En Tapachula y Comitán el grupo Beta ha atendido a 4,754 indocumentados en 5 meses

En ascenso, número de centroamericanos que intentan cruzar México ilegalmente

ALONSO URRUTIA ENVIADO

Guatemala, 3 de julio. El sostenido incremento de la migración por la frontera sur de México ha implicado un aumento de las cifras de atención a indocumentados por parte de los grupos Beta. En los primeros cinco meses del año los servicios que han requerido los ilegales centroamericanos representan ya 61 por ciento del total de los reportados durante 2003, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).

Dos grupos apostados en Tapachula y Comitán, Chiapas, han atendido a 4 mil 754 migrantes que han requerido auxilio en su fallido intento por internarse en territorio mexicano, en su mayoría de manera transitoria, para dirigirse a su destino final: Estados Unidos. Las cifras no incorporan la atención a indocumentados centroamericanos en el norte del país, donde se incrementan los riesgos.

En buena medida esto ha permitido reducir durante el año en curso el número de muertes de indocumentados centroamericanos, pues al mes de mayo únicamente habían fallecido ocho ciudadanos de origen guatemalteco por causas atribuibles a riesgos físicos: deshidratados sólo cuatro y el resto por diversas causas.

Quizá el caso de Guilder Alvarez Barrera sea el más dramático. El reporte oficial sobre su muerte atribuye el deceso al impacto que tuvo una anemia aguda: sección de la arteria femoral provocada al tratar de abordar un tren en movimiento.

Sin embargo, es el único fallecimiento por ese tipo de percances. Los grupos Beta dan cuenta de otros 27 casos en los que los migrantes han sufrido la amputación de algún brazo o pierna debido a las difíciles condiciones de viaje.

Para autoridades de Guatemala, esta es sólo una parte de los riesgos que enfrentan los centroamericanos. A éstos se deben añadir otros que también los acechan en su camino: asaltos e incluso homicidios, así como la violación a sus derechos humanos. La cifra de muertes y heridos no recogen los provocados por la violencia humana.

Empero, de acuerdo con el reporte de los grupos Beta -que se limita a dar cuenta sobre la información en materia de derechos humanos y de riesgos de violencia-, únicamente al mes de junio este tipo de orientaciones ya superaba 36 por ciento el total contabilizado en 2003, en gran medida por el aumento sustancial del flujo migratorio, estimado en 50 por ciento, entre 2002 y 2004.

Las violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos son atribuidas en gran medida a la corrupción que impera entre las autoridades de ambos lados de la frontera. Quizá por ello, como parte del Acuerdo de Repatriación Segura y Ordenada, se incorpora el combate a la corrupción en las áreas migratorias de ambos gobiernos.

En el caso de Guatemala, en el contexto de la firma del citado arreglo, se denunció que durante 2003, todavía bajo el gobierno de Alfonso Portillo -a quien el nuevo gobierno investiga por corrupción-, se dio el hecho de que la repatriación de 89 mil migrantes centroamericanos no fue completada. Según denuncias en este país, la mayoría se las arregló para permanecer en esta nación y buscar eventualmente internarse de nueva cuenta a territorio mexicano.

Con el nuevo arreglo, México asume el compromiso de financiar el traslado de indocumentados de El Salvador y Honduras a su país, a cambio de que la vigilancia en los autobuses que los trasladen esté a cargo de la policía nacional guatemalteca. Las cifras no son menores: 89 mil de ambos países.

El aumento en la migración centroamericana ha obligado al INM a ampliar la capacidad de las estaciones migratorias en el sureste del país, esencialmente en Chiapas. Ya se proyecta la construcción de una nueva estación migratoria en esa entidad, con el propósito de revertir el hacinamiento que ha provocado el aumento del flujo migratorio.