Incierto, el desenlace del caso de funcionarios del PCC acusados de ser espías

El próximo domingo o lunes México y Cuba restituirán a sus embajadores

BLANCHE PETRICH Y GERARDO ARREOLA ENVIADA Y CORRESPONSAL

La Habana, 19 de julio. El acuerdo entre los cancilleres de México y Cuba para restituir a los embajadores en sus puestos tiene un plazo fijo que debe comenzar a cumplirse el próximo domingo, cuando viajen a La Habana y al Distrito Federal, respectivamente, los jefes de misión Roberta Lajous y Jorge Bolaños, en la apertura de una nueva etapa de las relaciones bilaterales que aún tiene interrogantes sin responder.

Al concluir su visita a Cuba en la víspera, el canciller mexicano, Luis Ernesto Derbez, detalló la forma en que se cumplirá uno de los acuerdos principales a que llegó con su colega cubano, Felipe Pérez Roque. Lajous viajará el domingo 25 o el lunes 26, precisó el secretario de Relaciones Exteriores.

El viaje de la embajadora mexicana "dependerá un poco de su organización propia, tanto de menaje como de otras cosas que tiene que plantear", puntualizó Derbez.

"Entiendo -agregó el canciller- que el deseo de ellos es que el día 25 esté llegando el embajador Bolaños a México, de manera que el día 26 pueda estar presidiendo la fiesta nacional de Cuba en la embajada."

Pero la crisis abierta el pasado 2 de mayo con el retiro de los embajadores acarreó efectos indirectos cuyos alcances aún no están claros.

Detrás de Lajous salieron, convocados a México, tres funcionarios de la misión en La Habana: el primer secretario, Mario Rodríguez, a cargo de asuntos de seguridad; el agregado militar, coronel de infantería Inocente Prado, y el agregado naval, capitán de navío Carlos Marín Delgado Guzmán

Rodríguez depende del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), que dio por concluida la misión del funcionario en La Habana y es posible que, en la nueva situación, nombre a un sustituto.

El caso de los diplomáticos militares es distinto. Según explicó la propia cancillería mexicana el mes pasado, ambos fueron convocados, respectivamente, por la Secretaría de la Defensa Nacional y la de Marina tras un incidente.

El episodio consistió en que ambos fueron invitados a la ceremonia del Día Internacional de los Trabajadores, en la Plaza de la Revolución, el primero de mayo, la misma en la que el presidente Fidel Castro dijo que la política exterior mexicana se había reducido a "cenizas". Pero poco antes de la celebración los representantes mexicanos fueron desinvitados.

En el clima de entendimiento que emergió de la reunión de cancilleres es posible que los agregados militares mexicanos vuelvan a sus puestos junto con Lajous.

También está pendiente el regreso de la jefa de cancillería en La Habana, la consejera Marta Peña, quien disponía de una licencia laboral cuando estalló la crisis y no ha podido reasumir sus funciones.

En la parte cubana, la expulsión del consejero político Orlando Silva, considerado por el gobierno de México persona non grata, parece haber quedado públicamente en los términos conocidos, sin aclaraciones ni matices.

Los dos cancilleres dijeron el domingo aquí que revisaron con franqueza temas pendientes, pero sin enmiendas públicas.

Fue "un planteamiento entre dos amigos acerca de dónde estuvieron las diferencias, y una explicación mutua en la conversación que nos ha permitido solventar toda la problemática", expresó Derbez.

El secretario mexicano precisó que en el mismo tono había conversado telefónicamente con Pérez Roque en semanas recientes. "Eso nos ha permitido ya tener esclarecido todo el tema", sostuvo.

El ministro cubano declaró que conversaron "con todo respeto; explicaciones, entendidas como retractaciones o excusas, no ha habido; ha habido análisis de las relaciones bilaterales y examen de los acontecimientos, no en el sentido en que se ha estado publicando, no como condiciones previas de una u otra parte".

El esquema parece aplicable también a la situación de los dos funcionarios del Partido Comunista de Cuba (PCC) considerados por el gobierno mexicano como "espías", con base en alegatos que permanecerán clasificados durante 12 años: José Antonio Arbesú, jefe del Area de América del Departamento Internacional, y Pedro Lobaina, jefe de la Sección de México en esa estructura.

Ambos se mantienen en sus cargos en una zona de actividades del PCC que es una especie de diplomacia paralela y desarrollan relaciones políticas con personajes de la vida pública, partidos y agrupaciones sociales del exterior.

Queda la interrogante de si los dos podrán, en lo sucesivo, atender invitaciones de partidos o ciudadanos mexicanos; si serán admitidos como lo eran antes de la crisis, portando pasaporte diplomático, y si Lobaina podría ser acreditado eventualmente como funcionario de la embajada en México.

El caso Ahumada

En el segundo de los acuerdos relevantes conocidos, los cancilleres sacaron el caso Carlos Ahumada de la agenda política bilateral y, según subrayó Pérez Roque en varias oportunidades en la rueda de prensa, no fue tema de la conversación del domingo.

Pero, en respuesta a una pregunta, el canciller cubano hizo un anuncio que el gobierno de México esperaba hace más de dos meses: "Sobre la solicitud de las autoridades judiciales mexicanas, en los próximos días Cuba responderá a dichas autoridades sobre la solicitud de envío de los videos (de los interrogatorios a Ahumada). Lo haremos por la vía establecida, que es la diplomática, que es tal y como nos fue pedida".

El pasado 13 de mayo, la Procuraduría General de la República (PGR) de México entregó al Ministerio de Justicia de Cuba seis solicitudes de asistencia jurídica "para recabar la documentación, información y material videográfico respecto a las investigaciones realizadas por las autoridades cubanas" cuando estuvieron detenidos Ahumada, Antonio Martínez Ocampo y Enrique Arcipreste del Abrego.

La cantidad de peticiones corresponde a tres acciones judiciales de la PGR contra Ahumada y a otras tres de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal contra cada uno de los citados.

La solicitud se basó en el Tratado de Cooperación sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal, vigente entre los dos países desde 1996.

Aunque los saldos pendientes de la relación bilateral pueden extenderse, hay otros puntos que brincan en la agenda.

El primero es notablemente el voto que México ha dado en los tres últimos años al proyecto de resolución sobre Cuba en la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de Naciones Unidas, que sesiona anualmente en Ginebra.

En el plano bilateral, el gobierno de México considera que es su privilegio escoger el sentido del voto en ese foro y mantener su opinión en la materia.

Cuba insiste en que México se repliegue hacia una abstención, a partir de que denuncia el ejercicio en la CDH como selectivo, discriminatorio, unilateral y producto de una deliberada movilización hostil de Estados Unidos.

Pero el voto afirmativo mexicano ha llevado en estos tres años a una denuncia cubana de grandes proporciones, con base en el argumento de que esa postura desestabiliza la relación.

Después del 18 de julio se abre la interrogante de si este diferendo se mantendrá en sus actuales coordenadas y, por tanto, aún hay que esperar al menos dos primeros semestres de convulsiones bilaterales, o se puede dibujar un escenario en el que ambos gobiernos discrepen sin descarrilar su trato ni arriesgar el conjunto de la relación.

El segundo asunto es el de la deuda de 380 millones de dólares de Cuba con el Banco Nacional de Comercio Exterior de México. Derbez dijo el domingo que espera, "en los próximos días", un "replanteamiento" del caso de parte de Pérez Roque.

Cualquier camino que tome este diferendo pasa por: a) la resposición de garantías crediticias, que eran los flujos de efectivo en moneda fuerte de la telefónica cubana; b) una decisión respecto al litigio que ambos países mantienen en tribunales europeos, y c) el destino de unos 40 millones de dólares de cuentas cubanas, que permanecen congeladas en Italia por orden judicial y como resultado de ese pleito.

El tercer asunto, fuera de la coyuntura e incluso del horizonte del sexenio del presidente Vicente Fox, es la decisiva cuestión de cómo los gobiernos de ambos países van a honrar su historia bilateral de pueblos e instituciones.

Roto el tácito pacto bilateral que funcionó entre los años sesenta y ochenta, se observa la ausencia de un mecanismo que permita la convivencia dentro del respeto real y formal, y la alternancia del diferendo con la acción común.