Pese a las irregularidades detectadas, el grupo recibió $4.5 millones durante 2004

Desde hace meses la Ssa tenía pruebas del despilfarro de Provida

ONG acudirán al Congreso para exigir que la ASF investigue el destino de los fondos

CLAUDIA HERRERA BELTRAN

La Secretaría de Salud (Ssa) suspendió hace dos meses y medio la entrega de fondos a la organización antiabortista Provida, luego de encontrar anomalías en facturas presentadas para comprobar gastos correspondientes a 2003 y que fueron detectadas como parte de una auditoría que se inició en enero de este año.

En tanto, organizaciones civiles anunciaron que acudirán el próximo lunes al Congreso de la Unión para exigir la intervención de la Auditoría Superior de la Federación para que investigue y se finquen responsabilidades sobre el uso de los 30 millones de pesos entregados a Provida el año pasado.

Las agrupaciones mostraron un expediente que documenta "graves irregularidades", entre las que se encuentra la comprobación de gastos con facturas vencidas o de empresas con domicilio y teléfono de la propia asociación y la compra de objetos suntuarios.

La Secretaría de Salud, dijeron, tiene que rendir cuentas, porque a pesar de las anomalías detectadas, este año todavía otorgó a Provida 4.5 millones de pesos, aun cuando se trata de un grupo que se opone a las políticas y programas de salud del gobierno.

En respuesta, el titular de la Ssa, Julio Frenk, afirmó en entrevista radiofónica con Joaquín López Dóriga que la secretaría inició una investigación y por ese motivo desde hace dos meses y medio canceló la entrega de fondos correspondiente a 2004, en espera de contar con el resultado final de la auditoría en curso.

Por la noche, la dependencia informó en un comunicado que los resultados de la investigación se darán a conocer una vez que ésta sea concluida por la Secretaría de la Función Pública y que se procederá "conforme a derecho y en estricto apego a la ley".

La historia comenzó en diciembre de 2002, cuando el entonces presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, el panista Luis Pazos, actual director de Banobras, asignó de manera extraordinaria 30 millones de pesos para la apertura de 10 Centros de Ayuda para la Mujer y el funcionamiento de los ya existentes que creó esta asociación antiaborto.

La decisión provocó la inconformidad de las organizaciones civiles, que posteriormente solicitaron al Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) documentos sobre el uso de los recursos, lo que dio por resultado que descubrieran una serie de anomalías.

De acuerdo con el expediente, 81.53 por ciento del presupuesto fue destinado a los rubros de publicidad, mobiliario y equipo médico, este último importado por Improvar, una empresa que desapareció durante 2003, adicionalmente encontraron facturas vencidas por un millón 600 mil pesos.

Representantes del Grupo de Información en Reproducción Elegida, Fundar y Salud Integral para la Mujer denunciaron, en conferencia de prensa, que Provida dedicó a publicidad 9 millones 745 mil pesos y contrató a la empresa Mercatel, cuya dirección, teléfono y fax son los mismos del Comité Nacional Provida.

En el rubro "Ayuda a mujeres", 94.67 por ciento de los recursos (un millón 35 mil pesos) fue utilizado en la contratación de un salón de fiestas para realizar dos encuentros de capacitación y una reunión de directivos "no en apoyo directo a mujeres". Además, el salón de fiestas El castillo de Branstock tiene el mismo número telefónico de la empresa Mercatel.

En total, la ayuda real a mujeres representó 3.53 por ciento (37 mil 835 pesos) del gasto total, pero incluye ropa para caballero y dama adquirida en tiendas como Sears, Aca Joe y Palacio de Hierro, así como artículos suntuarios como plumas y bolígrafos Cartier por una cantidad de 12 mil 300 de pesos.

La inconformidad de estas organizaciones es aún mayor porque los 30 millones de pesos entregados a Provida representan 51 por ciento del total de recursos otorgados a las organizaciones civiles para ese año (58 millones 418 mil 684 pesos), además de que no es la primera vez que este gobierno entrega fondos a Provida. En 2001 se le dieron 2.5 millones de pesos; en 2002, 2.5 millones de pesos y en 2004, 4.5 millones de pesos.

Dafne Cuevas, del Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, se quejó de que Frenk no los ha recibido y anunció que en total serán 120 organizaciones las que presentarán la denuncia, con el propósito de que la Auditoría Superior de la Federación intervenga.

Sin hacer referencia a Luis Pazos, Frenk señaló que la Secretaría de Salud sólo acató las disposiciones del Congreso de la Unión y por eso fue que entregó los recursos a Provida.

Anunció que se realiza una investigación y que si el tema salió a la luz pública fue porque la dependencia proporcionó la información a petición de las organizaciones civiles. "Nosotros estaremos abiertos a la revisión que dictaminen las instancias, sea la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública o nuestro órgano interno de control", afirmó el funcionario.

La Dirección de Comunicación Social de la Ssa informó que no se ha dado audiencia a las representantes de las organizaciones por "problemas de agenda", pero serán recibidas en breve.