Ilán Semo

La frágil estabilidad

Olvido y perdón. Dos palabras que no parecen encontrar su camino en los rituales de la memoria política actual. Puestas en el discurso de cualquier miembro del gabinete, pasarían desapercibidas. Pero como acotaciones alusivas y precisas del secretario de la Defensa cifran una probable advertencia. Sobre todo si trata de la primera declaración oficial frente a la ley de desapariciones forzadas que promulgó recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La ley implica -o podría implicar- a muchos de los militares envueltos en las desapariciones, crímenes y torturas que fijaron ese momento de la historia reciente en que la contención de la oposición se confundía discrecionalmente con la liquidación de los opositores. El término guerra sucia expresa con triste precisión la cruzada -no hay otra manera de llamarla- que emprendieron las fuerzas armadas en los años 70 para desmantelar a los grupos guerrilleros que se multiplicaron después de 1968 en todo el país. Sucia porque nunca fue declarada, oficial, porque devastó los derechos y la existencia de poblaciones enteras (durante la campaña militar contra Lucio Cabañas), familias enteras (durante la persecución de los miembros de la Liga 23 de Septiembre) y organizaciones civiles enteras (que protestaban contra la represión en aquellos años). Guerra porque se desplegó como un combate contra un enemigo externo, que siempre supone un peculiar estado de excepción.

ƑA quién perdonar? ƑA quién conciliar?

A la Procuraduría General de la República tocó disipar las dudas que había propiciado la ambigüedad del discurso oficial. En suma, el subprocurador federal José Luis Santiago Vasconcelos demandó poner punto final a las indagaciones sobre la guerra sucia que había elaborado hasta la fecha la fiscalía especial dedicada al caso: "Olvidemos todos los enconos que pudiera haber generado esta división entre nosotros, unámonos y rescatémonos". Una manera metafórica de decir: "advertencia". Aunque aclaró: "No es una advertencia, sino un exhorto a estar unidos".

El olvido tal vez no alivie pero une, "rescata", en esta variante antifreudiana de la elaboración del pasado. Unidos en el olvido seremos mejores. El argumento central para olvidar y perdonar es "evitar confrontaciones innecesarias (entre el Ejército y los otros poderes, se supone), perdonar a quienes fueron obligados (por sus superiores, se supone) a perpetrar esos actos ilegales". Así, dos miembros del gabinete, el procurador y el secretario de la Defensa, han pedido de esta manera que la ley recientemente aprobada no sea puesta en vigor, es decir, que la SCJN y las otras instituciones del Poder Judicial ejerzan una suerte de desacato de lo que han aprobado después de años y años de deliberar.

Las discusiones sobre el perdón o no a los militares envueltos en los sucesos de esa década tienen una larga historia. Y la seguirán teniendo. Al igual que los individuos, las sociedades no olvidan por un acto de voluntad o una decisión jurídica. Proust decía que hay una memoria voluntaria, lo que queremos recordar, y otra involuntaria, lo que recordamos a pesar de lo perturbador que sea. Tal vez la memoria social siga los mismos procedimientos. Los traumas y las heridas provocadas por un poder sin freno son parte de una historia que queda por elaborar. ƑPor qué, entonces, recurrir al viejísimo argumento que ve en la intervención del Poder Judicial civil sobre la historia de los militares un atentado contra la (de por sí precaria) estabilidad del país? Tal vez sea algo más que un argumento.

Léase como un ejercicio de reconciliación nacional o como una advertencia, el principal destinatario del mensaje es la Presidencia de la República misma. La división en Los Pinos ha alcanzado probablemente su punto más crítico. El dilema es que se trata de una Presidencia vacía, aislada de la sociedad, empeñada en armar una facción con destino a 2006, que ha dejado de hablar con las fuerzas civiles y que suponía (en política "suponer" es un verbo infantil) que los fiscales de la nación estaban de su lado.

El segundo destinatario es la SCJN. ƑCómo van a reaccionar sus miembros al ver que una de las decisiones fundamentales que adoptaron en los pasados cuatro años es refutada al día siguiente de su aprobación? La historia reciente de la Corte ha sido paradigmática. Una institución que, después de décadas de inercia y ambigüedad, ha despertado con una autonomía inusitada. Un intento de crear una cultura de la ley en un océano de fuerzas que sólo buscan evadirla (šlegalmente!) cuando se afectan intereses particulares.

La ironía es observar a fiscales exigiendo ser dispensados del ejercicio de la ley.

El Ejército tiene sus propios argumentos para demandar esta suerte de amnistía global. Puede y debe defenderlos legal y públicamente. Puede y debe convertirse en el Ejército de un efectivo sistema democrático. Pero convertir al fiscal de la República en su abogado principal no parece el camino idóneo para hacerlo.