Stella Calloni, Buenos Aires

Durante buena parte del siglo pasado Uruguay era señalado como "la Suiza de América del sur", en referencia a su sistema democrático y su nivel de bienestar, aunque lo siempre oculto afloró de modo cruento durante el periodo de la dictadura de los años 70.

De alguna manera en la década del 90, cuando el modelo neoliberal entró a tambor batiente en la región, el plan de privatizaciones de empresas estatales fue puesto a plebiscito en Uruguay al igual que otros asuntos, y no se pudo repetir el esquema impuesto en Argentina.

Esto dio la pauta de una característica especial en la sociedad uruguaya, también movilizada en el caso de la privatización del sistema de jubilaciones y pensiones, lo que impidió que se replicaran otros modelos vigentes en la región. El sistema de jubilaciones de ese país era mirado como un modelo muy avanzado en todo el Cono Sur y era precisamente lo que ayudaba a forjar la idea de que Uruguay era la Suiza de América. Al momento de encarar la privatización del sistema previsional, el tema fue sometido a grandes debates públicos y consultas populares. En 1995 Uruguay reformó su régimen de seguridad social y se produjo el cambio de un sistema de reparto de monopolio estatal a uno mixto que incluyó aseguradoras privadas y donde los niveles obligatorios de aportaciones fueron definidos por ingresos de capitalización individual.

Los derechos y beneficios del sistema previo no fueron afectados. Los mayores de 40 años quedaron en el sistema, lo que significó una garantía hacia el futuro. "El primer pilar del nuevo régimen no es un sistema de capitalización, sino de reparto, en el cual todos tienen que contribuir con parte de su ingreso, y que permanece como monopolio del Estado. En segundo lugar, mientras por la ley de seguridad social la administración de los fondos de capitalización realizada por las administradoras de Fondos de Ahorro Provisional (AFAP) puede estar en manos de agentes privados, el Estado está también presente con su propia AFAP, y cuenta actualmente con más de 50 ciento de la participación en el mercado (se estima en este año que llega a 60 por ciento). Además, dos quintas partes del capital de la AFAP tiene que ser invertido por un tiempo en bonos del tesoro estatal. Finalmente, esta reforma sólo cubre jubilación, incapacidad y pensión. El sistema de seguridad social incluye, además, desempleo, asignaciones familiares y pensiones no contributivas, que permanecen dentro de la administración estatal y financiadas como antes.

"Aunque esta reforma constituye un alejamiento claro del viejo sistema, se mantiene de alguna manera en relación con el Estado y comprometida con algunas metas sociales abandonadas en otros países", señala el analista Fernando Filgueira.

Por su parte las empresas privadas están acotadas por la regulación estatal y muchas trabajan con el banco del gobierno. Otro hecho es que los afiliados tuvieron libertad de elección lo que marcó la diferencia con Argentina, donde una cantidad de trabajadores fueron ingresados compulsivamente al sistema privado.

Además, el sistema mixto significa control estatal y la imposición de ciertos límites. De alguna manera, como señala el analista Raúl Zibecchi, "en Uruguay se puede hablar de aseguradoras más light y el Estado pone límites sobre el destino de las inversiones de los recursos captados. Los problemas que se enfrentan se asocian con la crisis económica del país y, así, de cada 100 trabajadores afiliados a fondos privados entre 50 y 55 por ciento no está cotizando, por sus bajos haberes y por el trabajo en el mercado informal". Sin embargo, los embates del sistema financiero han limado muchas conquistas, aunque no han podido anular la consulta popular, que ha dado varios golpes a esos intentos de concentrar la actividad en el sector privado.

Tanto en el campo provisional como en la seguridad social han existido numerosos intentos de los gobiernos por producir modificaciones a la privatización de 1995, tratando de abrir más ventajas para las AFAP privadas.

"En el país ha emergido un sistema estratificado de tres franjas: aquellos que no pueden pagar la atención de salud o pueden pagar muy poco y terminan en un sistema público estancado o en declive en su capacidad de servicio; aquellos que sólo pagan un sistema mutual en franco deterioro, y quienes son socios de una mutualista, pero pueden además pagar y elegir los nuevos servicios de emergencia y asistencia médica. El continuo deterioro de la calidad de los sistemas público y mutual generó en 2003 una cuarta franja: los seguros privados y la atención puramente privada. El caso de Uruguay muestra los beneficios de la perseverancia del Estado y la provisión de bienes públicos, así como los efectos adversos que puede generar la lógica privatizadora aplicada a ultranza.

El actual colapso de la economía uruguaya y sus efectos sociales, que han querido atribuirse a este énfasis estatista, es básicamente el resultado de un sistema financiero sin controles adecuados, una destrucción marcada de la industria, una tasa de cambio que restó competitividad a la producción interna y la apuesta a crear un país como paraíso fiscal y generador de servicios", comenta Filgueira.

En diciembre de 2001 los trabajadores de la central PIT-CNT advertían sobre anuncios del gobierno de Jorge Batlle de un proyecto de ley que preveía que 10 por ciento de las ganancias de las AFAP ­cuyos fondos se estimaban en mil millones de dólares­ pudiera ser invertido en el extranjero, lo que significaba un virtual ataque a la seguridad social.

Se consideró que había intentos del sistema financiero que en el caso de las jubilaciones en Uruguay pretendía cambiar el esquema mixto existente o burlar los controles y límites establecidos. Los anuncios de posibles rebajas salariales, de flexibilización laboral presentadas como "modernización" acompañaron aquel paso oficial que además rebajaba notablemente los derechos de los trabajadores a la asistencia de la salud.

Pero éstos han estado activos para tratar de evitar cambios y modificaciones que incluían al sistema de régimen en vigencia para las cajas estatales. Hay una representación de los trabajadores en el directorio del Banco de Previsión Social, estrechamente vinculada con el movimiento sindical y que trabaja con la central en la defensa de los derechos sociales. Los dirigentes de la PIT-CNT señalan que esa presencia ha impedido hasta ahora que se avance para reducir el sistema provisional§