Clemente Valdés, doctor en derecho constitucional

La Corte revocaría el fallo si consignan por homicidio

No prescriben delitos de ex funcionarios de décadas pasadas

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

La aplicación de la prescripción en el caso de los delitos cometidos en décadas pasadas por ex funcionarios públicos "es inconstitucional e iría en contra de varias disposiciones de la Carta Magna, en primer lugar, de aquellas que determinan que el sistema en que vivimos en México es una democracia representativa, porque no lo sería si los empleados de la población pudieran estar por encima de ella y gozar de impunidad, aprovechando que son los únicos que pueden llevar a cabo las averiguaciones y solicitar el ejercicio de la acción penal", aseguró Clemente Valdés, doctor en derecho constitucional.

En entrevista telefónica, el jurista precisó que en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) conociera del asunto relativo a la matanza del 10 de junio de 1971, habría posibilidades de que se revocara el auto (del juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez), "siempre y cuando el fiscal (Ignacio Carrillo Prieto) haya ejercitado la acción penal o pida la aprehensión no únicamente por genocidio -que suena muy impresionante, pero que en este caso (del jueves de Corpus) no es lo más acertado jurídicamente-, sino por los homicidios, las lesiones, torturas y otros crímenes y atrocidades que llevaron a cabo altos empleados como (el ex presidente) Luis Echeverría y sus colaboradores".

El pasado sábado, el juez Flores Rodríguez negó las órdenes de aprehensión contra Echeverría y su secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia, entre otros ex funcionarios, a quienes la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) responsabiliza de la matanza del jueves de Corpus.

Según la tesis del ex miembro de la comisión jurídica del equipo de transición del ahora presidente Vicente Fox, la prescripción de los delitos cometidos el jueves de Corpus "no puede correr a favor de aquel que ahora es ex funcionario y antes tuvo en sus manos la posibilidad de interrumpirla, es decir, especialmente de las autoridades que ejercieron durante los años en que se vivió bajo la dirección y el control total de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) por parte del Presidente de la República".

Abundó que debido a que los ex presidentes priístas "controlaban a todos los tribunales del país, incluidos los federales y la Corte, era imposible que pudiera ejercitarse ninguna acción penal contra sus colaboradores o ellos mismos, y por eso sostener que ha corrido la prescripción (en los delitos del pasado) es inconstitucional".

Para el autor del libro La prescripción de los delitos de los gobernantes, el expediente relativo al 10 de junio de 1971 sí podría ser atraído por la Corte -en caso de que lo solicite el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Rafael Macedo de la Concha-, aunque refirió que "habrá que esperar varios meses antes de saber qué final tendrá el asunto".

Clemente Valdés comentó que varios juristas le han cuestionado que el asunto de la prescripción de los delitos forma parte del derecho positivo mexicano, y por ello no debe obviarse: "ante eso yo contesto sí, pero la prescripción, establecida en los códigos penales, no puede ir en contra de lo que dice la Constitución, la prescripción no está (en la Carta Magna), únicamente está en una ley por debajo de la Constitución".

-ƑQué artículos constitucionales se estarían violando? -se le preguntó.

-A primera vista el 39 y 40. Ahora, independientemente de que la aplicación de la prescripción en favor de los altos empleados que tenían en exclusiva y mal usaban la fuerza penal iría en contra de las disposiciones de la misma Constitución, pues establecería la impunidad.

En tanto, el abogado Julio Hernández Pliego, especialista en derecho procesal penal, mencionó que el asunto de la prescripción posibilita la impunidad en México, pues "es una especie de olvido que pone la ley para que quien se supone que ha andado mucho tiempo escondiéndose de la justicia, y que debido a tanta intranquilidad se considera que ya purgó el delito".

Añadió que el genocidio es uno de los delitos más complejos, debido a que "requiere de muchos requisitos para configurarse, entre otros, que haya el propósito de exterminar a un grupo social y que haya acabado con sus costumbres y cultura".