La medida, luego de que el diputado Arévalo ratificó su demanda en ese sentido

Cita la ALDF a Flores Millán, para informarle de la solicitud de remoción

El delegado de Gustavo A. Madero deberá presentarse el próximo 2 de agosto

GABRIELA ROMERO SANCHEZ

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) citó para el 2 de agosto al jefe delegacional de Gustavo A. Madero (GAM), Octavio Flores Millán, a efecto "de que se le haga saber el contenido de la solicitud de remoción que hay en su contra".

Lo anterior lo dio conocer el presidente de la Comisión de Administración Pública Local de la ALDF, el diputado perredista Alberto Trejo, luego de que el legislador panista José Antonio Arévalo González ratificó la solicitud hecha en contra del jefe delegacional de Gustavo A. Madero.

Frente a los integrantes de comisiones unidas de Administración Pública Local y de Estudios y Prácticas Legislativas, presididas por Alberto Trejo (PRD) y Obdulio Avila (PAN), el diputado panista Arévalo González ratificó la solicitud que presentó ante el pleno de la Asamblea Legislativa a finales de abril.

El panista entregó un escrito firmado por más de una veintena de diputados de PRI, PAN y PVEM, quienes lo nombraron su representante en este caso.

A finales de enero de 2004 se detectó en la delegación Gustavo A. Madero un fraude derivado de la elaboración, tramitación y pago de 18 cuentas por liquidarse, certificadas, por concepto de obras de desazolve que nunca fueron realizadas ni contratadas, en favor de seis empresas, a las que en conjunto se les pagaron 31 millones 285 mil 163.07 pesos, de los cuales se transfirieron vía electrónica 27 millones 70 mil 210 a una cuenta bancaria de la empresa Pagosa, cuyo accionista principal es Carlos Ahumada Kurtz.

Con base en las investigaciones realizadas por la Contraloría, se evidenció que en la elaboración y tramitación del pago de las cuentas por liquidar certificadas participaron María Martha Delgado y Luis Salazar Cano, subdirectora de Programación y Presupuesto y ex director de Recursos Financieros de la GAM, en el mismo orden; el ex secretario de Finanzas del Gobierno del DF, Gustavo Ponce, y Alierzo Caetano de Oliveira Contreras, ex director de Programación y Presupuesto de Administración y Delegaciones de la Subsecretaría de Egresos de la misma dependencia. Todos ellos se encuentran prófugos.

El titular de GAM cae en contradicciones

Por otra parte, al comparar la declaración que Octavio Flores Millán rindió el 8 de marzo ante el Ministerio Público con su comparecencia en el juzgado 11 penal el 30 de junio, se advierten una serie de contradicciones que podrían beneficiar al propietario del Grupo Quart, el empresario Carlos Ahumada Kurtz.

En la primera comparecencia Flores Millán admitió que siendo jefe delegacional electo se comunicó a su casa de campaña Carlos Ahumada, e incluso que se vieron en las oficinas del empresario en avenida Revolución.

En una de estas entrevistas, el dueño del Grupo Quart le externó su interés en que alguna de sus empresas trabajara con la delegación Gustavo A. Madero, y le dijo que conocía a servidores públicos con aptitudes y perfiles para que colaboraran con él.

Sin embargo, fue hasta octubre de 2003, cuando ya había asumido el cargo, que le recomendó a Luis Salazar Cano para ocupar el cargo de director general de Administración.

En su comparecencia en el juzgado, Flores Millán dijo que no fue la recomendación de Ahumada la que tomó en cuenta para contratar a Salazar Cano, sino sus antecedentes curriculares, entre ellos su desempeño como director de Finanzas de la delegación Tláhuac y en la Secretaría de Finanzas.

En otra parte de la declaración de marzo, el jefe delegacional afirmó que al momento de la contratación de Luis Salazar Cano y María Martha Delgado Arroyo no sabía de ningún antecedente negativo o impedimento por parte de la Contraloría. Explicó que es hasta enero de 2004, cuando el director general de la Contraloría del DF, Guillermo Anguiano, le comunicó que esas personas eran investigadas por presuntas irregularidades cometidas en Tláhuac.

Pese a la advertencia, Flores Millán permitió que Salazar permaneciera en el cargo hasta el 30 de enero, sin cancelarle la autorización de firmas para hacer trámites ante la Secretaría de Finanzas.