Todos los detenidos por la Operación Cóndor conforman una conspiración del silencio

Se niega a declarar ante un juez el ex dictador argentino Jorge Rafael Videla

Represores se amparan en las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, derogadas en Argentina

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 23 de julio. Coordinando estrategias, como se hizo para llevar adelante la Operación Cóndor, un pacto criminal entre las dictaduras del Cono Sur, los principales responsables se niegan a hablar ante los jueces y hoy el ex dictador Jorge Rafael Videla se negó a declarar, ante el juez federal Jorge Urso en la causa que investiga aquel siniestro plan.

El pasado 12 de julio Urso ordenó la detención de unos 30 jefes militares y oficiales de la pasada dictadura (1976-1983) procesados por su vinculación con la Operación Cóndor.

Desde finales de 1999, en una querella presentada por familiares de las víctimas de Cóndor, representadas por un equipo de abogados encabezados por el doctor Alberto Pedroncini, se avanzó lentamente, pero se concluyó que los jefes de las dictaduras del Cono Sur, habían incurrido en una asociación ilícita para secuestrar, torturar, perseguir asesinar e intercambiar ilegalmente a los perseguidos de uno u otro país. En 2000 se pidieron las detenciones en sus países de los ex dictadores Augusto Pinochet de Chile, junto a otros jefes, de Hugo Bánzer de Bolivia y de un grupo de militares uruguayos.

Esto aún está en el aire, pero la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, decididas recientemente por el parlamento argentino a solicitud del presidente Néstor Kirchner, hizo posible avanzar en el terreno minado de la impunidad.

Hasta el pasado 12 de julio el único detenido era Videla, pero el juez Urso dictó ese día una orden de detención para un grupo de militares entre los que se encontraban algunos de los más crueles jefes, como Guillermo Suárez Mason, ligado a la CIA estadunidense, hombre de la Liga Anticomunista Mundial y de trágica presencia también en Centroamérica en los años 80. Asimismo, por primera vez la mano de la justicia se extendió hacia el ex ministro de Interior de la dictadura Albano Harguindeguy, y a otros como los generales Ramón Díaz Bessone, Luciano Benjamín Menéndez y Cristino Nicolaides.

Citados a indagatorias todos los que pasaron hasta ahora asumieron la misma actitud en una verdadera conspiración de silencio. Varios de ellos -como hoy Videla- decidieron escudarse en una situación jurídica dudosa, como es el planteo de cosa juzgada, y se ampararon en la supuesta vigencia de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, derogadas por el Congreso.

Sobre este tema existe abundante jurisprudencia ya que varios jueces han tomado resoluciones en las que se reconoce la nulidad de aquellas leyes dictadas en los años 86-87 y que permitieron la impunidad para los criminales, que dejaron unos 30 mil desaparecidos en el país.

Ayer fue interrogado el ex general Antonio Domingo Bussi, quien sostuvo que no declararía nada, ya que la represión estaba justificada bajo el argumento de que se libraba una guerra en los años 70.

La supuesta guerra librada por los militares de la dictadura suponía ir a en grupos de tareas, en zonas previamente liberadas y secuestrar familias enteras. Esa guerra supuso también el robo de niños nacidos en cautiverio, para después desaparecer a sus madres en los diversos centros clandestinos de detención que existieron aquí.

Por su parte, el general Luciano Benjamín Menéndez negó la legitimidad de la justicia para investigar los crímenes de la dictadura. Y sus abogados dieron a conocer un comunicado donde el militar afirmaba que "la ley vigente cuando la subversión marxista inició el asalto a nuestra patria era el Código de Justicia militar que designaba como juez natural al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas".

Menéndez está detenido por su responsabilidad en secuestros y asesinatos, cumplidos en su jurisdicción del tercer Cuerpo de Ejército, en Córdoba, donde funcionaron varios centros clandestinos de detención y donde se están exhumando cadáveres de gran cantidad de jóvenes asesinados bajos sus órdenes.

El jueves la Cámara en lo Contencioso Administrativo se negó a conceder indemnización a una familia por el asesinato de un bebé a punto de nacer cuando los militares fusilaron a su madre disparándole en el vientre. La corte aclaró que "no estaba en discusión el derecho que tenía su existencia y su integridad física".

Si bien la indemnización por la muerte de la madre del bebé había sido pagada, la Justicia rechazó hacer lo mismo por el feto, al considerar que el Código Civil establece que "los derechos de las personas sólo quedan irrevocablemente adquiridos si los concebidos nacieran con vida".

La madre y el viudo de Ana María del Carmen Pérez, asesinada durante la dictadura con su hijita a punto de nacer, habían solicitado al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos la indemnización prevista por la ley 24.441.

El fallo que da una idea del terror en esos días cuando dice que "si bien el resto de los cadáveres exhumados junto a Ana María del Carmen Pérez presentaban lesiones traumáticas compatibles con heridas de arma de fuego en la zona craneana, el suyo presentaba similares lesiones en la región pelviana", describiendo de esta manera que le habían disparado al vientre para matar tanto a la madre como a la hija.