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México D.F. Miércoles 21 de julio de 2004
 El desvío de 30 millones de pesos destinados
por la Ssa al grupo Provida, el motivo
Presenta bancada del PRD solicitud de juicio político
contra Luis Pazos
Los legisladores aportan pruebas de los gastos onerosos
de Serrano Limón
ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO
Los gastos superfluos de Jorge Serrano Limón, dirigente
de Provida, forman parte de la solicitud de juicio político que
ayer presentó el grupo parlamentario del PRD en la Cámara
de Diputados contra Luis Pazos de la Torre, quien en la pasada legislatura,
como presidente de la Comisión de Presupuesto, autorizó una
partida de 30 millones de pesos para esa organización.
 La
decisión que entonces asumió Luis Pazos propició que
los programas de atención a personas afectadas por VIH-sida, dependientes
de la Secretaría de Salud, dejarán de obtener los 30 millones,
que fueron canalizados motu proprio a los Centros de Atención
a la Mujer, pertenecientes a Provida.
En nombre de su bancada, Martha Lucía Micher Camarena
presentó la documentación que comprueba los gastos de Provida,
por lo que la secretaría general de la Cámara de Diputados
canalizará la solicitud de juicio político a la subcomisión
de Examen Previo, donde se analizará el legajo documental para dictaminar
si procede o no el señalamiento contra Pazos de la Torre, ahora
director de Banobras.
Micher Camarena consideró que las pruebas presentadas
son demostrativas de la responsabilidad del funcionario foxista, quien
"ha violado la Constitución, la Ley Federal de Servidores Públicos
y el Código Penal Federal".
La acusación contra Pazos obedece a su responsabilidad
en actos contra el interés público, y la afectación
de los postulados constitucionales, "en virtud de que afectó directamente
los montos presupuestales aprobados por el pleno de la Cámara de
Diputados para el programa VIH-sida, y los beneficiarios fueron los Centros
de Atención a la Mujer, de Provida. Asimismo, hubo ataques a las
instituciones democráticas, como es el Poder Legislativo, usurpación
de atribuciones, violaciones graves a los planes, programas y presupuestos
de la administración pública federal, y a las leyes que determinan
el manejo de los recursos económicos federales.
Entre las pruebas documentales que se presentaron a la
secretaría general de la Cámara de Diputados se hayan facturas
de tiendas departamentales como Sears, Aldo Conti y Liverpool, donde se
desglosan artículos para caballero.
Las de mayor cuantía son las de un salón
de fiestas denominado El Castillo de Branstock, donde se celebraron reuniones
y cursos de capacitación para 40 personas cada uno y que en cuatro
ocasiones sumaron un millón 200 mil pesos. La empresa Mercatel facturó
a Provida por más de 3 millones de pesos para campañas publicitarias.
Martha Lucía Micher advirtió que el legajo
de pruebas demuestra la responsabilidad de Luis Pazos, y en el caso de
la Secretaría de Salud, que permitió el desvío de
recursos destinados originalmente a la atención de personas con
VIH-sida. "Esta es una muestra más de que Provida ha hecho mal las
cosas; que no ha cumplido con la función que ellos dicen tener,
ya que comprando trajes para hombre, entre otros, demuestra que hay falsificación
de documentos, y esto es un delito".
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