Guillermo Almeyra

Los criminales no pueden juzgar al criminal

El "presidente" Allawi fue, en sus comienzos, espía, delator y "porro" baasista entre los estudiantes árabes e iraquíes, para pasar luego a ser espía de los servicios de inteligencia ingleses, después y contemporáneamente, de la Agencia Central de Inteligencia estadunidense (CIA), de los sauditas y de 13 países más, y fue colocado en el poder en Irak por el "dictador" (son palabras del enviado de la Organización de las Naciones Unidas, Brahimi) el estadunidense Bremer (que había anulado la pena de muerte, pero estableció que su marioneta la reinstaurara al día siguiente de su partida). Allawi fue así cómplice de la dictadura baasista y después agente a sueldo, contra su país, de diversos países extranjeros, entre los cuales están los invasores y ocupantes. No puede, por consiguiente, juzgar a Saddam Hussein ni a nadie; para colmo, no hay en Irak un parlamento que pueda nombrar un tribunal imparcial (el actual es el de los agentes de los ocupantes) y Estados Unidos no reconoce la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional, de modo tal que el vacío jurídico es completo.

El Departamento de Estado, por su parte, apoyó, financió y armó a Saddam Hussein en su guerra de ocho años contra Irán, que consideraba (y considera) una amenaza religiosa y militar a la estabilidad de las monarquías árabes sunnitas del Golfo. Durante todos los años 80, periodo en el cual Hussein cometió los crímenes que justamente se le imputan, el dictador baasista fue la pieza central del dispositivo estadunidense en la zona y fue pagado por la CIA debido a su anticomunismo (por eso la acusación ni siquiera recuerda, como delito, el asesinato de los líderes comunistas iraquíes y de miles de miembros de ese partido). El actual ministro de Defensa estadunidense, Donald Rumsfeld, elaboró en 1983 los acuerdos militares con Saddam Hussein que lo respaldaron en la guerra contra Irán. El mismo Rumsfeld estaba en Irak cuando el régimen asesinó con gas en Halabja a los kurdos, y ese gas y las armas químicas fueron vendidos por Estados Unidos y Alemania a tal punto que en los años 90 Estados Unidos recuperó esas instalaciones una por una y las desmanteló en nombre de la ONU, como recordó el ex inspector Scott Ritter. El presidente George Bush padre, por su parte, impidió con su veto en 1988 las sanciones del Congreso por la utilización de gas venenoso contra los kurdos porque Estados Unidos era el principal comprador del petróleo iraquí. Además, Washington, por medio de su embajadora en Bagdad, alentó a Saddam Hussein a invadir Kuwait (que bajo la ocupación turca formaba parte de la misma provincia que Irak y es un país inventado por los ingleses, lo cual daba pie a la idea de reconquista). Fue también Bush padre quien, en 1991, detuvo ante Bassora los ejércitos de la coalición, en la Guerra del Golfo, dejando a su suerte a los rebeldes chiítas, que eran proiraníes, y que fueron masacrados por Saddam Hussein. Por último, Estados Unidos, con su embargo a Irak que costó un millón 800 mil muertos (sobre todo niños y ancianos), reforzó a Saddam Hussein y debilitó al pueblo iraquí. Con su guerra de ocupación colonialista destruyó la infraestructura sanitaria, la luz, el agua, las fuentes de trabajo, saqueó las riquezas culturales del país, aniquiló las bases del aparato estatal del mismo, causó decenas de miles de muertos y una desocupación superior a 60 por ciento, dio rienda libre a la delincuencia, robó el petróleo del país. De modo que en todos los crímenes de Saddam Hussein, Estados Unidos figura, por lo menos, como cómplice, sino como instigador o mandante.

La misma foto de Saddam Hussein campea hoy en todos los diarios del mundo, y la televisión de lengua árabe ha protestado porque el "gobierno" fantoche de los ocupantes les dio una versión filtrada y depurada de las palabras del rais enjuiciado. El proceso, por consiguiente, es una farsa, porque los criminales están de ambos lados de la barrera que separa al acusado de los acusadores y porque, inclusive formalmente, está viciado de nulidad absoluta. Saddam Hussein, sin duda, debe ser juzgado. Pero no por sus cómplices, sino por sus víctimas (todas ellas, incluidas las de izquierda, que fueron las primeras) o, al menos, por el Tribunal de La Haya, donde el imputado podrá disponer al menos del derecho de defensa (que, en este caso, más bien consistiría en el derecho a denunciar a quienes hoy pretenden ajusticiarlo tras un proceso farsesco).

Los vencedores quieren borrar su corresponsabilidad en los crímenes de Hussein liquidando a éste lo antes posible. Lo necesario, en cambio, es un juicio contra aquél y contra los dictadores sostenidos o impuestos por las grandes potencias durante la guerra fría, en el cual se juzgue también la política imperialista, la subversión constante de la paz interna de los países dependientes por parte de las agencias de inteligencia imperiales, así como el papel de las empresas petroleras y armamentistas, sobre todo en el Medio Oriente.

Es bueno -y raro- que un país pueda ajustar cuentas con un dictador. Pero éste corre el riesgo de convertirse en mártir de la nación árabe, y no sólo de los iraquíes, porque lo juzgan los multiasesinos, los opresores de siempre. La exigencia internacional de un juicio imparcial no sólo defenderá la justicia, sino que también permitirá analizar a fondo las responsabilidades tanto del asesino hoy en el banquillo como de sus igualmente criminales acusadores.