La decisión del juez segundo de distrito, César Flores Rodríguez, de negar las órdenes de aprehensión solicitadas el jueves por la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado contra el ex presidente Luis Echeverría, el ex secretario de Gobernación Mario Moya Palencia y otros 10 coacusados de genocidio por la política represiva que culminó con la matanza del 10 de junio de 1971, es una confirmación exasperante de la nula disposición institucional a esclarecer, procurar e impartir justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados desde el poder público en los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, del propio Echeverría y de José López Portillo.

La escueta improcedencia con que el juez descartó la acusación de genocidio y dio por prescritos el resto de los cargos -homicidio calificado, lesiones, abuso de autoridad, obstrucción de la justicia-, sin tomarse la molestia de analizar la posible culpabilidad de los acusados, no parece expresión de un mero desconocimiento personal de los fundamentos para considerar imprescriptibles, en México y en el mundo, los delitos de lesa humanidad; da la impresión, por el contrario, de obedecer a un pacto político entre el foxismo gobernante y la cúpula priísta -erigida ahora en defensora de la represión y de la infamia- para garantizar la impunidad de quienes, desde el poder público, y con el pretexto de combatir grupos guerrilleros, ordenaron y perpetraron la eliminación de miles de opositores políticos, activistas sociales, manifestantes estudiantiles, líderes campesinos y, también, por supuesto, integrantes de organizaciones políticas armadas.

El fallo del juez Flores Rodríguez esparce, mucho más allá del ámbito del juzgado segundo de distrito, la sospecha de que en el México pretendidamente democrático de 2004 persiste una red de complicidades y encubrimientos que enlaza a sectores de los poderes Ejecutivo y Judicial, exactamente igual que como ocurría en 1971, cuando Echeverría dijo haber ordenado una "investigación" de lo ocurrido el jueves de Corpus de aquel año, y en 1982, cuando el entonces procurador Oscar Flores Sánchez tuvo el descaro de manifestar que los delitos cometidos 11 años antes habían "prescrito" y que resultaba improcedente cualquier intento de esclarecer la matanza.

Desde esa perspectiva, el rebote entre las deficiencias en la integración de las consignaciones, por parte de la Femospp, y la prisa exculpatoria del juzgado segundo de distrito, confirma, a ojos de la sociedad, un mensaje de continuidad entre el gobierno "del cambio" y sus predecesores priístas. Ese mismo mensaje fue esbozado ya cuando la justicia militar exoneró, hace unas semanas, a los generales Mario Arturo Acosta Chaparro y Francisco Humberto Quirós Hermosillo por el asesinato de decenas de campesinos guerrerenses, y cuando la justicia civil otorgó un amparo para evitar la aprehensión de Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la Dirección Federal de Seguridad y acusado de la desaparición forzada de Jesús Piedra Ibarra.

Con todos esos antecedentes, y ante aparatos de procuración e impartición de justicia que, por lo visto, resultan muy semejantes a los que en 1968, 1971 y años posteriores sirvieron para dar cobertura legal y complemento jurídico a la salvaje represión policial y militar contra toda suerte de opositores, el fallo del juez Flores Rodríguez constituye un severo golpe a la credibilidad de las instituciones. Este severo descalabro del esclarecimiento histórico no debe, sin embargo, llevar al desaliento y al cinismo. Es necesario pugnar porque las instancias jurídicas siguientes -un tribunal de circuito o la misma Suprema Corte- restituyan su sentido a la justicia, den inicio a los procesos legales contra los acusados por la Femospp y demuestren la disposición de este México pretendidamente nuevo y democrático a hacer justicia a quienes murieron precisamente en el empeño de construir una nación justa, democrática y apegada a la letra y al espíritu de las leyes.