Miguel Concha

Seguridad pública y derechos humanos

No deja de ser preocupante el que algunas de las organizaciones que convocaron y se sumaron a la marcha del 27 de junio hayan vuelto a proponer el pasado miércoles en el Senado el establecimiento de un plebiscito sobre la pena de muerte para algunos delitos, sin caer en la cuenta de que con ello están propiciando lo mismo que combaten, y sin considerar tampoco que están racionalizando un argumento más bien visceral y arcaico, ocasionado por una cierta sicosis de miedo e inseguridad, difundida por los medios masivos de comunicación -sobre todo electrónicos-, aunque desde luego tenga un fundamento real en los hechos.

Como explica Eduardo López Azpitarte en su obra Etica y vida, desafíos actuales (Ediciones Paulinas, Madrid, 1990), a quien cito literalmente, frente al hecho de un anciano asesinado o de cualquier persona tranquila e inocente que pierde su vida a manos de un malhechor, brota la idea espontánea de que algún día por ese camino uno mismo podrá convertirse en víctima. De ahí la impresión gozosa que se experimenta ante la muerte, aunque sea fortuita, de cualquier homicida. Un enemigo más ha desaparecido de enmedio. La pena es que no sigan la misma suerte todos los posibles agresores que continúan viviendo. Este argumento, más visceral y arcaico -concluye el moralista católico español-, es el que se ha pretendido racionalizar después con otras motivaciones más humanistas, hoy -añado yo- más que controvertidas y rebatidas (p. 155).

Tampoco deja de ser hasta sospechoso el que alguno de los principales voceros de estas organizaciones vuelva a reiterar el mismo día en Los Pinos, después de la realización de la 15 sesión del Consejo de Seguridad, con las cámaras de televisión en la cara, que quiere un sistema de derechos humanos que proteja a las víctimas y no a los delincuentes. Además de que con ello irresponsablemente muestra su ignorancia sobre la naturaleza de los derechos humanos, que son universales, y sobre el hecho de que estadísticamente está comprobado que es precisamente a las víctimas a las que se les violan, de diferentes maneras, el doble que a los presuntos delincuentes, vuelve a plantear peligrosamente la tesis autoritaria y falsa de que son incompatibles el respeto a los derechos humanos y la seguridad pública.

Como expresa también literalmente el diagnóstico de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, sobre la situación de las garantías elementales en nuestro país, tal contradicción no existe y, por el contrario, ambos conceptos, derechos humanos y seguridad pública, son complementarios. "No podría existir una verdadera seguridad pública, dentro de un Estado democrático de derecho, sin respeto a los derechos humanos. En semejante caso, la pretendida seguridad pública llevaría al Estado autoritario, quizás amparado en normas jurídicas secundarias, pero sin ninguna legitimidad constitucional".

No debemos olvidar, tampoco, que muchas veces son precisamente los policías corruptos e ineficaces quienes cínicamente arguyen el respeto a los derechos humanos para no cumplir con su obligación de detener o perseguir a los delincuentes. Por ello, aunque se puede estar de acuerdo con una mejor coordinación de todas las fuerzas policiacas del país, para prevenir y perseguir el delito con mayor eficacia, sin confundir ambas funciones, no se puede estar de acuerdo simplemente con el cumplimiento reduccionista de índices cuantitativos (número de retenciones) en la solución de tan grave problema.

Como igualmente expresa el diagnóstico mencionado, las soluciones hoy privilegiadas para resolver el problema de la inseguridad pública son a menudo represivas y no respetan los derechos humanos. "Especialmente en Estados Unidos, que influye de manera decisiva en lo que se hace en América Latina y en México, estas políticas se están traduciendo en medidas como las de tolerancia cero, toque de queda para las y los jóvenes, y otras que conducen a un endurecimiento del control social, acompañado de un aumento en la tasa de personas encarceladas".

Por ello, junto con otras 73 organizaciones civiles y sociales, y muchos otros ciudadanos en lo particular, reclamo ante las autoridades, tanto federales como locales, que en la búsqueda de soluciones a este problema tomen sobre todo en cuenta las 10 propuestas contra la inseguridad pública del Instituto para la Seguridad y la Democracia, a las que me refería en mi artículo del 19 de junio pasado. Ello implica, entre otras cosas, una mejor selección, capacitación y remuneración de las policías, así como el establecimiento de parámetros tanto cuantitativos como cualitativos para evaluar su eficacia y eficiencia, en los que participe la ciudadanía.