México D.F. Martes 29 de junio de 2004
Creel dice que el gobierno federal asumirá su responsabilidad y pide al GDF hacerlo también
Proponen en San Lázaro realizar una convención nacional sobre seguridad
Al considerar que la marcha del domingo contra la inseguridad y el secuestro fue un llamado de atención a las autoridades federales y locales, los grupos parlamentarios de PRD, PT y PRI en la Cámara de Diputados plantearon la necesidad de que los partidos, el Ejecutivo federal y el Poder Judicial asuman una sola posición en materia de reformas legales y de acciones para la solución de este problema, y que ésta se discuta en una convención nacional sobre seguridad pública y justicia penal. En tanto, los senadores consideraron que para lograr los cambios legales que demanda la ciudadanía se debe convocar a un periodo extraordinario de sesiones.
Por la noche, el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda, consideró "irresponsable" desatar ahora polémicas acerca de una presunta manipulación de la movilización ciudadana, y anunció que pasado mañana el gobierno federal recibirá a los principales grupos convocantes de la movilización para compartir el diagnóstico sobre la situación que prevalece en materia de seguridad en el país. Agregó que aún no se decide si asistirán otros secretarios de Estado.
Creel sostuvo que el gobierno federal asume su responsabilidad, por lo que "no se va a hacer ojo de hormiga", y manifestó que el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, también debe sus obligaciones.
En la Cámara de Diputados el grupo parlamentario del PRD sostuvo una reunión en la que se decidió enviar una convocatoria al Presidente, a los coordinadores de los grupos parlamentarios, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, congresos locales y magistrados de los tribunales de justicia de los estados, para convocar cuanto antes a la citada convención.
En conferencia de prensa para anunciar el envío de la misiva, el coordinador del PRD en San Lázaro, Pablo Gómez, señaló que el abatimiento de los índices de delincuencia es un esfuerzo que corresponde al Estado en su conjunto, no sólo al Poder Legislativo, sobre la base del respeto a las libertades y a los derechos humanos.
Por otra parte, el fiscal para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, Ignacio Carrillo Prieto, consideró que no será con adecuaciones legales como se abatirá el crimen en México. "Mientras no haya eficacia en la persecución y castigo de los delitos, la impunidad seguirá reinando. La principal medida es la sanción de todos los delitos, incluidos los del pasado", expresó.
Por su lado, senadores de PRI, PAN y PRD coincidieron en que se debe ser sensible y atender los reclamos ciudadanos y "no poner oídos sordos". El priísta Enrique Jackson dijo que se considera la posibilidad de efectuar un periodo extraordinario para legislar la iniciativas de seguridad, "como respuesta oportuna y obligada reciprocidad en demostrar que somos sensibles a los reclamos de la gente".
Humberto Roque Villanueva resaltó que la respuesta del presidente Fox a la marcha del domingo "habla de un oportunismo ingenuo que no sabe que la mitad de las inconformidades iban contra él. Es oportunista, lo ha sido todo el tiempo, y en este caso es ingenuo".
El perredista Jesús Ortega propuso crear un consejo de Estado para la seguridad pública que supere la coordinación que hoy tiene exclusivamente el gobierno, y que se incluya a los actores sociales.
Líderes locales de PRD, PRI y PVEM, diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y representantes de órganos autónomos de esta capital consideraron que la marcha ciudadana fue un llamado de atención tanto a los partidos políticos como a las autoridades para que actúen ya en el ámbito de sus competencias y dejen atrás las confrontaciones estériles.
En Culiacán, el gobernador de Sinaloa, Juan Millán Lizárraga, subrayó que es urgente que los gobiernos federal, estatales y municipales alcancen acuerdos, superen los "desencuentros" y se deje de pensar en la próxima elección, porque de lo contrario la ciudadanía le dará la espalda a la política y a la democracia.
En Hermosillo, Sonora, los dirigentes del Consejo Coordinador Empresarial y de la la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) hicieron un fuerte reclamo al presidente Vicente Fox y al jefe de gobierno capitalino para que dejen el "teatro de sombras y el intercambio de adjetivos", porque no se puede jugar con el futuro de México perdiendo el tiempo en enfrentamientos estériles.
El procurador de Justicia mexiquense, Alfonso Navarrete Prida, advirtió que de no haber respuesta inmediata a la demanda de mayor seguridad, los gobiernos "tendrán un costo electoral". Destacó que se requiere trabajar en operativos encubiertos, atender "focos rojos de la delincuencia" y mejorar la aplicación de las penalidades.
El gobernador del estado de México, Arturo Montiel Rojas, anunció que presentará una serie de propuestas en la Conferencia Nacional de Gobernadores que respondan a la demanda de seguridad que exige la sociedad.
Ana Teresa Aranda, directora general del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, pidió que los castigos contra secuestradores de menores sean más "severos" y descartó que sea apropiado aplicar la pena de muerte.
El líder de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, Joel Ayala, señaló que el problema de la inseguridad pública tiene su origen en la falta de empleo.
Por su parte, el secretario de Economía, Fernando Canales Clariond, aseguró que la inseguridad no ha provocado que salgan inversiones de México. A su vez, el coordinador de Políticas Públicas de la Presidencia de la República, Eduardo Sojo, dijo que la marcha es un llamado a los tres poderes de la Unión para enfrentar la delincuencia. El embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza, dijo que la manifestación fue una muestra de "la democracia de México". ENRIQUE MENDEZ, VICTOR BALLINAS, ALONSO URRUTIA, RAUL LLANOS, DAVID ZUÑIGA, CAROLINA GOMEZ Y PATRICIA MUÑOZ, REPORTEROS, Y JAVIER VALDEZ, CRISTOBAL GARCIA, SILVIA CHAVEZ E ISRAEL DAVILA, CORRESPONSALES
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