Afirma que podría propiciar la comisión de algunos crímenes con sanciones soportables

Castro y Castro advierte riesgos por penas más severas

JESUS ARANDA

El ministro retirado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino V. Castro y Castro planteó que antes de pensar en elevar las penas carcelarias a los delincuentes -en particular a los secuestradores- y propugnar por el incremento de efectivos policiacos para hacer frente a la creciente inseguridad, se debe consultar a criminólogos, sociólogos, penalistas, sicólogos sociales y maestros para que propongan, "para que empiecen por decirnos qué hacer" y dejar de lado la pretendida solución "de escopetazo".

En declaraciones a La Jornada, Castro y Castro sostuvo que la mejor alternativa para enfrentar el problema de la criminalidad es estudiar las causas sociales que la propician y la producen, antes de tomar decisiones apresuradas.

Al referirse a la marcha del pasado domingo contra la delincuencia, el ministro retirado afirmó que la movilización no fue contra los códigos penales o procesales, sino que el pueblo manifestó su indignación y deseo enorme de que se resuelva un grave problema. Sin embargo, aclaró que "hace ya mucho tiempo que la autoridad fue rebasada por la delincuencia"

En una reflexión que el mismo ministro denominó "Y después de šqué!, Ƒqué?", Castro y Castro indicó que la concentración "fue también contra las autoridades que usan su tiempo para luchar entre sí y políticamente derrotar a sus enemigos, más que para atender problemas sociales a su cargo y responsabilidad".

Lamentó que el gran movimiento ciudadano surgido tras los terremotos de 1985 -cuando la gente superó la "lastimosa autoridad" de aquellos años-, después de atender la situación de emergencia del momento, resulta que "todos volvimos a la indiferencia, al egoísmo y a la desatención de las cuestiones sociales".

Ante la petición concreta de los manifestantes por endurecer las sanciones (como imponer cadena perpetua o pena de muerte) por el delito de secuestro, estableció que es "un mensaje concreto" al Poder Legislativo: aumentar las sentencias y obligar al Poder Judicial a aplicar en lo sucesivo las nuevas sanciones que acaben con la criminalidad, "y no las viejas penas que propician la delincuencia".

No obstante, advirtió que endurecer las penas podría derivar en que "los criminales ya no secuestren, sino prefieran robar, asaltar, despojar, defraudar, extorsionar o abusar en cualquier forma contra la población", es decir, cometer delitos con penas "más soportables que el secuestro".