El acto sería ilegal porque no ha finalizado el juicio de amparo, dice Bárbara Zamora

El juez César Flores adelantará opinión jurídica sobre extradición de seis vascos

Si cumple su ''advertencia'' incurriría en desacato judicial, señala la litigante

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

A pesar de contar con una suspensión definitiva que impide su extradición a España, mientras se sustancia el juicio de amparo que solicitaron desde marzo pasado contra su "ilegal" detención, y aunque éste no ha concluido en segunda instancia, el juez segundo de distrito en materia penal, Cesar Flores Rodríguez, notificó ayer a los seis vascos presos desde hace más de un año en el Reclusorio Norte, que a más tardar el próximo miércoles emitirá la opinión jurídica que le solicitó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por medio de la cual el juzgador indicará a la cancillería si es procedente la entrega de los reclamados a las autoridades españolas.

La acción del impartidor de justicia fue calificada de "arbitraria y caprichosa" por Bárbara Zamora, abogada de los vascos, quien refirió que la celeridad con que el juez pretende emitir su opinión se debe a que "seguramente está cediendo a las presiones de la Procuraduría General de la República (PGR)".

La litigante agregó que en caso de que el juez "cumpla su advertencia", incurriría en el delito de desacato judicial, y tendría que ser castigado penalmente por ello, como en el caso imputado a Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal, a quien la PGR acusa de ese supuesto acto ilícito y por ello pide su desafuero.

El acuerdo emitido por el juez Flores Rodríguez les fue notificado en sus celdas a Félix Salustiano García, María Asunción Gorrochategui, Ricardo Ernesto Sáenz García, Luis Castañeda Vallejo, Asier Arronategui Duralde y Juan Carlos Artola Díaz, quienes fueron detenidos entre el 19 y 20 de junio de 2003, durante un operativo efectuado en varias entidades del país por elementos de la Agencia Federal de Investigación de la PGR.

La determinación del juzgador se dio casi un mes después de que el grupo de vascos perdió un amparo en primera instancia -el juicio está en revisión en el séptimo tribunal colegiado en materia penal, el cual tiene programado para el próximo 8 de julio la sesión en que resolverán en definitiva el asunto-, y más de dos meses después de que el Ministerio Público Federal envió un escrito al juez para solicitarle que emitiera su opinión, incluso antes de que se resolviera el juicio de garantías de los quejosos.

En el acuerdo, el juez establece que en los próximos cinco días hábiles, que comenzarán a contar a partir de este jueves, emitirá su opinión jurídica. Desde junio de 2003 los vascos están sujetos a procedimiento de extradición a España, debido a que el juez de la Audiencia Nacional de ese país, Baltasar Garzón, los relaciona con la organización separatista ETA. No obstante, la opinión que debe emitir el juzgador no es definitiva. Si éste determina que sí es legal el envío a España de los reclamados, la última palabra la tendrá la SRE. Empero, la opinión es básica para que la cancillería adopte una decisión final.

Además, la historia judicial demuestra que no siempre la opinión de un juez es un referente confiable para la cancillería. Por ejemplo, el caso más reciente en temas de extradición de México a España, de ciudadanos de origen vasco, fue el de Lorenzo Llona Olalde, quien además era naturalizado mexicano. En septiembre pasado Llona logró evitar ser enviado a España, después de más de cuatro meses de haber permanecido en el Reclusorio Norte, y a pesar de que el juzgado 15 de distrito en materia penal avaló su extradición.

La cancillería mexicana -después de intensas presiones sociales para dar a conocer las irregularidades de ese caso- consideró que Llona no podía ser puesto a disposición de las autoridades españolas porque "había inconsistencias" jurídicas que impedían su extradición.

En el caso de los seis vascos que están actualmente presos, su abogada refirió ayer en entrevista que de cumplir su "advertencia" el juez segundo de distrito "incurrirá en una ilegalidad grave, porque habría anulado el derecho de los reclamados a agotar todos sus recursos de defensa antes de emitir su opinión jurídica, además de que violaría una suspensión definitiva de un amparo que aún no concluye". Asimismo, recordó que el pasado 2 de abril el juzgador emitió un acuerdo en el que establece que no emitiría su opinión jurídica antes de que se resolviera el juicio de amparo antes mencionado.

Para Bárbara Zamora, el hecho de que el juzgador se contradiga en sus criterios jurídicos representa una violación a la ley y obedece a la petición que la PGR le hizo a éste en días recientes, luego que le exigió que opinara de inmediato si procedía la extradición de los vascos, inclusive antes de que se resolviera su amparo.

La litigante refirió que el artículo 101 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que "ningún juez puede modificar ni variar sus resoluciones después de formuladas", por lo que "es contrario a derecho el acuerdo del juez emitido el pasado 13 de mayo".

Zamora puntualizó que aunque el juez segundo de distrito opine que sí ha lugar a la extradición de los vascos, sus clientes todavía cuentan con la posibilidad de interponer una nueva demanda de amparo. Esta sería contra la extradición, ya que el actual juicio de garantías fue solicitado contra la orden de detención a que están sujetos los presuntos miembros de ETA.