José Blanco

Marcha en tierra de nadie

En este espacio hemos insistido de modo recurrente en la tesis de que la mayor parte de los problemas de México tendrían solución -en plazos distintos- si los partidos políticos fueran capaces de llegar a acuerdos sobre la base de discusiones francas, con conocimiento de causa e información profunda. Desde luego, si además confluyeran fuerzas de facto de la sociedad civil, las posibilidades de avanzar serían mayores.

Esos acuerdos, sin embargo, son imposibles porque esas fuerzas políticas privilegian absolutamente la lucha permanente por el poder y, así, los acuerdos son vistos como ganancias de alguna de ellas. De acuerdo con la conducta de los partidos, "que la sociedad se pudra, pero conmigo en el poder de la República".

Las discusiones públicas en los días previos a la marcha del pasado domingo no fueron la excepción. Aunque todos los partidos terminaron oportunistamente "apoyando" la marcha, una esgrima dicharachera subdesarrollada dominó el panorama de las "declaraciones" mediante descalificaciones mutuas irracionales.

Que si la marcha era un asunto de la derecha o la ultraderecha. Vaya sentido democrático de quienes elaboraron sus críticas con esta tesis. La derecha y la ultraderecha tienen exactamente los mismos derechos políticos que la izquierda, la ultraizquierda y todos los que se ubiquen en medio. Lo único que podemos exigir de cualesquiera personas ubicadas en cualquier punto de ese abanico ideológico es que se ciñan a la ley y punto. Todo parecería indicar que los únicos con derecho a organizar marchas son las izquierdas y el "pueblo". Equívocos altamente sintomáticos de autoritarismos que asomaron la oreja sin disimulo y sin conciencia.

Que si en los de blanco había "mano negra", y que, en todo caso, lo que se proponían era asestar un golpe más a López Obrador. Por supuesto, cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con ese político y no lo quiera como Presidente de la República tiene absolutamente todo el derecho a manifestarlo abiertamente. Nada más eso nos faltaba.

Por supuesto, los dardos impensados abundaron: Fox repitió, inclusive este domingo, que la más alta criminalidad se da en la ciudad de México. Pero no ofrece un argumento que apoye su dicho. ¿De qué está hablando? López Obrador y colaboradores respondieron que en Yucatán, Morelos y Baja California, donde gobierna el PAN, los índices de criminalidad son más altos que en el Distrito Federal. En todo ello hay abundante falta de precisión. Fox parece expresarse de manera oscura deliberadamente.

Si en la ciudad "A" de 10 mil habitantes se dan 100 secuestros con asesinato y en la ciudad "B" de 30 mil habitantes se dan 200 secuestros con asesinato durante un mismo lapso, es claro que en la ciudad B hay el doble de crímenes que en la ciudad A, aunque "el índice" sea menor en la segunda ciudad. Tratándose de secuestros y asesinatos es claro que el tal índice es una gran tontería. No podemos referirnos al dolor humano con un número relativo. Cada persona es igualmente importante con independencia del tamaño de la ciudad en la que viva. De acuerdo con la "lógica" de los funcionarios del Gobierno del Distrito Federal, la marcha se debería hacer en la ciudad "A" y no en la "B" con un "índice" más bajo. Algo perfectamente absurdo.

Que los partidos son incapaces de hablar y acordar, sometidos como están a la lucha encarnizada por el poder, lo muestra, entre mil otros indicadores, el que haya en la Cámara de Diputados más de 300 iniciativas de reformas a las leyes relacionadas con la seguridad pública y la procuración de justicia que duermen el sueño de los justos. Según la información que dio a la prensa la diputada Rebeca Godinez, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, al menos cinco de esas iniciativas se relacionan con el execrable delito del secuestro.

Los aumentos en las penas por los que claman algunos organizadores de la marcha -cadena perpetua, piden algunos- tampoco tiene sentido alguno en un país donde el problema fundamental que explica la criminalidad en aumento es la impunidad y, junto con ello, y debido a ello, que gran número de crímenes no se denuncian (con lo cual, de paso, los famosos "índices" de criminalidad indican exactamente nada).

Además, de acuerdo con la investigación de Guillermo Zepeda (Crimen sin castigo, FCE), sólo en 3.3 por ciento de los delitos denunciados un inculpado llega ante un juez, lo que equivale a una impunidad de 83 por ciento luego de eliminar casos en los que no hay delito que perseguir o en que la víctima perdona al delincuente (tomado de Luis Rubio, "Acabar con la inseguridad", Reforma, 27/6/ 04). Si a esos números se añaden los delitos no denunciados, es claro que el crimen vive en tierra de nadie sin solución de continuidad y que los aparatos de seguridad y de procuración de justicia del Estado mexicano son profundamente ineficaces. El pleito por los índices sería una broma de pésimo gusto si no fuera porque en ello va la vida de ciudadanos inocentes.