México D.F. Miércoles 7 de julio de 2004
Se queja de que el IMSS desoye recomendaciones
Las autoridades, responsables de la inseguridad: Soberanes
JOSE ANTONIO ROMAN
La
inseguridad pública "hoy por hoy" es el "gran reto" de la sociedad
mexicana, donde "todas las autoridades son responsables", afirmó
el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
José Luis Soberanes Fernández, quien dijo que este problema
se suma a los tres grandes que enfrenta el país en materia de derechos
humanos: las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez; la violación
a los derechos de los migrantes -tanto nacionales como extranjeros- y la
situación en que se encuentran los centros penitenciarios del país.
En reunión de trabajo con los integrantes de la
Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República,
el ombudsman nacional reiteró su queja contra del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual a partir de este año
ha asumido una "política de me vale", al no aceptar ya ninguna recomendación
emitida por la comisión.
Aseguró que el deterioro en la prestación
de los servicios del sistema público de salud no es sólo
un problema de carácter financiero o estructural, sino también
de negligencia y falta de responsabilidad social, jurídica y solidaria.
Precisó que desde el año pasado, las autoridades de salud
son la primera instancia violatoria de los derechos humanos, aun por encima
de las procuradurías de justicia y cuerpos policiacos. En 2003 hubo
589 quejas, y en lo que va del presente año ya se tienen registradas
221.
Señaló que esta política del IMSS
de "me vale" y de no recibir ninguna recomendación, se da incluso
contra una orden pública del presidente Vicente Fox. El presidente
de la CNDH demandó el apoyo del Senado para frenar la caída
y el desgaste de los servicios públicos de salud.
Durante la reunión, que duró poco más
de dos horas, el ombudsman nacional y los legisladores intercambiaron
puntos de vista sobre el estado que guarda la protección de los
derechos humanos en el país, al que se sumó el problema de
la inseguridad pública, del cual la sociedad mexicana ya lanzó
una seria advertencia a todas las autoridades.
En la mesa también se trató el tema de la
llamada guerra sucia y la solicitud de amnistía. Nuestra
opinión -dijo Soberanes- es que se investigue y se deslinden responsabilidades;
si el Congreso quiere darles amnistía, pues eso será cuestión
de los legisladores, pero en caso contrario habrá que actuar jurídicamente
y llevar a los culpables ante la justicia, meterlos a la cárcel
y castigarlos. Esa es mi opinión personal, recalcó.
Informó a los senadores que, a petición
del Consejo Consultivo de la CNDH, este organismo nacional prepara un informe
especial sobre seguridad pública y una recomendación general
sobre la libertad de expresión, así como una propuesta para
que se instaure una defensoría que asesore y atienda a las víctimas
del delito.
Detalló que se tiene previsto que el informe especial,
que podría estar en octubre o noviembre, incluya un censo de los
principales delitos cometidos -incorporando la cifra negra que no
se denuncia-, como pueden ser el secuestro, homicidio, violación
y asalto. Comentó que para dar con estas cifras se abrirá
un servicio telefónico 01800, a fin de que la ciudadanía,
guardando el anonimato, pueda denunciar para llevar el registro y acercarse
así a la cifra negra de los delitos.
En cuanto al tema de las mujeres asesinadas en Juárez,
el presidente de la CNDH señaló que constituye el "asunto
más importante de esta época" en materia de derechos humanos
en el país, que demanda una profunda solución. "Los homicidios
en Juárez es algo que lacera nuestra dignidad como nación;
somos objeto de severas críticas en el extranjero y con justificada
razón".
Presentó también a los legisladores los
múltiples casos en que las autoridades gubernamentales ignoran las
recomendaciones de la CNDH y la imposibilidad de sancionar a la autoridad.
Sugirió, entre otras cosas, que al organismo de derechos humanos
se le otorguen facultades similares a las de la Procuraduría Federal
del Consumidor para sancionar a quien no conteste o no rinda el informe
correspondiente. "Yo creo que esto llamaría al orden a muchas autoridades
que no responden o rinden informes falsos."
Por su parte, los senadores ofrecieron su apoyo total
a la CNDH para fortalecer sus facultades. Sadot Sánchez, presidente
de la citada comisión, informó que en breve habrá
modificaciones que permitirán a los legisladores llamar a cuentas
de inmediato a las autoridades que incumplan las recomendaciones emitidas
por la CNDH.
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