Arturo Alcalde Justiniani

IMSS: una iniciativa lamentable

ƑPodría usted imaginar una reforma legal que obliga a una institución pública a violar la ley? Si es trabajador, Ƒestaría conforme con que sus prestaciones se limitaran a los mínimos de ley, y que su patrón financiara con su salario los fondos necesarios para su pensión, reservándose además el derecho de administrarlo por usted? Estos disparates fueron apoyados el pasado 14 de julio ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al presentarse una iniciativa de reforma a los artículos 277D y 286K de la Ley del Seguro Social, por conducto del diputado Manlio Fabio Beltrones en nombre de más de 150 legisladores, esencialmente del PRI y el PAN, advirtiendo este emisario que su contenido había sido elaborado por el movimiento obrero organizado. Al final de la sesión, Beltrones se comunicó con el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Santiago Levy, y con orgullo le dijo: "Ya está dado el paso más difícil, mi amigo..." (Reforma, 14 de julio).

La iniciativa se apoya en un conjunto de consideraciones totalmente contrarias a nuestras normas constitucionales y legales, a grado tal que varios legisladores se han defendido de las críticas sosteniendo que no tuvieron siquiera oportunidad de leerla, que el mensaje que habían recibido era en el sentido de que estaban salvando al IMSS, y las órdenes de sus jefes habían sido muy estrictas. Basta una lectura superficial para avergonzarse de aparecer como suscriptor. No son salvadores de nada, sino simples instrumentos de un albazo en contra de principios laborales fundamentales en que están apoyadas nuestra legislación laboral y la contratación colectiva vigente en el país.

Una primera afirmación de la iniciativa establece que las jubilaciones y pensiones deben financiarse exclusivamente con recursos provenientes de los propios trabajadores, y que debe ser el patrón el que los administre. Bajo esta premisa se impone que quienes en el futuro laboren en dicha institución deberán aportar la totalidad de un fondo especial creado y administrado por el IMSS, sin un solo centavo de la institución o del Estado. En ninguna parte del mundo se ha imaginado solución tan patronal; ni la Coparmex en su momento de mayor locura.

En la segunda premisa de la iniciativa se culpa a los trabajadores del IMSS de todos los males de la institución. No puede olvidarse que en virtud de su carácter tripartito, la normatividad vigente en el IMSS ha sido producto de la representación patronal, de las viejas centrales que monopolizan la representación obrera y del propio Estado.

La tercera afirmación sostiene que cualquier erogación que exceda los mínimos de ley no deberá ser considerada gasto público autorizado. Siguiendo este razonamiento, las autoridades, en sus distintos niveles de gobierno, estarían actuando en la ilegalidad. De aprobarse, buena chamba tendría la Secretaría de la Función Pública para castigar a todos los inculpados.

El cuarto pilar de la iniciativa sostiene la tesis de que los trabajadores son ajenos a la finalidad de la institución. En una actitud de claro desprecio a la importancia del factor humano, considera que sólo los edificios y equipos estarían dirigidos a la finalidad de la institución, y el presumido capital humano, al carajo. Basta imaginar al IMSS sin sus médicos altamente especializados, profesionales que por cierto ganan un salario promedio de 15 mil pesos mensuales. Bastante menos que sus detractores.

La quinta consideración cercena de tajo a la institución más trascendente del derecho laboral mexicano: la contratación colectiva. Los voceros del llamado movimiento obrero sostienen que los contratos colectivos no pueden superar los mínimos establecidos en las leyes. Olvidan que precisamente los trabajadores se organizan en sindicatos para lograr contratos colectivos que mejoren sus condiciones de trabajo y de vida. Superar la ley no es contravenirla. De otra manera, todos los trabajadores del país vivirían en los mínimos. Por algo se afirma que este movimiento obrero ni es movimiento y, menos, obrero.

Mas allá de las evidentes deficiencias de la iniciativa y del claro carácter inconstitucional por su naturaleza privativa y de efecto retroactivo, su presentación camina en sentido contrario al esfuerzo de diálogo constructivo en el que avanzan otros actores en el mundo de la seguridad social, incluyendo a la Conago, los propios trabajadores del IMSS y su sindicato.

Resulta obvia la necesidad de una política de Estado en materia de seguridad social y la urgencia de apoyar la viabilidad del instituto. Es el colchón social en el que se protege la mayor parte de la población, y en especial los más pobres. En este rescate se ha avanzado aceleradamente identificando los esfuerzos que a cada sector corresponden. Nada ayuda acorralar a los trabajadores del Seguro Social y a su sindicato. Si de salidas legales se tratase, los legisladores deberían saber que los contratos colectivos pueden modificarse por acuerdo entre las partes o por un laudo de la Junta de Conciliación y Arbitraje cuando existen motivos económicos fundados. El camino correcto es desechar esta absurda iniciativa y continuar aceleradamente con el diálogo constructivo para rescatar al IMSS y fortalecer la seguridad social. No hay tiempo que perder.