Gonzalo Martínez Corbalá

Confusiones

"El término consenso denota la existencia de un acuerdo entre los miembros de una unidad social dada relativo a principios como valores, normas, también respecto de la deseabilidad de ciertos objetivos de la comunidad y de los medios aptos para lograrlos. El consenso se evidencia, por lo tanto, en la existencia de creencias que son más o menos ampliamente compartidas por los miembros de una sociedad" (Norberto Bobbio). Es cierto que el propio autor establece más adelante, en su Diccionario de política, que el término consenso se entiende más bien en sentido relativo, es decir, que no se trata de determinar si lo hay o no, sino más bien en qué grado existe en una determinada sociedad, contrariamente a lo que sucede, por ejemplo, y a propósito de confusiones, con la palabra quórum, que en este caso sí procede necesariamente establecer si lo hay o no, y es completamente inadecuado decir, como es frecuente que se haga al principio de una sesión en la Cámara de Diputados, aquello de que "hay poco quórum, señor Presidente", que en este caso es un disparate.

La materia del consenso puede referirse a dos casos, el primero de ellos el de las cuestiones relativamente más importantes, y que tiene que ver con las reglas fundamentales que dirigen el funcionamiento del sistema, y se distingue del consenso que tiene por objeto fines particulares. Por tanto, las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo caen, sin duda, en el primer tipo, mientras que los acuerdos sobre cuestiones particulares de política han de ser considerados como de la clase de consenso que se refiere a fines o instrumentos particulares, y aquí es precisamente en donde surge una primera confusión: una es la seguridad nacional y todo lo que tiene que ver con ella, esto es, por ejemplo, el respeto a las leyes fundamentales y a las que de ellas se derivan, las que recientemente se han estado violando flagrantemente, justificando acciones violentas, incluso con motivos que son de muy diversa categoría a lo básico y fundamental, y otro sería el de la seguridad pública y de los derechos de particulares.

Este sería típicamente el caso que está sucediendo en estos días de la disputa por unas tierras en el sur del Distrito Federal y en la vecindad del estado de México en Xalatlaco, en el que se pretende una solución al problema con armas de todo tipo, que por improvisadas que sean, ponen en peligro desde luego la vida de quienes participan en el conflicto, motivado por intereses que por muy legítimos que sean, el instrumento de presión que se está utilizando transgrede completamente las leyes establecidas y las más elementales normas de convivencia.

El enfrentamiento violento se genera y se desarrolla en contra de autoridades encargadas de resguardar el orden en la sociedad, y si bien pudiera ser el caso de que en su origen el conflicto fuera legítimo, puesto que, según parece, en el problema hay en juego diversas clases de propiedad, cuyos títulos dicen tener tanto los comuneros como otro tipo de propietarios, y resultarían afectadas incluso zonas vedadas para la habitación, por ser consideradas de reserva ecológica, por otra parte no se ha demostrado la legalidad que pudiera asistirles a los comuneros por las vías que la propia ley señala para ello. No debe perderse de vista que la legalidad, precisamente, es la fuente primaria de legitimidad, supuesto que si no se respeta el sistema de derecho, como el único régimen que hace posible la convivencia en la sociedad, se nulifica la razón que pudiera asistirles a estos grupos para tratar de imponer sus derechos aun en contra de las autoridades correspondientes, y por medio de la violencia. Esta acción, por sí misma, cancela la razón o el derecho que pudiera haberles asistido originalmente y los convierte en meros transgresores de la ley, con todas las consecuencias, por demás indeseables, que esto pudiera tener, pero que son inevitables si se quiere poner a salvo el régimen de derecho y las funciones mismas que le corresponden a las autoridades encargadas de ejecutar el mandato de la sociedad, que está basado en un consenso precisamente de primer grado, que corresponde, como hemos dicho, a las creencias, principios, normas y valores que hacen posible vivir en comunidad.

No es la primera vez que esto sucede: ya hemos sido testigos involuntarios de otros casos que desafortunadamente se han dado en diversas partes del país, y con diferentes motivos. Por ejemplo, el tan sonado caso de los macheteros de Atenco, que impidieron finalmente que se pudiera construir la ampliación del aeropuerto de México, que es realmente de interés nacional, y que trasciende, con mucho, el de la localidad en donde se generó el conflicto, cuyos intereses particulares pudieron haber sido resguardados, logrando un consenso del que tiene por objeto, fines o instrumentos particulares, sin afectar el sistema.

Por otra parte, está claro que el consenso que se requiere al acuerdo "entre los miembros de una unidad social dada, relativo a principios, valores y normas", cuando se trata de intereses de orden nacional, tiene que prevalecer sobre el que pudiera establecerse con base en intereses particulares -insistimos en que éstos pueden ser probablemente muy legítimos-, violando o transgrediendo las leyes fundamentales, que deben ser, ineludiblemente, la fuente primaria de legitimidad del uso y de la función que corresponde al poder público.

En un régimen esencialmente democrático no se pueden comprometer las reglas fundamentales del funcionamiento del sistema, en demérito de la autoridad ceñida estrictamente a las leyes en vigor, sin comprometer, también, el régimen de derecho que debe imperar en todo el país sin excepción alguna. Los servidores públicos, a su vez, no deben soslayar que solamente pueden hacer aquello que la ley expresamente les permite, a diferencia del ciudadano común, que puede actuar siempre que la ley no se lo prohíba.

Es cierto que en las sociedades democráticas, establecidas sobre el supuesto de la libertad de expresión en todos los órdenes -muy principalmente en el político-, el disenso es mucho más publicitado, y por tanto más visible, y la necesidad del consenso se pierde de vista, pero esto es algo que no debe permitirse si se quiere mantener la legitimidad democrática esencial, la cual en nuestros días se basa no solamente en el recurso de la mayoría, sino también en el acuerdo, como hemos dicho, de las normas y de los principios fundamentales de la convivencia en sociedad.