Gustavo Gordillo

Lealtad

Diversos acontecimientos políticos en varios países de América Latina ponen en el centro del tapete el tema de la lealtad. Linz señala en La quiebra de las democracias que la diferencia entre oposición leal, desleal y semileal tiene que ver con la mediación entre las oposiciones y el orden político imperante; una oposición desleal busca transformar el régimen político apelando a reglas del juego político distintas a las establecidas porque no las juzga legítimas.

Todo esto viene a cuento porque los procesos de consolidación democrática en marcha en nuestros países tienen varios rasgos comunes. Se ha insistido mucho en el tema de la arquitectura institucional. Más específicamente en un proceso de generación de vacíos institucionales que no es ajeno a la forma en que fueron implantadas las reformas estructurales en los años noventa.

Recapitulando, el proceso de reformas estructurales ha pasado por fases de selección y secuencia que requirieron un complejo proceso de convergencias -a menudo efímeras- dependiendo del énfasis puesto entre los dos ejes sustantivos de libertad económica y libertad política.

El diseño inicial fue el resultado primordial de estas convergencias. Pero también cuentan mucho los propios diseñadores de la reforma expuestos como cualquier otro al uso de "atajos" y a la ceguera de los "políticos". Así, el diseño inicial de las reformas en general adolecían de un cierto sesgo economicista, es decir, un sesgo que explícita o implícitamente negaba la autonomía de la esfera política.

La sistemática subestimación de los efectos de la implantación de cada reforma sobre otros actores sociales y sobre todo, en los arreglos institucionales ya existentes, generó entre los actores marginados y principalmente entre los mismos segmentos de las elites económicas y políticas que estaban siendo excluidas del proceso de reforma -y de sus beneficios- una estructura de incentivos -ya latente desde un principio por razones históricas y culturales- favorable a la ampliación de los espacios de la ilegalidad, a la deserción de compromisos políticos que se creyeron en algún momento inconmovibles, al no acatamiento de las nuevas reglas y, en el límite, a la deslealtad.

En las sociedades latinoamericanas, producto de ese proceso tan conocido de creciente desigualdad social y regional se presentan signos inequívocos de lo que Garton Ash denominó para algunos países de Europa del Este, con la metáfora de la otomanización que invoca una "emancipación a través de la decadencia" tanto de los estados conquistados frente al centro imperial como de las propias sociedades frente a sus estados. En nuestro caso, es una emancipación de grupos sociales, individuos y regiones de la tutela estatal pero sin construir una nueva institucionalidad, es una especie de "vaciamiento" de instituciones estatales, organismos corporativos y arreglos sociales. Estamos pues, en presencia de un pluralismo sin una institucionalidad idónea para expresarle.

El efecto de todo esto, que se ha expresado con el término de vacíos institucionales, ha sido un cortocircuito institucional acompañado de una extendida deslegitimidad de instituciones básicas tanto formales como informales. El grado de esta deslegitimidad varía de país a país: desde aquellos en que ha llevado a un verdadero quiebre institucional, hasta aquellos que han significado un bloqueo al proceso de reconstrucción institucional.

Lo que interesa resaltar es que la estrategia política subyacente con la restauración de la democracia se desplegaba en un ámbito con claras restricciones. Casi en todos los países emerge con el regreso de la democracia una configuración de fuerzas sociales y políticas que acotó estrechamente las acciones políticas en espacios marcados por dilemas aparentemente insalvables.

Se requería construir una nueva coalición gobernante, pero la vieja coalición corporativa -militar o civil- aun en descomposición podía tener eficacia en el bloqueo de las acciones reformadoras. Se necesitaba atender los problemas de corto plazo de la economía -control de la inflación y negociación de la deuda externa- pero sin la restructuración económica -los cambios estructurales-, se corría el riesgo de una nueva y más profunda disrupción económica. Urgía atender las necesidades sociales pospuestas, pero al mismo tiempo había restricciones presupuestales y bloqueos para el despliegue de una amplia política social.

Para decirlo de manera tajante, la principal barrera a la implantación de un proyecto reformador al mismo tiempo consensuado y atento al cambiante contexto internacional enfrenta, desde el Estado, los bloqueos de la coalición corporativa y las acciones disruptivas producto de la escisión de las elites políticas, y enfrenta desde la sociedad una actitud de recelo y desconfianza.

Dos principios tomados de Linz guían estas reflexiones. Primero, las transformaciones de un régimen más que estructuralmente determinadas, dependen de un proceso contingente en donde se presentan distintas salidas posibles. Segundo, el factor decisivo, en la coyuntura, que define el camino que se toma, son las características y la dinámica de las elites políticas.

Por lo anterior y porque el factor tiempo es decisivo en la coyuntura política actual es importante recordar que acciones prematuras, acciones a destiempo, acciones postergadas, acciones para ganar tiempo y acciones de última hora, tienen graves efectos sobre el propósito de generar lealtad para con el sistema democrático que se busca consolidar.