El convenio de Hacienda e IPAB con los bancos, engaño a contribuyentes, según estudio

Asume el gobierno el costo de los créditos irregulares del Fobaproa

La Cámara de Diputados citará a comparecer a Gil Díaz y a Mario Beauregard Se eliminaron sólo 4 mil millones de los 43 mil millones de pesos de operaciones dudosas detectadas por Mackey

ROBERTO GARDUÑO

El canje de pagarés de capitalización y compra de cartera de Fobaproa a IPAB no incluyó los créditos relacionados que Michael Mackey identificó por un valor de 43 mil millones de pesos, ni las pérdidas compartidas que en suma dan una cantidad de 147 mil 195 millones de pesos, manifiesta un estudio elaborado en la Cámara de Diputados.

El malestar que ha provocado la firma del convenio propició que el panista Manuel Pérez Cárdenas, presidente de la comisión Especial para Investigar el Fobaproa e IPAB en la Cámara de Diputados, y quien ha manifestado estar de acuerdo con el canje de pagarés, se viera obligado a citar a comparecer al secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, y al secretario ejecutivo del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), Mario Beauregard, con objeto de explicar el proceso de endeudamiento público.

El estudio que circuló ayer en San Lázaro refiere que el anuncio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el IPAB, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los bancos: Banamex, Bancomer, HSBC (antes Bital) y Banorte "es un engaño a los contribuyentes", porque además de ser ilegal no cumplió con el mandato del Congreso federal.

De acuerdo con el comunicado distribuido por la Secretaría de Hacienda, el ahorro, producto del convenio, fue de 116 mil millones de pesos, reduciéndose la deuda pública a 107 mil 52 millones de los 223 mil que originalmente se contemplaban en

el paquete de canje de pagarés.

Al valor bruto que constituían los 223 mil 25 millones de pesos se les restaron 66 mil 907.5 millones de pesos y 49 mil 65.5 millones de pesos, por acuerdo de pérdidas compartidas, resultando los 107 mil 52 millones.

"Sin embargo, hay que considerar que la cobranza de estos créditos era una obligación pactada en los contratos de Fobaproa, ya que los bancos al vender la cartera de Fobaproa, mantenían la obligación de cobrar dicha cartera y de acuerdo con el informe de finanzas públicas, el monto cobrado hasta marzo de 2004 fue de 62 mil 181 millones de pesos", refirió también el analista financiero Mario Di Costanzo.

Los créditos relacionados que se excluyeron en el convenio firmado el jueves ascienden a un monto de 4 mil 726 millones de pesos; no obstante que el auditor Mackey identificó en ese rubro 43 mil millones de pesos.

Por lo que toca a los acuerdos de pérdida compartida, sus normas señalaban que de la cartera que no se cobraba (cobranza no realizada), 25 por ciento sería para los bancos y 75 por ciento lo absorbería el gobierno federal.

De esta manera, si los bancos absorbieron una pérdida de 59 mil 65.5 millones de pesos, necesariamente el gobierno federal tuvo que absorber 147 mil 195 millones de pesos de pérdidas.

"Esto quiere decir que a los 107 mil 52 millones de pesos que se convirtieron formalmente en deuda pública el día de ayer, hay que sumarle los 147 mil 195 millones de pesos que se tuvieron que asumir por concepto de pérdidas compartidas, por lo que en realidad el costo total del programa de capitalización y compra de cartera, incluyendo los 43 mil millones de créditos relacionados, será de 297 mil 247 millones".

Es importante destacar que a los 147 mil 195 millones de pesos que tuvo que absorber el gobierno por pérdidas compartidas, se suman los 43 mil millones que tienen que ver con las irregularidades cometidas por Carlos Cabal Peniche, Jorge Lankenau, Angel Isidoro Rodríguez El Divino y José Madariaga, quienes incurrieron en millonarios autopréstamos que no lograron pagar a sus propias instituciones".

Protección a defraudadores

El diputado Oscar González Yánez, del Partido del Trabajo, insistió en que el convenio del jueves pasado es fraudulento, porque "con esta acción se violenta la ley; primero, deben elaborarse las auditorías, y después firmar los compromisos que se quieran".

El secretario de la Comisión de Hacienda rechazó el monto de la deuda bancaria, porque "el Fobaproa no protegió nunca el ahorro de los mexicanos, sino los créditos de empresas fantasmas y autopréstamos de los propios dueños de esas instituciones".

Para ejemplificar el tamaño de los compromisos asumidos por el erario el pasado jueves, González Yáñez adujo que si el dinero comprometido se destinara a la construcción de viviendas de interés social por un valor de 400 mil pesos cada una, se construirían en el país 2 millones 83 mil 250 casas, y "simplemente otra cosa sería".