Rolando Cordera Campos

De inseguridades

Sería ingenuo esperar que en el litigio sobre el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) las aguas se asienten pronto. Los huecos que acompañan el sistema son profundos y cada día es más claro que la gran transformación zedillista de las Afore dio o está a punto de dar de sí, sin que los nubarrones sobre las finanzas públicas se hayan en algún momento despejado.

Cuando hablamos de la seguridad social mexicana tenemos que pensar en cirugía mayor, en los organismos existentes, desde luego, pero sobre todo en nuestros prejuicios y preconceptos al respecto. No sólo son las finanzas o la organización del trabajo dentro de los institutos las que resienten profundas fallas de estructura sino, lo que es más grave, es el tejido de la solidaridad social de los mexicanos el que se nos presenta resentido, hollado por años de estancamiento económico, pero también por fulminantes cambios en las costumbres públicas y privadas y por la irrupción en todos los niveles de la sociedad de un individualismo abusivo y ajeno a toda noción de cohesión colectiva o responsabilidad cívica.

Parece cierto que hay una desproporción entre el régimen de jubilaciones y pensiones de los trabajadores del IMSS y el régimen que protege al resto de los trabajadores. Se trata de una desproporción que ahora debe verse también como onerosa para el instituto, cuyas capacidades financieras resienten intensamente las caídas en el empleo formal, el estancamiento del salario y, quizás sobre todo, los efectos varios que sobre la seguridad social tienen las transiciones demográfica y epidemiológica por las que pasa México en estos años. Sobre esto debería haber más claridad en los análisis que circulan en estos días, pero no hay duda de que tal y como fue concebido el mecanismo especial para los servidores del Seguro Social tiene que ser revisado más o menos a fondo.

Las distancias entre uno y otro sistema de retiro ha llevado a algunos al desgarre de vestiduras por lo que consideran una aristocracia obrera escandalosa. Y ya se habla en general y sin información ni respeto por la realidad, de lo "caro" que sale la seguridad social de los trabajadores públicos en su conjunto. Frente a esto, uno se ve forzado a sospechar que para muchos de quienes así piensan sólo hay cupo en México para una cúpula de privilegio, y que los demás tienen que resignarse a una igualación por abajo.

Podría verse la cuestión desde otro ángulo y preguntarse si no debería más bien aspirarse a que todos los trabajadores accedieran en su tercera o cuarta edad a beneficios similares a los que hoy recibe una porción minúscula de la población. Es decir, a asumir de entrada que no se está sólo frente a una desproporción flagrante y al parecer contraria a los demás asegurados, sino frente a una realidad inaceptable de pensiones de hambre que ahora suceden a salarios similares.

La seguridad social universal debería ser el contexto para deliberar sobre el problema inmediato planteado por el IMSS y los legisladores que buscan resolverlo con la iniciativa presentada hace unos días, pero no lo es porque el talento reformista ha sido aplastado por la dictadura financiera de la estabilización a ultranza y el consiguiente achatamiento de las expectativas sociales, de la cumbre a la base. Mientras llega la hora de plantearse en serio el tema de nuestra seguridad como sociedad, que va más allá de los legítimos reclamos de los marchistas domingueros, bien podríamos pedir que por lo pronto los directivos del IMSS, los legisladores y los airados voceros de la patronal nos contaran toda la verdad y no el cachito final que hoy se nos ofrece.

Por ejemplo: en el litigio están involucrados tres ex directores del IMSS, quienes aparecen en flancos encontrados. Mientras se entienden, si ese es el caso, bien podrían decirnos si se dieron cuenta de que había una diferencia creciente entre lo que el contrato colectivo que ellos firmaban concedía a los empleados del IMSS y lo que el instituto podía ofrecer a sus asegurados. Si, por otro lado, las consideraciones a ese respecto fueron abordadas en detalle y extensión por sus sucesivos consejos técnicos y si, por último, su majestad Hacienda tomó nota de lo que se avecinaba.

Podríamos también esperar que los legisladores repasasen las previsiones legales en materia de cuotas patronales y abordaran las maneras institucionales para hacer que esas cuotas se paguen y todas las empresas se registren como es debido; y, sobre todo, que junto con la empresa y el gobierno se hagan cargo ya, sin subterfugios, de que la mayoría nacional no sólo no está asegurada sino vive en la más afrentosa precariedad laboral, salarial y sanitaria. Luego habrá que asegurarnos de que los actuarios no se equivoquen tanto. Y que la demografía no vaya a jugarnos otra mala pasada.