Altos funcionarios de la dependencia detectaron fallas jurídicas en la consignación

Formaliza hoy la PGR apelación contra negativa de aprehender a Echeverría

La Femospp envió la documentación a la Subprocuraduría de Procedimientos Penales

GUSTAVO CASTILLO GARCIA

Este miércoles, la Subprocuraduría de Control Regional y Procedimientos Penales de la Procuraduría General de la República (PGR) formalizará ante el juzgado segundo de distrito la apelación contra la decisión por la cual se negaron las órdenes de aprehensión por genocidio contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y otros ex funcionarios de su gobierno por la matanza del 10 de junio de 1971.

Fuentes oficiales revelaron que la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) envió a la subprocuraduría que dirige Gilberto Higuera Bernal un escrito en el cual solicita que la causa penal 114/2004 sea revisada por un tribunal unitario. También señalaron que altos funcionarios de la PGR detectaron, supuestamente, fallas jurídicas en la indagatoria antes de que el expediente se turnara al juzgado segundo de distrito.

Los funcionarios entrevistados revelaron que el documento será entregado este miércoles en el juzgado segundo de distrito para que se le dé curso e inicie la segunda etapa del litigio, en busca de que se reconsidere la decisión del juez César Flores Rodríguez, quien consideró que ya prescribieron los delitos cometidos por servidores públicos el 10 de junio de 1971.

Como se recordará, la Femospp solicitó el pasado día 23 que se libraran órdenes de aprehensión contra 12 personas por el delito de genocidio, entre ellas el ex presidente Echeverría Alvarez, el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia, el capitán Luis de la Barreda Moreno y Miguel Nazar Haro, quienes fungieron como titulares de la extinta Dirección Federal de Seguridad, y el general Manuel Díaz Escobar Figueroa, jefe de los halcones (grupo paramilitar que reprimió la marcha estudiantil realizada esa fecha, también conocida como jueves de Corpus).

La solicitud fue negada por el juzgador, con el argumento de que los delitos ya habían prescrito, pese a que no analizó a fondo los argumentos de la Femospp, según declaró el titular Ignacio Carrillo Prieto el pasado 24 de julio, tras conocer la resolución judicial.

Asesoría rechazada

Fuentes oficiales revelaron que el fiscal Carrillo Prieto se negó a aceptar observaciones respecto de la averiguación previa que integraba contra los presuntos responsables de lo sucedido el jueves de Corpus.

De acuerdo con los entrevistados, por lo menos en dos ocasiones Carrillo Prieto rechazó dialogar con altos funcionarios de la PGR para que sus argumentos legales fueran lo más fuertes posible y no le negaran las órdenes de aprehensión, ya que sus interlocutores habían detectado fallas jurídicas que podrían provocar un descalabro judicial, pero canceló las reuniones.

Versiones obtenidas señalan que la averiguación previa PGR/FEMOSPP/ 011/2002 presentaba fallas de argumentación, como el hecho de señalar que durante la matanza del 10 de junio de 1971 hubo 45 muertos y únicamente presentó 12 actas de defunción; además de tener una interpretación errónea de algunos preceptos jurídicos.

Supuestamente, entre los ejemplos señalados como fallas, las fuentes mencionaron que la Femospp (como dijo Carrillo Prieto el sábado 24) considera que la acusación no ha prescrito porque se realizaron actuaciones posteriores al 10 de junio de 1971, y que esas diligencias se practicaron hasta 1982, fecha en la que se archivó el expediente.

Indicaron que desde 1971 y hasta 1983 no existe constancia de investigación alguna, y en 1982 sólo se determinó la averiguación previa, lo cual no se constituye como una actuación ministerial que hubiera interrumpido el plazo de prescripción.

Además de que se haría la observación de que no era procedente aplicar lo establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como señaló Carrillo Prieto, por dos razones. La primera, porque ningún convenio internacional está por encima de la Constitución; y la segunda, porque ese pacto, si bien fue firmado por México en 1966, entró en vigor hasta junio de 1981y la Constitución señala que "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna".

Pero la negativa del fiscal a aceptar las recomendaciones se basa, indicaron fuentes de la Femospp, en que no pueden declararse prescritos los delitos bajo la percepción del cómputo, sino en el hecho de que en México no existían condiciones para llevar a los responsables de esos ilícitos a juicio, debido a que quienes los perpetraron mantenían absoluto control de los órganos de procuración e impartición de justicia.

Por esto, indicaron los funcionarios consultados, se mantendrá la postura de que debe revisarse el expediente bajo una óptica que atienda tanto a los acuerdos internacionales firmados por México como a la falta de garantías para procesar a los responsables de actos ilícitos.

El 10 de junio se cometió genocidio: PRD y PT

Bien fundamentado, el expediente del halconazo, dice Pablo Gómez

ENRIQUE MENDEZ Y JOSE GALAN

El pliego de consignación contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, presentado por el titular de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp), Ignacio Carrillo Prieto, estuvo bien fundamentado, porque el 10 de junio de 1971 se cometió un genocidio, la represión orquestada de un grupo paramilitar que asesinó estudiantes, expresaron ayer diputados de los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y del Trabajo (PT).

"Los halcones fueron a matar, esa era su consigna. Era una banda organizada para matar y fueron a eso. Mataron. Estaban hechos para matar estudiantes. Los estudiantes éramos un grupo nacional. Eso se llama, aquí y en cualquier parte, genocidio, e independientemente de que un juez, por consigna o por miedo, haya negado la consignación, eso no impedirá que triunfemos y se haga justicia", afirmó el coordinador parlamentario del PRD, Pablo Gómez Alvarez.

Considerar que la responsabilidad o la culpa de que no se obsequiara la orden de aprehensión contra Echeverría es del fiscal, es darle la razón al abogado defensor y a los inculpados, lo cual no vamos a hacer, porque no es justo, agregó.

El legislador perredista insistió en que la averiguación estuvo bien integrada. "El delito por el que se pretende perseguir a esta gente es el que cometieron a los ojos de la nación entera y del mundo. Que haya un juez de consigna o miedoso, como quiera que sea, cualquiera de las dos, o las dos, es otra cosa, pero triunfaremos. Ganaremos esta pelea".

Afirmó que en este momento "el mundo entero se está riendo de México", porque "Ƒcómo es posible que un juez en algún lugar del mundo diga que el genocidio prescribe? ƑEntonces Nuremberg no sirvió de nada? ƑEntonces el tratado que se hizo en el 47, después de la guerra, en el que todas las naciones se comprometieron a que no prescribiera esto, y que se siguiera persiguiendo a los criminales de lesa humanidad, y que se siguieron persiguiendo durante 50 años, y se siguieron presentando ante los tribunales más de 40 años después? ƑTodo eso, nada?"

Consideró que la resolución del juez "es una leperada contra la historia de la humanidad de los años recientes y de la lucha que la humanidad ha hecho en contra del genocidio. Los halcones fueron a matar", dijo Gómez Alvarez.

El vocero de la bancada del PT, Oscar González Yáñez, señaló que la solicitud de consignación contra Echeverría por genocidio fue correcta, porque no se le podía acusar de otro delito, como el de abuso de autoridad, que es menor, o de homicidio calificado, en el que sólo se le podría señalar como autor intelectual y tampoco sería aprehendido por ello.

"El fondo del asunto no es exclusivamente la muerte de jóvenes a manos de cuerpos gubernamentales, sino la represión a un movimiento y la guerra sucia. Por eso es correcto que se haya planteado genocidio, más allá de la técnica legal, porque el comité de apoyo a la fiscalía buscaba eso: reconocer que sí hubo guerra sucia contra grupos políticos, y eso sólo se encuadra en el genocidio, no en el homicidio", expuso.

Efectivamente, declaró, se busca reconocer que hubo un régimen que reprimió, inclusive con la muerte, con grupos paramilitares, a disidentes, por lo que no debe confundirse la técnica jurídica con un asunto de profundidad política.

"Y esto no se puede quedar así, es injusto para la sociedad y el pueblo, sobre todo para la izquierda. Los asesinatos no prescriben, por más que se diga, porque Ƒdónde están los desaparecidos de la guerra sucia? El jueves de Corpus es sólo un elemento de la guerra sucia e involucra a algunos personajes, pero hay toda una política de Estado que se debe desnudar y desmembrar para que el país avance a mejores estadios de democracia", señaló.

Una burla, la decisión judicial

A pesar de la determinación del Poder Judicial de no proseguir el juicio a Luis Echeverría Alvarez y otros responsables de los asesinatos del 10 de junio de 1971 es necesario recurrir a todos los medios jurídicos y emprender una "batalla legal" para juzgar esos hechos criminales, afirmó Laura Salinas, profesora del departamento de derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Azcapotzalco.

Consideró "indispensable" que las indagatorias sobre el llamado halconazo continúen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y consideró "lamentable" y "una burla" al estado de derecho la decisión del juez César Flores de desestimar los argumentos de genocidio contra Luis Echeverría Alvarez, porque los culpables finalmente quedaron liberados de delitos contra la nación.