En la resolución del juez sobre la guerra sucia está la mano de Fox: Rosario Ibarra

Cuestionan ONG y defensores de derechos humanos la actuación del Poder Judicial

El proceso jurídico contra Luis Echeverría debe seguir, afirma el obispo Raúl Vera

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La decisión de no dictar órdenes de aprehensión contra el ex presidente Luis Echeverría y otros inculpados en la matanza del 10 de junio de 1971 provocó expresiones de indignación de activistas sociales, dirigentes de organizaciones defensoras de derechos humanos y jerarcas católicos.

La mayor parte de ellos coincidieron en que la batalla no está perdida porque hay otros recursos jurídicos, pero sí pusieron en duda la imparcialidad de los jueces y la intención del gobierno del presidente Vicente Fox de esclarecer estos hechos y de castigar a los responsables.

Para Rosario Ibarra de Piedra, promotora del Comité Eureka, "esta resolución prueba que teníamos la razón: hay un contubernio terrible entre el gobierno foxista y la judicatura. En esta decisión está metida la mano de Fox, quien seguro pactó con esta caterva de asesinos criminales. El gobierno es el que está perdiendo la batalla y no nosotros, porque después no habrá quién les crea.

"No soy abogada ni sé de leyes, pero lo que digo es que fue una masacre terrible que raya en los límites de genocidio y que si no lo quieren catalogar así, el pueblo ya los está calificando como genocidas.

"Por eso nunca he creído ni voy a creer en Fox, y voy a seguir hablando de la malignidad de este gobierno. A Echeverría le digo que siga festejando, pero que a todo mundo se le llega su hora y que el pueblo se va a movilizar", señaló.

Raúl Alvarez Garín, integrante del Comité del 68, indicó: "vamos a examinar la situación con más detalle y a ver cuáles son los recursos que podemos seguir. En cualquier caso, no son resoluciones definitivas ni una batalla perdida; son elementos que se van presentando a lo largo de un litigio. Lo que hemos estado combatiendo es que se generen situaciones en donde se puedan dar golpes arteros. Consideramos que es un golpe artero si no están las cosas debidamente fundamentadas; el juez tiene que decir por qué no es genocidio.

"Por eso hemos llamado a que los jueces actúen con escrúpulos, porque el Poder Judicial ha sido cómplice de estas políticas genocidas que se están reclamando, desde los juicios espurios del 68 hasta todas las maneras como se ocultaron y convalidaron las acciones represivas, ilegales de la guerra sucia. El Poder Judicial tiene estos antecedentes pésimos en su historial y tendría que tomar en cuenta, precisamente, esas nuevas circunstancias que también implicarían un ejercicio de autocrítica", comentó.

Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, indicó que "esta resolución del juez no está tomando en cuenta los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos. Entonces lo que procedería sería que el procurador general de la República, Rafael Macedo de la Concha, pidiera a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la atracción del caso para que fuera ella la que lo resolviera tomando en cuenta que ya se ha pronunciado sobre la imprescriptibilidad sobre ese tipo de delitos.

"No podemos hablar de una derrota, es una resolución judicial intermedia que desde luego deja en una condición de insatisfacción a las organizaciones civiles de defensa de los derechos humanos, a las organizaciones de los familiares de las víctimas y a un vasto sector de la sociedad.

"Una vez más se confirma que nuestros jueces ignoran los instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, que no los toman en cuenta en la valoración de los casos y en la resolución que hacen de los mismos", aseveró.

Para David Velasco, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, "es lamentable, porque no se respetan los tratados y acuerdos internacionales que ha firmado México en el sentido de no prescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, como en el caso del genocidio.

"Esta decisión tiene trasfondo político evidente, porque incluso en las dictaduras más opresivas del Cono Sur se han derogado leyes que daban el perdón a militares. En México tenemos que dar la batalla tanto jurídica como política para que se haga justicia a los familiares de las víctimas.

"Muchas de las organizaciones que defendemos los derechos humanos estaremos al pendiente de la actuación del Poder Judicial y de la fiscalía, porque es importante que se conozca la verdad de los hechos. Lo que se está peleando por un lado es el derecho a la justicia integral, y eso implica un derecho a conocer la verdad".

Raúl Vera López, obispo de Saltillo e integrante de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, señaló que "el proceso jurídico contra el ex presidente Luis Echeverría debe seguir, pues si un juez piensa que existen recovecos legales para evadir la acción de la justicia, el derecho internacional es el otro camino para juzgar estas violaciones a los derechos humanos.

"Es ridículo y vergonzoso que el presidente Vicente Fox afirme que en México se respetan los derechos humanos, cuando la actuación del Poder Judicial en estos casos ha sido deplorable. Negar la aplicación de la justicia en un momento en el que las instituciones públicas no tienen ninguna credibilidad no sólo es el colmo del ridículo, sino una burla a nuestras esperanzas de justicia", afirmó.

Arturo Lona, obispo emérito de Tehuantepec y presidente fundador del Centro de Derechos Humanos Tepeyac, comentó que "la negativa a obsequiar una orden de aprehensión contra el ex presidente Echeverría es un mensaje de impunidad no sólo para los autores intelectuales de los hechos, sino para todos los militares que participaron en estos delitos.

"Los responsables de estos crímenes deben ser juzgados por la ley sin distinción de cargos o prerrogativas, pues la base de la defensa de los derechos humanos es la dignidad y el respeto a las garantías de los ciudadanos, mucho más si uno de los principales involucrados tenía como obligación respetar y defender la vida de los ciudadanos", concluyó.