Despojo de tierras, entre las denuncias documentadas

El CNI presentará a la ONU casos de abusos en Chiapas y Oaxaca

MATILDE PEREZ U.

La regional Oaxaca del Congreso Nacional Indígena (CNI) solicitará que se incluyan en el Informe alternativo sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, que diversas organizaciones no gubernamentales enviarán al Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, las violaciones a las garantías individuales y colectivas de los pueblos indios de Oaxaca y Chiapas. Entre otras, que la Secretaría Agraria chiapaneca impulsa ''mediante engaños" los programas de Certificación de Derechos Ejidales y Solares (Procede) y de Certificación en Comunidades en la región de Marqués de Comillas, y con el argumento de que los ejidos tienen demasías, los ''están despojando de miles de hectáreas donde se pretende reubicar a las comunidades desalojadas de Montes Azules''.

A propuesta de la Promotora por la Unidad Nacional contra el Neoliberalismo y para difundir a escalas nacional e internacional los problemas, se planteó participar en dicho informe con reportes de las denuncias presentadas, entre ellas que en Chiapas ''continúan los desplazamientos forzados de campesinos''. Se citó como ejemplo que en fechas recientes tres familias fueron expulsadas de sus parcelas en la comunidad de Casa del Pueblo, Venustiano Carranza, por grupos de guardias blancas "al servicio del cacique Jesús Orantes (actual diputado local por el PRI). Y también que continúa la militarización en la región de Marqués de Comillas".

Además, el problema de decenas de comunidades en resistencia contra el pago de las altas cuotas de electricidad en aquella entidad, cuya demanda es tener una tarifa fija y justa, "considerando que Chiapas es el principal productor de energía eléctrica. Se sabe que es por la intención de privatizar la electricidad. Por esa razón han violado nuestros derechos, llegando al grado de condicionar documentos y trámites en el registro civil y la inscripción de los niños a la escuela a cambio del último recibo de la luz pagado. Los cobradores nos cortan la luz y se acompañan de policías y del Ejército para hostigar e intimidar; incluso han encarcelado a personas injustamente", se indicó.

Asimismo se denunciaron diversos conflictos en comunidades indígenas de Oaxaca, como los políticos y agrarios en San Juan Lalana, que han costado una docena de asesinatos -aún impunes- de indígenas chinantecos; los conflictos agrarios de San Isidro Aloapam, Guadalupe Chindúa y Cacalotepec, La Lagunilla y Yosonotú.

También el problema en Unión Hidalgo, de la región del Istmo de Tehuantepec, donde la lucha contra la instalación de una granja camaronícola y contra la corrupción municipal han llevado a que integrantes del Concejo Ciudadano Unihidalguense hayan sido "reprimidos, asesinados, encarcelados y perseguidos mediante órdenes de aprehensión por delitos prefabricados", a partir de lo cual existen 27 mandamientos de captura contra miembros de esa organización. Tres personas han sido asesinadas "por la policía municipal, que actúa como organización paramilitar a las órdenes de Armando Sánchez Ruiz, casos en los que prevalece la impunidad", según se consigna en la relatoría de la primera reunión de la regional oaxaqueña del CNI, a la que asistieron, además de delegados de comunidades de este estado, representantes de comunidades y organizaciones indígenas de Chiapas y de Michoacán.

Analizan acciones

En la reunión, efectuada en el poblado de Arroyo Blanco, San Juan Lalana, el pasado fin de semana, se afirmó que el Procede "atenta" contra el derecho de los pueblos indios al territorio, a las tierras y al uso y disfrute de sus recursos naturales, además se hicieron propuestas de organización para la resistencia y para "crear fuerza política y presionar" para la solución de los problemas que enfrenta cada pueblo.

Se planteó también revisar otras experiencias, como la de Tlalnepantla, Morelos, en lo concerniente a la elección de las autoridades; conocer las leyes, como la Orgánica Municipal, los acuerdos de San Andrés y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y utilizar la defensa de los derechos humanos como herramienta para evitar o contrarrestar la impunidad y la injusticia.