Ramón Vera Herrera, territorio wixárika. Hace unos días, la comunidad wixárika de San Andrés Cohamiata en Mezquitic, Jalisco, ratificó sus demandas contra el ejido El Refugio, de Valparaíso, Zacatecas, ante el tribunal unitario agrario del distrito uno y presentó los documentos probatorios que sustentan su alegato.

En su demanda, las autoridades agrarias de San Andrés puntualizan:

1. Restitución de una fracción de sus terrenos comunales --unas 2 625 hectáreas colindantes con el ejido San José del Refugio.

2. Desocupación y entrega material y legal de la posesión del terreno comunal invadido con todo lo construido.

3. Nulidad parcial de los documentos que integran la carpeta básica del ejido demandado (resolución presidencial, acta de posesión y plano definitivo, por contravenir las leyes agrarias).

4. Amonestación a los demandados para que "en lo subsecuente se abstengan de perturbar la posesión y propiedad legal de la comunidad de San Andrés".

Los ejidatarios dieron respuesta a la demanda, descargaron sus pruebas y finalmente se estableció que en términos legales y para efectos prácticos las pruebas otorgan razón al núcleo comunal agrario de San Andrés Cohamiata. Se invitó a la conciliación y los ejidatarios accedieron a reintegrar la tierra que desde hace años tienen invadida, después de que la Secretaría de Reforma Agraria les ofreció una indemnización monetaria.

Parecería que uno de los conflictos agrarios que por muchos años afectaron el territorio wixárika se solucionará por la vía pacífica: sólo falta que el magistrado, Juan Rodolfo Lara Orozco, dicte sentencia.

He aquí la historia de un proceso prolongado y espinoso, no exento de violencia.
 

Algunos hechos

En 1921 los wixaritari de San Andrés solicitaron al gobierno federal la regularización de la propiedad de su territorio siendo el primer trámite agrario en al región. No hubo respuesta alguna. En 1938, se instauró el expediente con miras a estudiar la confirmación y titulación de sus bienes comunales.

En 1956, el gobierno dotó de tierras al ejido El Refugio, pero éstas se superponían a la propiedad comunal de San Andrés, con lo que comenzó una de tantas arbitrariedades que generan conflictos entre núcleos agrarios.

Esto fue consignado en 1961 por el encargado de los trabajos técnicos encaminados a la resolución presidencial de San Andrés. Al presentar sus resultados, señaló que en el caso de El Tulillo, La Purísima y El Refugio, sus "dotaciones ejidales fueron fincadas en terrenos de la comunidad indígena de San Andrés, lo que ha originado protestas formuladas por los comuneros".

En 1965, al emitirse la resolución presidencial a San Andrés, existía ya una indefinición de linderos con El Refugio, lo que provocó una gran cantidad de fricciones e injusticias.

Ante la conflictiva situación, en 1993 San Andrés decidió demandar a El Refugio, por "sobreposición de planos". En 1994 el tribunal unitario agrario del primer distrito, mediante el juicio 232/93, resolvió en favor de los comuneros de San Andrés. En 1997, después de varios recursos jurídicos interpuestos, se ejecutó esta resolución. Entre 1997 y 2003, El Refugio siguió reclamando la superficie que tenía invadida (1 700 hectáreas) pese a que el tribunal los había condenado "a dejar de molestar en la posesión, en una superficie de 1 700-75-37 73 hectáreas, a la comunidad de San Andrés Cohamiata". Según los propios términos del tribunal, el asunto quedaba "total y definitivamente concluido desde el punto de vista legal" pues no existía ya ningún otro recurso al que los ejidatarios del Refugio pudieran acudir.

Cuando llegó al gobierno de Zacatecas Ricardo Monreal, los ejidatarios zacatecanos se hicieron de un enorme aliado. Desde las estructuras de gobierno se instigó a que no se respetaran las sentencias de los tribunales "porque la tierra de Zacatecas es para los zacatecanos".

El más extremado de estos funcionarios fue el secretario de gobierno, Arturo Nahle, que durante todo su cargo se dedicó a difundir que las 1 700 hectáreas seguían en disputa (cuando era ya un fallo del tribunal que pertenecían a San Andrés) y que los huicholes habían invadido el predio en cuestión (cuando desde tiempos inmemoriales mantienen la posesión del mismo). Sin pruebas llegó a calumniar a los comuneros diciendo que habían asesinado a un comisariado ejidal de El Refugio, Antonio Escalante, lo cual fue desmentido por diversos testimonios. Nahle escalaba el conflicto.

Con su respaldo, los ejidatarios de El Refugio insistieron durante años en efectuar una verificación de los linderos pues, según ellos, los trabajos técnicos se habían realizado mal. Y siguieron metiendo el ganado a las siembras de San Andrés.

Las cosas mejoraron con el nombramiento de Manuel Ortega, subsecretario de gobierno, para negociar con el núcleo comunal huichol por parte de Zacatecas. Hubo varias reuniones interinstitucionales, y ante la insistencia de verificar linderos, los wixaritari terminaron aceptando --después de muchos años de negarse-- siempre y cuando se siguieran los lineamientos de la sentencia del tribunal unitario agrario, de 1994. Y es que existían por lo menos tres verificaciones anteriores: una del tribunal colegiado de Zacatecas, otra de Procuraduría Agraria y otra de los propios wixaritari para ver por qué reclamaban tanto los ejidatarios. En todos los casos se constató que los linderos eran correctos. San Andrés tenía la razón.

Finalmente, cuando se practicó una nueva verificación, la paradoja es que resultó contraria a Zacatecas: no eran 1 700 hectáreas las invadidas por El Refugio sino 2 625. Las mediciones confirmaron que había invasión adicional en 925 hectáreas. Siendo contrario el resultado, las pláticas con el gobierno de Zacatecas se enfriaron. Este enfriamiento ocurrió tras la muerte violenta de Manuel Ortega, quien se había comprometido con los comuneros wixaritari a indemnizarlos y a reconocer las mediciones de Procuraduría Agraria. El gobierno de Zacatecas le dio largas al asunto y reunión tras reunión enfatizó el punto de vista de los ejidatarios.

Hoy, finalmente, parece haberse destrabado la situación y todo parece a punto de resolverse.

Pero algo no contemplado por las instancias gubernamentales es que la insistencia en resolver las cosas predio por predio, contraviniendo la integralidad en que se basa el Convenio 169 de la oit con su noción de región y territorio, lo único que logra es parcializar la solución de los conflictos y desplazar el problema a otro punto de la geografía agraria de la región.

Es así que conforme queda claro que los ejidatarios no podrán invadir con su ganado las tierras de San Andrés, comienza a haber más presión sobre otros linderos del territorio wixárika y El Refugio ya comienza a meter su ganado por el lado de Bancos de San Hipólito, otra frontera difícil. Sobre esta comunidad crece la amenaza de invasión y las presiones. Hoy, las camionetas de los ganaderos de San Lucas de Jalpan invaden la noche de Bancos, con armas de alto poder, y gritan amenazas contra los comisariados agrarios wixaritari.

Pero las comunidades wixaritari siguen tejiendo unión como pueblo organizado --y con sus hermanos tepehuanos que también sufren hostigamiento de sus vecinos mestizos. Ven que esta manera parcial de resolver conflictos nomás esconde y agrava las causas primeras de la violencia.