Orlando Delgado Selley

Un proyecto de nación

En medio de una disputa enconada para definir los contendientes a la elección presidencial, prácticamente nadie prestó atención al proyecto alternativo de nación que bosquejó Andrés Manuel López Obrador en el foro convocado por The Economist el pasado 29 de junio, en el cual delineó los aspectos económicos de su propuesta. Su planteo es apenas ilustrativo de las líneas más gruesas de lo que propone como modelo de desarrollo para los próximos años. Pese a ello, los rasgos centrales de su propuesta dan cuenta de la aceptación de la ortodoxia neoliberal. Es, además, omiso en temas básicos que debieran considerarse.

La primera afirmación de su proyecto alternativo es simplemente más de lo mismo. Postular que "no pretendemos alterar el orden macroeconómico" y que "debe haber disciplina en el manejo de la inflación y el déficit público y de la deuda interna y externa" implican aceptar la primacía de los equilibrios fundamentales. La existencia de cierto déficit fiscal debe ser resultado del recuento de los requerimientos financieros de la acción gubernamental frente a sus ingresos. Si resulta necesario gastar más allá de lo que permiten esos ingresos, debe hacerse financiando proyectos capaces de generar empleos decentes que permitan mejorar las condiciones de vida de la gente. Aceptar la camisa de fuerza de la disciplina fiscal, uno de los pilares de la política del consenso de Washington, implica limitar la intervención pública.

En materia de inflación, la "adecuada política monetaria" pasa obligadamente por un reconocimiento explícito del banco central que reconozca que la creación de empleos nuevos no puede ser castigada por el combate a la inflación. Para ello la autonomía del Banco de México y su Ley Orgánica tienen que ser modificados.

Es indudable que nuestra economía requiere crecer, generar nuevos empleos y mejorar la calidad de vida de la gente, como anota López Obrador. Para ello hace falta un programa en el que lo primero sea la atención a los déficit sociales: vivienda, educación, mejores salarios. El problema es, como siempre, el de los recursos necesarios para atender estos requerimientos. Se afirma que la intervención pública reactivará la economía y generará empleo, logrando que converjan inversión pública y privada. El impulso provendrá de la utilización de los recursos energéticos, lo que ocurrirá a mediano plazo. A corto plazo se impulsará decididamente la construcción, por sus efectos multiplicadores, al mismo tiempo que se promoverá el desarrollo rural. Así que el asunto se resolverá con decisión política: la política económica alternativa logrará lo que no ha podido el neoliberalismo, un crecimiento alto y sostenido.

El problema, sin embargo, reside en la magnitud de los recursos requeridos, lo que obliga a decidir el destino del gasto público entre usos alternativos. El tamaño de la economía es de 6.7 billones de pesos y somos 104 millones 200 mil mexicanos. Los ingresos tributarios y no tributarios del gobierno federal representan 23.7 por ciento del PIB y el gasto 24.3. La deuda pública a diciembre pasado era de 1.5 billones de pesos y la deuda consolidada con el Banco de México era de 1.5 billones. Los pasivos de Fobaproa alcanzan cerca de 800 mil millones. El cumplimiento de las obligaciones derivadas de estos pasivos consume parte sustancial del gasto público: 6.4 puntos porcentuales del PIB, que sumados al gasto corriente dejan un margen de maniobra muy limitado.

Además, la población económicamente activa es de 41 millones 500 mil, de los cuales 20 de ellos están ocupados en el sector informal. Los asegurados permanentes en el IMSS fueron en diciembre 10 millones 600 mil y un millón 500 mil fueron eventuales, más los 2 millones 200 mil asegurados en el ISSSTE y los 2 millones 200 mil de otros regímenes, suman 16 millones 700 mil mexicanos asegurados. Así, el esfuerzo de inversión que se requiere para incorporar a la formalidad a 20 millones, más los otros 4 millones sin prestaciones sociales, es inmenso. Para ello hace falta, por supuesto, recuperar la inversión pública y alentar la privada, en lo que los bancos deberán jugar un rol fundamental que la propuesta no menciona.

Cumplir a los banqueros -que son los tenedores de la deuda pública-, privilegiar el control de la inflación y mantener el déficit fiscal en niveles menores a un punto del producto no son compatibles con la atención a los déficit sociales. Aunque el proyecto no lo diga, resulta obvio que López Obrador piensa que reduciendo el gasto superfluo del gobierno se liberarán recursos cuantiosos. Sin embargo, serán insuficientes. Precisamente por eso la propuesta neoliberal no funciona.

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