Autoridades elogian el número de detenciones y destacan la coordinación lograda

Desata cadena de críticas el gran operativo contra la delincuencia

Califican de peligrosas las acciones por el riesgo de que puedan derivar en un Estado policiaco

La revisión de miles de personas y vehículos hecha por 25 mil policías en el Distrito Federal y ocho entidades del centro del país no sólo dejó saldo de 174 detenidos como probables responsables de delitos del fuero común y federal, también provocó una cadena de críticas y advertencias de legisladores y organizaciones civiles por la violación a las garantías individuales.

Las acciones del denominado Comando regional en contra de la delincuencia zona centro fueron calificadas como "desesperadas", "de alto impacto social", "improvisadas y parciales", "de relumbrón" y hasta "peligrosas", por el riesgo de que deriven en un Estado policiaco.

Otra fue la visión de las autoridades responsables del operativo, pues primero elogiaron el número de detenidos, pero al anochecer enfatizaron que lo más destacable era la coordinación que logró establecerse entre las corporaciones policiacas de nueve entidades de la República. Así, el secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, llegó a decir que se duplicó el número de remisiones al Ministerio Público, pero el procurador Bernardo Bátiz pareció contradecirlo al mencionar que de las 460 averiguaciones previas que, a nivel general, se iniciaron el martes, aproximadamente un centenar fue con detenido, y de esas, apenas la tercera parte corresponderían al operativo, aparte de que muchos fueron liberados.

Por la noche, en Pachuca, Hidalgo, el subsecretario de Seguridad, Gabriel Regino, pidió "no irnos sólo a los números, sino al ejercicio realizado que nos permitió trabajar unidos en nueve estados donde hay gobiernos de PRI, PAN y PRD".

Voz discordante, aunque su estado también se integró al operativo, el procurador mexiquense Alfonso Navarrete Prida consideró que la movilización policiaca no obtuvo los resultados que "fundamentalmente se esperaban", pues, señaló, la policía no puede salir a las calles "a ver a quién detiene", sin antes tener un programa y focos rojos hacia dónde se van a dirigir.

Las críticas

Legisladores federales priístas, perredistas y petistas advirtieron que con operativos policiacos como el desplegado el martes se corre el peligro de derivar en un Estado policiaco. Mientras el Comité Ejecutivo Nacional perredista estableció que no es con decisiones "desesperadas", que ponen en riesgo la vigencia de las garantías individuales, como se resolverá la inseguridad en el país.

Pilar Noriega, primera visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), sentenció que no es justificable ni válido que por cada presunto delincuente detenido por la policía, personas inocentes hayan sido violentadas en sus garantías individuales al ser cateadas o remitidas al Ministerio Público.

Consideró que se trata de "medidas de impacto social" y dijo que el combate a la inseguridad pública no justifica la violación de otros derechos, como el de libre tránsito, ya que, advirtió, de lo contrario una opción para acabar con la delincuencia y la exigencia de la sociedad al respecto sería "irnos a la ley de la selva", pero eso provocaría más violencia.

Fernando Coronado, director general de la primera visitaduría de la CDHDF, puntualizó que sólo existen tres hipótesis para detener a una persona: la existencia de una orden liberada por un juez, la presentación previa de una denuncia y el inicio de una investigación encabezada por el Ministerio Público, o detener al sujeto en flagrancia. "Nadie puede ser retenido por razones de sospecha, por verse diferente a los demás o por hacer alusión a estereotipos de presuntos delincuentes, pues se violaría la Constitución y es contrario a la democracia", argumentó.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF, Julio César Moreno, confió en que el programa "no sea sólo de relumbrón y en pocas semanas desaparezca, cuando la inseguridad es un problema que afecta a todos y se requiere ir afinando estrategias, pues los resultados obtenidos no son satisfactorios, ya que muchos de los detenidos serán absueltos por los jueces".

Esas acciones violan los derechos humanos y están lejos de solucionar los problemas, señaló Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de los Derechos Humanos. En tanto, el director del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana, Víctor Alarcón Olguín, adujo que esas tareas tienen que estar bajo la supervisión de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

Se trata de una acción parcial e improvisada porque excluye un programa de respeto a los derechos humanos, alertaron legisladores. Eliana García Laguna, del PRD, planteó que ante la necesidad de dar una respuesta, las autoridades se olvidaron de instrumentar un programa de respeto a las garantías individuales, y alertó de la posibilidad de que el operativo constituya el primer paso hacia un Estado policiaco.

La gran tentación de solución para este problema se percibe en demandas como la pena de muerte y el toque de queda. Hay una tendencia a repetir los esquemas de Ernesto P. Uruchurtu, de detener a los jóvenes por su aspecto: joven, pelo largo, igual a potencial delincuente, añadió.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, Jorge Uscanga, consideró positivo que se haya aplicado el plan, pero acotó que ello no debe ser pretexto para "cometer arbitrariedades ni que se violen los derechos de los ciudadanos".

En tanto, el vicecoordinador de la bancada del PT, Pedro Vázquez, rechazó la supuesta efectividad del operativo porque, alertó, "no se puede combatir el crimen actuando con las mismas actitudes de los delincuentes".

Debe cuidarse, resaltó, que el problema de la seguridad pública no sea tomado como argumento para sacar al Ejército a las calles. "Es una tentación preocupante, de tal manera que, insisto, combatir la inseguridad es obligación de Estado, pero no se pueden convertir las calles ni en cuarteles ni en cárceles, en los hechos".

Miguel Pulido, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, recordó que los operativos que tienen como base los retenes o cateos también son violatorios de instrumentos internacionales. En las actuales condiciones, tal parece que las acciones se concentran en dar una respuesta inmediata pero fugaz.

Al respecto, Sirian Oliva, abogada de la misma agrupación, calificó de positivo que el gobierno quiera responder a una demanda legítima de la sociedad.

Las cifras

Durante el magno despliegue policiaco, desde las ocho de la mañana hasta las 22 horas del martes, fueron revisados 21 mil 592 vehículos y 77 mil 896 personas, de acuerdo con el reporte más reciente del operativo dado a conocer por Fermín Hernández, director de Seguridad Regional del estado de Hidalgo y quien quedó al mando, por tres meses, de las corporaciones policiacas participantes.

Sin embargo, el funcionario informó que únicamente 135 personas quedaron detenidas como presuntos responsables de haber cometido delitos del fuero común, mientras otras 68 fueron puestas a disposición de autoridades del fuero federal por portar armas de fuego sin el permiso correspondiente o en posesión de droga.