad se enfrenta a una "traición"
de quienes se comprometieron a defender las conquistas sindicales de los
trabajadores, y también expuso: "estamos ante un Estado que no ha
sabido ejercer su papel de mediador para lograr una conciliación
de intereses entre trabajadores e instituciones públicas. Con esta
reforma inauguramos un estadio de ilegalidad integral que afectará
tanto la seguridad jurídica de los trabajadores como el principio
de igualdad que establecen nuestras leyes".
En el encuentro, al que también asistieron Antonio
Rosado, ex secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores del
Seguro Social (SNTSS), y Martha López Aguilar, representante de
la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
(CNTE), se insistió en que el principal reto que enfrentan los trabajadores
del IMSS "es revertir esta campaña de desprestigio en la que han
participado gobierno federal, legisladores y medios de comunicación,
que pretenden desacreditar la defensa de los derechos legítimos
de los trabajadores de la salud".
Al respecto, Gustavo Leal, especialista en el estudio
del sector salud, reiteró que no se puede tolerar un "golpe huertista"
e inconstitucional con el que se pretende avalar una violación "aberrante
a la legalidad y al estado de derecho. No podemos perder de vista que detrás
de las artimañas legales con las que se pretende engañar
a la sociedad se encuentra un contexto político complejo, con el
que se busca desmantelar los derechos laborales y las conquistas sindicales
de los trabajadores, dejando en manos de los legisladores la decisión
de sancionar uno de los contratos colectivos más importantes en
América Latina, sin tener la capacidad y el derecho para hacerlo".
La propuesta para eliminar el régimen de pensiones
y jubilaciones del IMSS "rompe un debate prometedor entre trabajadores,
institución y el gobierno federal, que habría podido ofrecer
soluciones alternativas que no lesionaran los derechos de los empleados".
Sin embargo, añadió que la propuesta presentada por el diputado
priísta Manlio Fabio Beltrones "es una muestra evidente de la enorme
debilidad de nuestro marco democrático, y de que una minoría
sigue imponiendo sus decisiones a costa de los derechos de las mayorías".
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