Por presiones extralegales se le negó el derecho a abortar en Baja California

Caso Paulina: cinco años sin reparación del daño

KARINA AVILES

Al cumplirse cinco años del caso Paulina -a quien se le negó el derecho a un aborto legal por violación, con argumentos conservadores de la ultraderecha de Baja California-, representantes de derechos humanos y especialistas en la materia señalaron que el caso aún sigue impune, pues la justicia mexicana "falló", y por ello demandaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una resolución para que el gobierno de México reconozca los vacíos en sus procedimientos legales y garantice el acceso al aborto legal por violación.

Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, primer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), afirmó al respecto que "el cambio democrático" o la alternancia en el poder no ha sido la solución a la mayoría de los problemas, pues las violaciones a los derechos humanos pueden ser incluso más graves y dramáticas.

"En ocasiones, puede cambiar el tipo de violación a los derechos humanos de acuerdo con la ideología o tipo de pensamiento de quienes ejercen el poder" y hay un tipo de violaciones nuevas que "van surgiendo producto de ese cambio", advirtió.

Durante la presentación del Cuaderno 4, Paulina cinco años después, colección Temas para el Debate, del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el funcionario indicó que a un lustro de lo ocurrido a la joven, el cambio normativo en el país es "casi nulo", jurídicamente existe la misma situación y este tipo de casos se pueden presentar de manera cotidiana.

Indicó que la recomendación que emitió entonces la CNDH no fue cumplida, especialmente en "una parte muy importante que es la impunidad" y, en ese sentido, dijo, no se fincaron responsabilidades a quienes fueron culpables de causarle tanto dolor a Paulina.

Lilián Sepúlveda, del Centro para los Derechos Reproductivos, afirmó que "la justicia mexicana le falló a Paulina por falta de acceso a mecanismos expeditos de justicia". Por ello, aprovechó que los integrantes de la CIDH se encuentran en el país para recordar que a dos años y medio de que las representantes de Paulina presentaron una petición ante esa instancia, ésta no ha sido admitida.

La CIDH debe comprometerse a alcanzar la justicia para las mujeres que son víctimas de violaciones a sus derechos, enfatizó. A cinco años de distancia, "lo que buscamos es justicia. Queremos que a Paulina se le repare por el daño causado a su persona", así como medidas para que no se vuelvan a presentar casos como este, acceso pronto y adecuado a la anticoncepción de emergencia a las víctimas de delito sexual, y la instauración de procedimientos claros para acceder al aborto legal cuando así lo establecen las leyes mexicanas.

Por su parte, la escritora María Teresa Priego manifestó que la legislación sobre el aborto en el país "sólo obliga a las pobres y más pobres".

En su turno, Federico García Estrada, ex subprocurador de los Derechos Humanos en Mexicali, señaló que en este contexto las instituciones locales, regionales y nacionales defensoras de los derechos humanos resultan en la mayoría de los casos "realmente ineficaces", no sólo por la lentitud de su funcionamiento sino por el formalismo jurídico que manejan en el desempeño de sus tareas. Este caso, enfatizó, demostró "lo ilusorio de la igualdad ante la ley".

A Paulina -quien tenía 13 años cuando fue atacada- se le ha defendido moral y legalmente, pero ella y su hijo Isaac "están literalmente solos". Hoy, finalizó, Paulina "es una trabajadora-mercancía que vende su fuerza de trabajo en el despiadado mercado de las maquiladoras. Todavía es tiempo de ayudarla..."