Pide investigar la relación del narco con el feminicidio

ONG difunde "propuesta de intervención" en Juárez

Demanda fincar responsabilidades a funcionarios omisos

FABIOLA MARTINEZ

La Comisión Mexicana de Derechos Humanos (CMDH) difundió ayer una propuesta de "intervención ante el feminicidio en Ciudad Juárez", documento elaborado con la participación del Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.

La CMDH afirma que de los 330 asesinatos de mujeres cometidos de enero de 1993 a noviembre de 2003, 105 fueron seriales (32 por ciento), 46 "seriales organizados" y 274 de género.

Esta asociación plantea que la autoridad debe retomar líneas de investigación no atendidas, en particular la relación del feminicidio con sicarios del narcotráfico y que, en este sentido, es necesario fincar responsabilidades penales a las autoridades de Chihuahua, incluidos ex gobernadores, que permitieron la impunidad.

En conferencia de prensa, Eugenia Diez, directora de la CMDH, dijo que el "modelo" referido fue elaborado con el propósito de "servir como una guía para evaluar, desde la sociedad, las acciones de las distintas autoridades públicas a fin de aclarar y prevenir asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez".

Tras mostrar su acuerdo con los primeros informes de la fiscal especial María López Urbina y la comisionada Guadalupe Morfín, dijo que una de las claves principales para resolver esta problemática es "llegar a los asesinos a través de los malos servidores públicos que los habrían descubierto".

La comisión parte del supuesto de que los crímenes referidos tienen, mayoritariamente, carácter de género, mientras que entre 30 y 40 por ciento de los homicidios "podrían ser de tipo serial".

Ante ello propone una veintena de acciones específicas para avanzar en la investigación, entre los que destaca la aplicación de una auditoría completa de las operaciones (asesinatos y desapariciones); identificar y desarticular las redes de corrupción; ofrecer canales para las denuncias anónimas, así como recompensas y facilidades a testigos protegidos, y ejercitar acción penal en los casos de negligencia, encubrimiento, fraude procesal y tortura.

El punto central, dijo, es "desmantelar el narcopoder", identificar las redes de lavado de dinero y proceder al aseguramiento del mayor número de activos que sea posible y, en especial, profundizar las investigaciones sobre los servidores públicos y políticos que han brindado protección a las organizaciones criminales.