Presenta proyecto de reforma del Congreso para contrarrestar descrédito social

Plantea el PRI en San Lázaro revisar el fuero que protege a legisladores

ENRIQUE MENDEZ

El grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados presentó ayer su proyecto de reforma del Congreso de la Unión, que incluye la revisión al fuero constitucional que protege a los legisladores, la prohibición de que desempeñen simultáneamente dos actividades -como en el caso el senador panista Diego Fernández-, la revisión de la relación con el Ejecutivo y la agilización de los procesos legislativos para evitar que las cámaras se configuren en congeladoras de las iniciativas, sin que ello implique aprobar proyectos por fast track o por presiones gubernamentales.

El coordinador del PRI para dicha reforma, Sami David, explicó que se busca eliminar el descrédito del Congreso en la sociedad, pero también atajar los embates desde el gobierno federal por el supuesto retraso en la aprobación de iniciativas y dictámenes, especialmente las que interesan sólo al presidente Vicente Fox.

La reforma al Congreso, explicó, pasa por la actualización de su ley orgánica y del reglamento, que data de 1937, documento que se redactó como copia del de 1898, durante el porfiriato, que a su vez era calca de los incipientes reglamentos para los congresos desde la Constitución de 1824.

El legislador priísta señaló que entre los cambios propuestos por el PRI resalta la actualización del significado de la inviolabilidad (que garantiza a los representantes no ser juzgados por sus afirmaciones en tribuna) y la inmunidad -fuero constitucional-, para que en el caso de este último no sea sinónimo de impunidad cuando los diputados o senadores cometan algún delito. Además, los priístas pretenden revisar los tiempos en la realización del juicio político, para evitar que el retraso en los dictámenes correspondientes retirar el fuero a legisladores implica, de hecho, eximirlos de responsabilidad.

Sobre este punto, el grupo de trabajo recibió una propuesta para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no la Cámara de Diputados, la que decida sobre las solicitudes de juicio político y de juicio de procedencia, para evitar la politización y las disputas entre partidos, que sólo desvían el interés y tiempo de los legisladores.

También se pretende revisar la incompatibilidad de funciones entre quienes desempeñan una actividad legislativa y, al mismo tiempo, otra de carácter profesional, lo cual implica falta de ética. La intención, explicó Sami David, es que se prohíba el desempeño de dos empleos o dos cargos, como es el caso de Diego Fernández.