La marcha del 27 de junio abrió sendos debates sobre cómo interpretar su significado y sus alcances. Al mismo tiempo, parece haber desatado una disputa entre quienes buscan capitalizar la inconformidad ciudadana con fines políticos. Esta manifestación "histórica", según calificaron medios, analistas y otros actores, fue producto del hartazgo y la impotencia de la gente frente a la inseguridad, pero llegó de la mano de una campaña mediática sin precedentes. La participación en su organización de grupos identificados con la derecha ha provocado lecturas encontradas. Una de las más reveladoras la hizo el secretario de la Defensa Nacional, quien llamó a la clase política a no repetir los errores de la división entre mexicanos, como ocurrió en el siglo XIX. ¿Estaremos de nueva cuenta en una confrontación abierta entre conservadores y liberales?

–OYE, EL PALACIO DE GOBIERNO ES ACA, ¿no? –y la señora, de mediana edad, vecina de Las Lomas, señala hacia el Palacio Nacional–. Entonces, ¿por qué gritan allá? –y señala al edificio del antiguo ayuntamiento, donde despacha Andrés Manuel López Obrador.

Quizá esta capitalina que asistía por primera vez en su vida a una marcha –y lo hizo el pasado domingo como cientos de miles, movida por la indignación ante la inseguridad pública– no sabía bien a bien por qué los gritos de algunos pequeños grupos se concentraban frente a la oficina del tabasqueño. Pero muchos de los promotores y de quienes quisieron utilizar la marcha políticamente sí que lo tenían bien claro.

López Obrador, por su lado, les dio un empujoncito. En lo que respecta a la marcha, cometió un error tras otro.

Días antes de la movilización, Alejandro Encinas, secretario de Gobierno capitalino,
la calificó como una maniobra de la “ultraderecha” contra la administración perredista y cuestionó la “campaña” de algunas televisoras. El jefe de Gobierno del DF se sumó a la descalificación al insistir en que detrás de la manifestación estaban “integrantes del PAN y grupos como El Yunque (grupo de ultraderecha)”.

Los funcionarios del DF se equivocaron al no seguir con el tono que Encinas Rodríguez tuvo hasta el mismo domingo: “Hay demandas totalmente legítimas que tendremos que atender”.

Pero tras la marcha, López Obrador guardó silencio. El lunes, presionado por los medios, reconoció la participación de las víctimas de la delincuencia y su derecho a manifestarse. Sin embargo, también dijo que en la movilización hubo “manipulación” de las derechas, oportunismo del gobierno federal y “amarillismo” de algunos medios. Vino la andanada en su contra.

Al respecto, el escritor Carlos Monsiváis consideró un error la descalificación: “La importancia de la marcha desborda con amplitud los propósitos necesariamente lamentables de El Yunque y la ultraderecha. Si alguien no lo ha dicho debía decirlo: ‘Se hace el mensaje al marchar’, y el mensaje del domingo en la mañana es de respuesta colectiva, de exigencia a las autoridades y de solidaridad con las víctimas.

“A la izquierda –siguió el cronista– le toca analizar con cuidado y rapidez el mensaje múltiple de la marcha, pero sin confundir la intención de unos con la elocuencia del acto mismo. De antemano, creo posible afirmar que fue una marcha muy significativa de esa zona que no pertenece a la izquierda o a la derecha, sino a la angustia de la ciudadanía y a la urgencia del estado de derecho”.

“Si frente a la inseguridad no aplazamos nuestras diferencias, concluyó, nunca construiremos los espacios mínimos para el diálogo”.

Pero esto no ocurrió y el ruido de la propuesta de pena de muerte a secuestradores y violadores lo confirma.

En este contexto, López Obrador, el martes 29, insistió en sus argumentos de la conspiración. Sin embargo, precisó (o se retractó como dijo un comentarista) que es “sensible al reclamo contra la inseguridad” y que “la responsabilidad para combatir el delito no es de la sociedad sino de la autoridad”.

Ante el “desaire” del mandatario capitalino, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza, pidió la renuncia de López Obrador a nombre de los empresarios. Al día siguiente, Alberto Núñez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, lo contradijo: “La Coparmex nunca pidió la destitución o renuncia de López Obrador. Lo que es necesario es avanzar en cuanto a la seguridad pública y que se tomen en cuenta las demandas que planteó la sociedad durante la marcha”.

López Obrador optó, a partir del miércoles 30, por ya no hablar del tema.

¿Habrá rectificación? Desde diversos flancos, los críticos señalan que el gobierno perredista no puede seguir minimizando o adjetivando el tema de la inseguridad.

En cambio, la Presidencia de la República se subió a la ola: “Bienvenida la fuerza y la participación de la ciudadanía. La República celebra el ejemplo de unidad y solidaridad”. A pesar de estos guiños, Vicente Fox no pudo evitar las críticas a su gobierno por los manifestantes.

Aunque el mismo Fox ha rechazado la propuesta, el procurador Rafael Macedo y el secretario de Seguridad Pública federal, Alejandro Gertz, se subieron a su manera la ola y desataron el debate sobre la pena de muerte, propuesta rechazada por la mayoría de partidos, incluido el PAN, y hasta por los promotores de la marcha.

“Esto apenas comienza”, aseguran tanto promotores como críticos de la manifestación, que fue, más allá de las interpretaciones, una expresión de indignación ciudadana, alimentada por la experiencia personal y colectiva del miedo y el hartazgo por la inseguridad pública y la incapacidad de las autoridades para combatirla.

Las organizaciones que convocaron la marcha reconocieron que la respuesta los rebasó y que trascendió siglas e intenciones políticas. Pocos ven en esta marcha el nacimiento de un gran movimiento por los derechos civiles. Lo que sí es perceptible es que fue una demostración clara de desilusión hacia el gobierno del cambio y de rechazo a las posiciones “insensibles” del jefe de Gobierno capitalino.

Al insistir en la “conspiración de la derecha”, López Obrador pagó el costo de no reconocer abiertamente el legítimo reclamo ciudadano. Y Fox actuó como si los reclamos no lo incluyeran: “La sociedad tiene razón... tenemos que hacer mucho más.”

Pero si muchos de los marchistas eran de las clases medias, ¿no estamos también frente al desencanto del voto útil?

Por mucho que el impacto principal fue en la ciudad de México, no debe olvidarse que también hubo protestas significativas en otras partes del país.

Destaca Tijuana, donde unos días antes habían asesinado a Francisco Ortiz, editor del semanario Zeta. Fue en esa ciudad, al comenzar su sexenio, donde Fox lanzó su guerra total contra los narcotraficantes. Dos días antes de la marcha, el juez español Baltasar Garzón dijo que Tijuana era como Palermo en los peores tiempos de la mafia.

Antes de la marcha

El antecedente fue 1997. Tras una campaña mediática similar, que no cuajó, unos cuantos miles marcharon convocados por México Unido contra la Delincuencia y la protesta se diluyó. Entonces, fue expulsado de ese organismo Guillermo Velasco Arzac, acusado de intentar manipular políticamente el movimiento.

Este año fue diferente, a partir del secuestro –nunca denunciado ante las autoridades– y asesinato de los hermanos Gutiérrez, y mediante mensajes en Internet, fue cobrando fuerza la idea de una gran protesta contra los secuestros, que luego se extendió a la inseguridad en general y fue retomada por las televisoras y las principales estaciones de radio, que a lo largo de tres semanas la promovieron.

Entre los principales organizadores, además de María Elena Morera, de México Unido contra la Delincuencia, y Fernando Shütte, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Distrito Federal, destacan Guillermo Velasco Arzac y José Antonio Ortega Sánchez, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Justicia Penal, señalados como prominentes personajes vinculados a El Yunque, en el que también participa Ramón Muñoz, el superasesor de Fox.

La presencia de Velasco y Ortega generó polémica. El gobierno de la capital calificó la movilización como una maniobra de la “ultraderecha” en su contra y cuestionaron la “campaña” de las televisoras.

La andanada contra gobierno perredista arreció. Las notas sobre la inseguridad, secuestros, asaltos y ejecuciones pasaron a los titulares de los principales noticiarios, creando la percepción de que los delitos habían aumentado en los últimos meses, sobre todo en la capital del país. Esta imagen se proyectaba pese a que los organizadores de la marcha reconocían que los índices –por ejemplo de secuestros– habían disminuido año con año (Guillermo Velasco, 2 de junio).

Bajo el lema “Rescatemos a México”, los convocantes incluyeron 10 exigencias dirigidas a los tres niveles de gobierno –federal, estatal y municipal– para que sean atendidas de inmediato.

La avalancha mediática continuó. Incluso, la embajadora española Cristina Barrios hizo su parte al denunciar que en los últimos meses han sido secuestrados ocho españoles (cinco de las cuales habrían sido asesinados). López Obrador llamó “mentirosa” a la diplomática, pues en la procuraduría capitalina no había registros de extranjeros secuestrados en los últimos seis meses. Al ser cuestionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores por no utilizar los canales diplomáticos y al no obtener respaldo de su cancillería, la embajadora Barrios optó por el silencio.

Aunque López Obrador y otros perredistas se empecinaron hasta el último momento en considerar la marcha como “una maniobra de la ultraderecha”, una semana antes, el presidente del PRD, Leonel Godoy, declaró que independientemente de que algunos quisieran sacarle “raja política” a la marcha, “todos deben apoyar y aplaudir este esfuerzo ciudadano”.

Por su parte, el 18 de junio López Obrador volvió a cuestionar a los medios de comunicación por difundir información poco objetiva y construir la percepción de que su gobierno no hacía nada por combatir la inseguridad. Insistió en que detrás de la manifestación había integrantes del PAN y grupos como El Yunque.

La polémica no se hizo esperar. El CCE lamentó la postura del gobernante capitalino. Alberto Núñez, presidente de la Coparmex, declaró “que los pleitos entre la derecha y la izquierda no sirven para ocultar los problemas reales y la incapacidad del jefe de Gobierno ante un problema de inseguridad que ya lo rebasó”.

Pero López Obrador, seguro del complot en su contra, declaró que detrás de quienes hablan sobre un incremento en las cifras del secuestro, “hay intereses políticos”. Pero admitió el derecho a manifestarse contra la inseguridad.

En vísperas de la marcha, el presidente Fox dijo que “ningún gobierno se puede lavar las manos” de su responsabilidad y saludó la movilización. Algunos convocantes cuestionaron su intención de colgarse de la marcha.

"La madre de todas las marchas"

Así se referían comentaristas de radio y televisión cuando transmitían en vivo las escenas del centro de la capital repleto de gente. “La mayor marcha ciudadana que jamás haya visto este país”, editorializó Televisa.

No puede olvidarse que un lugar central en la marcha lo ocuparon las madres de las muchachas de Ciudad Juárez que, como decenas de familiares y amigos, portaron las fotografías de las víctimas en mantas y carteles.

También resultó interesante la participación respetuosa y respetada de un grupo de jóvenes anarco-punks que se pasearon por el Zócalo con un performance sobre la reciente represión policiaca a manifestantes en Guadalajara. Su mensaje fue contundente: “Si no hay justicia para los pobres, no habrá paz para los ricos”.

Al final, un supuesto carterista estuvo a punto de ser linchado por la multitud. Frente a la puerta de la sede del gobierno capitalino se escuchaban gritos: “¡Línchenlo!”, “¡mátenlo!” Voces que clamaban justicia por propia mano y que reflejaban los riesgos de la histeria frente a la inseguridad.

Después de la marcha

A pesar del éxito de su convocatoria, entre las organizaciones convocantes han surgido diferencias respecto de cómo darle continuidad a la movilización. La marcha generó muchas expectativas sobre poner fin a la corrupción y a la impunidad, lo cual difícilmente ocurrirá (95% de los delitos quedan impunes).

Después de que voceros de la marcha criticaron a Fox por no recibirlos en los Pinos, el 1 de julio, el Presidente se reunió con representantes de 11 de las 80 organizaciones que participaron en la manifestación. Antes se habían reunido con Santiago Creel y acordaron instalar una mesa de trabajo. Por su parte, el GDF anunció que ya trabaja para atender las diez demandas.

A nombre de las organizaciones, Laura Elena Herrejón, del Movimiento Provecino, y Fernando Schütte declararon que Guillermo Velasco no era su representante.

La marcha recibió una cobertura inusitada para una acción ciudadana (un comentarista recordó que ojalá así hubiera ocurrido con el reconocimiento de los derechos indígenas –la televisión canceló la transmisión directa del arribo de la marcha zapatista en 2001 al Zócalo).

En radio y televisión se dieron interpretaciones sobre los alcances de la marcha y se invitaron a políticos, intelectuales y periodistas para analizar el fenómeno.

En ese sentido, los medios de comunicación confirmaron ser un poder real en el país –sin contrapeso ni control–, capaz de movilizar a sectores de la sociedad y de hacer de juez de políticos y gobernantes. Eso plantea varias preguntas: ¿A quién rinden cuentas de su actuación los medios? ¿Tendrán igual apertura hacia los ciudadanos para otros temas nacionales?

Como dijera el clásico, a partir de ese domingo la sociedad civil será un espacio de la disputa cultural entre las izquierdas y las derechas. O parafraseando al secretario de Defensa, Clemente Vega García, quizá México sea escenario de la lucha entre conservadores y liberales.