Gabriela Rodríguez

Derecha y sociedad civil

Acontecimientos recientes nos hacen ver que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) son un nuevo terreno de disputa entre derecha e izquierda o, para decirlo más claramente, un sitio diferente en el que hoy tiene lugar la lucha de clases.

El Comité Nacional Provida, cuya noble tarea es evitar que aborten mujeres que solicitan hacerlo e incrementar así el número de hijos no deseados en el país, fue denunciado por corrupción y acaparamiento de financiamiento federal por organizaciones feministas y del movimiento gay. Luis Pazos, ex legislador panista, y Julio Frenk, secretario de Salud, permitieron que Provida atrajera 51 por ciento (30 millones de pesos) de los recursos destinados a todas las OSC (58 millones repartidos en proyectos de 250 mil a cada una), contradiciendo todas las reglas de operación. Una auditoría ciudadana encontró que el gasto en publicidad, mobiliario, fiestas y capacitaciones se llevó más de tres cuartas partes del donativo y que, entre algunas facturas en blanco, se gastó 3.53 por ciento del dinero en las mujeres.

Esta denuncia expone actos de corrupción y es prueba del uso de recursos federales en campañas políticas que, mediante organizaciones de ultraderecha (la más obvia es Vamos México), se identifican como brazo social del gobierno actual. Pero también es expresión de la crisis de representatividad entre las OSC, de la diversidad de mecanismos de interlocución, alianza o crítica al gobierno y de las diferencias en la agenda social.

Hoy habría que relacionar la emergencia y proliferación de OSC con el debilitamiento del movimiento sindical y con la burocratización de partidos políticos cuasi estatales, productos de la crisis global del Estado benefactor que ha propiciado en las pasadas tres décadas más desigualdad, divisiones sociales y una mayor fragmentación social, con particularidades en los países con economías dependientes. Se han roto relaciones gremiales, redes vecinales y vínculos de parentesco. Crece la cifra de trabajadores asalariados sin adscripción sindical ni seguridad social. Prolifera el aislamiento de familias despojadas de redes sociales de apoyo. Sectores medios empobrecidos quedan descalificados en el nuevo mercado profesional. Faltan servicios de salud de calidad. Aumenta el número de hogares sostenidos por mujeres. Campesinos y jóvenes urbanos son forzados a migrar dentro y fuera del país. Masas de jóvenes desempleados y sin acceso a la educación superior representan la mayor demanda en la historia demográfica.

Nuevos movimientos sociales campesinos, indígenas (tan importantes como el zapatismo) y urbano-populares son expresiones de resistencia dentro o fuera de los canales de diálogo y negociación, mientras surge paralelamente una diversidad de OSC con presencia pública más débil y puntual, pero con una agenda social plural: desde el asistencialismo hasta la defensa de los derechos humanos y del conservadurismo religioso al fortalecimiento del Estado laico. Al contexto de los derechos humanos recurren todas porque éstos abren una agenda de construcción global y abarcan desde las garantías individuales civiles y políticas hasta los derechos económicos, sociales y culturales. Pero los temas de salud sexual y reproductiva desenmascaran proyectos culturales opuestos. El humanismo que inspira a las organizaciones asistencialistas como Provida proviene de la noción religiosa de caridad o amor cristiano, la cual excluye de la salvación a quienes no obedecen la ley natural o ley divina. En cambio, la agenda secular queda absorbida dentro de la democracia; se basa en un nuevo sujeto moral: la persona como ser autónomo, que entiende la moral como respeto a la ley que los propios ciudadanos construyen. Esta agenda reclama la separación entre Iglesia y Estado, y sustituye la tolerancia, que fuera central al laicismo del siglo XIX, por la defensa del pluralismo; ubica las creencias como elección personal que define la identidad individual y colectiva y que exige respeto, pero no se busca convertir a los demás.

El único patrimonio de las OSC es su autoridad moral, ese bien que está tan ausente entre funcionarios, empresarios, partidos, líderes políticos y sindicales, y que las convierte en fuente de legitimación democrática y blanco de campañas electorales, en un nuevo espacio que puede ser de mediación y de oposición a la vez. Hasta los empresarios y dueños de los medios de comunicación quisieron erigirse en representantes de la sociedad civil al recurrir a una forma de expresión de los excluidos y expropiar la demanda social de "seguridad" en la famosa marcha del 27 de junio.

La representatividad de las OSC se apoya sobre todo en esa imagen de autoridad moral que está ligada a las causas que defiende. Por lo mismo, son vistas como agencias de control para el Estado: hay que regularlas y financiarlas. Su dependencia del Estado o de patrocinadores privados es su mayor contradicción y exige una transformación gradual, construir consensos que articulen a las clases subalternas, a movimientos independientes y altermundistas, así como fortalecer enlaces internacionales para vencer políticas afianzadas por los aparatos estatales y, en fin, promover condiciones en que la gente misma pueda desarrollar otros modelos sociales.

Como explicaba el profesor alemán Joachim Hirsch en su visita a la UAM-Xochimilco en 1995, el dilema político actual requiere formas de praxis que rebasen el contexto estatal-nacional y no admite fórmulas de solución simples: "Se requiere una política que tanto en el plano nacional como en el internacional, dentro del Estado y con él, se dirija al mismo tiempo en contra de él".

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