El veredicto en favor de Echeverría, derrota para un gobierno persecutor: Bartlett

El PRI festeja el fallo judicial; queda la imagen de que hubo arreglo: Godoy

AN afirma que la sentencia estuvo apegada a la legalidad; niega negociaciones políticas

ANDREA BECERRIL, GEORGINA SALDIERNA Y RENATO DAVALOS

Legisladores y la directiva del Partido Revolucionario Institucional (PRI) festejaron la decisión del juez segundo distrito en materia penal, Julio César Flores, de rechazar las órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría Alvarez y demás implicados en la matanza del 10 de junio de 1971. Mientras, los panistas se apresuraron a rechazar que hubiera existido algún arreglo político y el dirigente nacional perredista, Leonel Godoy, expresó que sí queda la impresión de que hubo un acuerdo entre el gobierno foxista y el tricolor.

"Fue una determinación equivocada que el Poder Judicial deberá reconsiderar para que no quede la sensación de impunidad", agregó el perredista.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI dijo que la decisión confirma que en el país prevalecen los principios y valores de legalidad, imparcialidad y certeza jurídica.

El senador priísta Manuel Bartlett aseveró que el Poder Judicial dio la razón a los legisladores del tricolor, que siempre argumentaron que los posibles delitos por los que se pretendía juzgar a Echeverría y demás acusados ya prescribieron. Se trata, resaltó, "de una derrota" para "un gobierno (el foxista) persecutor que se topó ahora con la justicia".

Para el senador panista Diego Fernández de Cevallos, por el contrario, el presidente Vicente Fox cumplió con sus promesas de campaña, pues propició la investigación de "un agravio muy profundo que sufrió la sociedad con motivo de la barbarie que cometieron autoridades de otros tiempos". El expediente ha tomado su curso, resaltó, y el fiscal Ignacio Carrillo Prieto puede recurrir a la apelación.

La senadora priísta Dulce María Sauri aseguró que para su partido lo fundamental no era que se aprehendiera o no a Echeverría, sino que "no se confundiera la justicia con la venganza, ni se pasara de la guerra sucia a la guerra santa".

Lo toral, destacó, es que la actuación del Poder Judicial fue apegada a derecho y que el fiscal puede recurrir a la apelación si no está conforme con la determinación del juez Flores.

Mediante un comunicado, el CEN panista descartó cualquier negociación política en el caso, el cual, aseguró, se ha apegado única y exclusivamente a las leyes.

A su vez, la directiva priísta ratificó su "irrevocable decisión de no negociar la ley, sus principios ni los intereses nacionales bajo ningún concepto". México, agregó, es un país de leyes, de división y equilibrio de poderes, ante lo cual este instituto político insiste que la toma de decisiones y acciones se sujeten al imperio del estado de derecho. Asimismo, reiteró su llamado a favorecer un clima que evite hacer de la política arena de confrontación y descalificación.

Por su lado, Acción Nacional consideró que es un acto sin precedente la investigación que realizó la Fiscalía Especial para Movimiento Sociales y Políticos del Pasado "sobre los trágicos y dolorosos sucesos" del 10 de junio de 1971.

La total independencia con que se llevaron a cabo las pesquisas y la plena autonomía del Poder Judicial permiten tener la certeza de que en México se fortalece cada día el estado de derecho y que el proceso se ha apegado a las leyes y así continuará, agregó.

Añadió que se mantendrá atento al curso que tome el caso, el cual entra en una discusión de interpretaciones jurídicas que habrán de resolver los tribunales competentes.

Hizo un llamado para que, independientemente de las decisiones de la autoridad judicial, los partidos políticos "sigamos atendiendo nuestra responsabilidad en el Congreso y demos soluciones a los problemas y retos que enfrenta México".

La percepción de Leonel Godoy fue muy distinta. Consideró que la decisión judicial de no librar las órdenes de aprehensión contra Echeverría y demás señalados en la represión del 10 de junio de 1971 dejará en el ambiente la imagen de que "hubo un acuerdo con el PRI".

No obstante, el dirigente perredista confió en que prevalezca el ánimo justiciero hacia los familiares de las víctimas de esa matanza y pueda juzgarse en los tribunales a los responsables de ella.

"La determinación del Poder Judicial es fundamental para que no quede la sensación de impunidad, que no puede sentar sus reales ahora que se está construyendo un sistema democrático por primera vez en el país", añadió.

Esperemos, abundó, que todo este asunto no haya sido una jugada para "generar expectativas y esperanzas" de que, por primera vez, se iba a actuar y que la impunidad iba dejar de ser signo característico del sistema político mexicano por tantos delitos que han cometido los gobernantes en el país.

Manifestó su deseo de que haya sido una decisión individual del juez y sea corregida por un tribunal, instancia a la que correspondería revisar la resolución.

Coincidente con ello, el senador perredista Jesús Ortega lamentó la decisión del juez, que echó por tierra la posibilidad de castigar las crímenes de Estado, aunque, señaló, no está dicha la última palabra, ya que queda la posibilidad de acudir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como el fiscal Carrillo Prieto hizo cuando otro juez le negó las órdenes de aprehensión contra Miguel Nazar Haro.