La fiscalía se da baños de pureza y no involucra a otros beneficiarios de la corrupción

Sesgo político en el juicio contra Jodorkovsky

JUAN PABLO DUCH CORRESPONSAL

Moscu, 17 de julio. El juicio que se sigue contra el hombre más acaudalado de Rusia, Mijail Jodorkovsky, y su principal socio en la petrolera Yukos, Platón Lebediev, acusados de fraude y evasión fiscal, pero perseguidos judicialmente cuando empezaron a financiar a partidos de oposición al Kremlin, tiene una marcada inspiración política.

Lo anterior quedó de manifiesto en la recién concluida primera semana de la vista oral, dedicada a las intervenciones preliminares de la fiscalía y los acusados, quienes tuvieron la oportunidad de hablar en público acerca de los cargos en su contra por primera vez desde que están en prisión.

Es un proceso judicial que despierta en Rusia interpretaciones que cada cual entiende en diversos sentidos.

De entrada, nadie pone en duda que la fortuna de Jodorkovsky, estimada en una cifra cercana a 15 mil millones de dólares, es producto del auténtico saqueo de las riquezas de este país propiciado desde las máximas instancias de poder, en la época del anterior presidente, Boris Yeltsin.

Al mismo tiempo, todos saben o intuyen que la fiscalía pretende sacar de contexto el caso de Jodorkovsky y Lebediev para no inculpar por extensión a encumbrados personajes -los reciclados de siempre y muchos otros nuevos- que continúan haciendo millonarios negocios al amparo de su cercanía con el entorno presidencial, al parecer vicio endémico de la economía post soviética.

El contexto es clave porque los cargos que se imputan a Jodorkovsky y su socio fácilmente podrían servir para encarcelar y condenar a cualquiera de los destacados miembros de la elite empresarial del país, enriquecidos con métodos similares.

Casi todas las insultantes fortunas de hoy en Rusia tienen su origen en una legislación imperfecta y son impensables sin el contubernio de las autoridades, factores que facilitaron legitimar el robo a la nación.

En lugar de sentar en el banquillo de los acusados a otros magnates o a los funcionarios que hicieron posible los delitos que se imputan a Jodorkovsky y su socio, la fiscalía se da baños de pureza como abanderada de las reivindicaciones justicieras.

En realidad, es inviable una revisión completa de los fraudulentos resultados de la privatización yeltsiniana, a menos que se quiera provocar un desestabilizador cisma en la elite gobernante. La fiscalía, en consecuencia, sólo ejerce de dócil instrumento del Kremlin, el cual utiliza la aplicación selectiva de la justicia como método para someter a la clase empresarial acorde con un proyecto de gobierno cada vez más autoritario.

Además, aunque las acusaciones contra Jodorkovsky y Lebediev se basan hasta en elucubraciones retroactivas, la fiscalía goza del amplio respaldo de una sociedad empobrecida que celebra la caída en desgracia de al menos dos de los magnates que se enriquecieron a costa de la mayoría de sus compatriotas.

Desde esa perspectiva, el resultado condenatorio del juicio está predeterminado y los medios de comunicación bajo control del Kremlin pondrán el resto: el énfasis sobre los argumentos de la fiscalía y el vacío noticioso a las posiciones de la defensa, que no se compensan con las redes de información horizontal (Internet, correo electrónico y mensajes SMS, entre otros), aún incipientes en Rusia.

Jodorkovsky, sin embargo, dijo que se propone demostrar durante el proceso que los cargos en su contra son, al margen de las motivaciones de corte político, "torpes e infundadas".

En su breve intervención preliminar, Jodorkovsky rechazó todas las acusaciones, e hizo hincapié en los principales delitos que se le achacan: el fraude en la apropiación, en 1994, de 20 por ciento de la compañía Apatit, el principal suministrador de fosfato para abonos agrícolas del país, y de 44 por ciento del Instituto de Investigación de Fertilizantes y Fungicidas, un año después, así como evasión fiscal.