Nora Patricia Jara

El DF y su futuro inmediato

Al no postularse como candidata a la presidencia del país, Marta Sahagún de Fox posiblemente será aspirante a la jefatura de Gobierno del Distrito Federal, opción que también considera el diputado panista Francisco Barrio. Como si la ciudad de México fuese premio de consolación para políticos con aspiraciones muy altas.

En medio del escándalo, tal y como empezó esta historia, no se puede desligar la falta de oficio y los intereses personales espurios, al grado de impedir la posibilidad de que un gobernante electo por miles de habitantes pueda ejercer su derecho a ser votado, al igual que la señora Marta tiene ese derecho, o el mismo ex gobernador de Chihuahua, quien ha dicho que quiere ser presidente o al menos alcalde.

La disputa por los espacios de poder lleva a nuestra clase política a seguir destapando todo lo que se había intentado mantener oculto, porque al fin y al cabo es un escándalo. Sacar a la luz lo que es sucio, corrupto o ilegal, lo que se hace detrás de la opinión pública, de los organismos fiscalizadores, lejos de los ojos del pueblo -ha escrito Norberto Bobbio-, robustece lentamente la tesis sostenida por el gobernante tabasqueño, tal como se interpreta en la carta de renuncia del ex secretario particular y ex vocero del Ejecutivo federal, Alfonso Durazo.

El llamado complot se entiende bien en el ámbito de la conjura y la intriga, intentando socavar su autoridad (del jefe de Gobierno capitalino) con argumentos legaloides que, de prosperar, abrirían la caja de Pandora que alcanzaría a los mismos jueces y gobernantes de la estructura federal, ya que entonces cualquier servidor público "incómodo" podrá ser demandado judicialmente.

Recientemente, los militantes del PRD en el DF anunciaron una movilización de 100 horas para evitar una descalificación temprana rumbo al proceso sucesorio de 2006. Las demandas laborales interpuestas en contra del actual responsable del gobierno, quien presuntamente incurrió en desacato por no reinstalar a 30 trabajadores que fueron despedidos en la pasada administración defeña, supuestamente se traduce en la no obediencia de la ley, pero este "delito" es curiosamente el mismo que han cometido los responsables de diversas secretarias o entidades públicas, que tampoco habrían respetado el estado de derecho, según lo confirman los miles de juicios o demandas laborales en contra de instancias por despidos injustificados e ilegales, que de 2000 a julio de 2004 llegan a 27 mil 740 casos que están en manos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.

De ese universo, casi 11 por ciento son juicios que corresponden al gobierno local y uno por ciento a conflictos intersindicales. Según una revisión del Boletín Laboral Burocrático, en lo que va del primer semestre del año se registran 5 mil 924 demandas, casi el mismo número que se registró en todo 2001, con 5 mil 526. El año siguiente, 8 mil 173, y en 2003, 8 mil 117. En estos miles de juicios los trabajadores alegan que fueron apartados de sus puestos injustificadamente con base en el artículo 5Ɔ. constitucional, que establece que ninguna persona puede ser impedida de dedicarse a una profesión, industria, comercio o trabajo o ser privado del producto del mismo. Y en el caso de los burócratas, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado dice que ningún trabajador podrá ser cesado sino por "justa causa".

Con estos argumentos, y tal vez con la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rechazar la controversia que presentó la ALDF contra el proceso de juicio de desafuero que se sigue a Andrés Manuel López Obrador, se dé una cascada de demandas: 5 mil amenazan con interponer los perredistas, y además se sumarían los que se retiran "voluntariamente a fuerza" para terminar poniendo un changarro, todo con tal de librarse de malos salarios, tiempos extras, porque si se reduce el personal se duplica la carga de trabajo, o los que creyendo en el cambio denunciaron la corrupción en las dependencias donde laboraban antes de ser despedidos o removidos a lugares lejanos de un día para otro, como han denunciado maestros en el norte del país.

Y qué decir de la actuación de los jueces y magistrados en todo esto. Podrían ser demandados también por dilación de la justicia, porque ahora lo que antes llevaba tres años tarda hasta siete, y en cuanto a antecedentes, en 1995 los trabajadores interpusieron 18 mil 319 demandas que en 97 aumentaron los laudos que hoy en día difícilmente pueden ser ejecutados.

El hecho que se observa es que los mandos superiores en el servicio público, jueces, magistrados, presidentes de juntas especiales del área laboral y secretarías públicas pueden ser destituidos mediante denuncia ciudadana. Podría ser una de las razones por las que el máximo tribunal del país rechazó intervenir en el juicio de desafuero contra el gobernante de la capital, dejando en manos de los políticos decidir su futuro inmediato.