México D.F. Sábado 19 de junio de 2004
Industriales y grupos de derecha incrementan
ofensiva sobre Néstor Kirchner
Marchas, paros y tomas de empresas enrarecen
clima político en Argentina
Denuncia el diputado Miguel Bonasso que ha recibido
amenazas de muerte
STELLA CALLONI CORRESPONSAL
Buenos Aires, 18 de junio. Sectores del Movimiento
Independiente de Jubilados y Desocupados, que lidera el opositor más
duro y polémico del gobierno, Raúl Castells, tomaron
varias sedes de McDonald's en esta capital y otros lugares del país,
así como el hall de entrada de la petrolera española
Repsol-YPF, la cual desalojó a su personal.
Aunque
finalmente todo se resolvió sin incidentes graves, Castells y sus
seguidores lograron tensar el ambiente, mientras culminaba hoy la marcha
federal del Bloque Nacional Piquetero, dirigido por el trotskista Polo
Obrero.
La incorporación de los militantes de la Corriente
Clasista y Combativa (CCC) -que había mantenido diálogos
con el gobierno del presidente Néstor Kirchner durante la marcha
general, hacia Plaza de Mayo- unió a miles de manifestantes, por
lo que el tránsito se volvió caótico. Varias actividades
en la zona del centro se vieron paralizadas.
Por su parte, el nuevo Movimiento de Unidad Popular, que
se sumó a la protesta de los piqueteros duros, marchó
hacia el hotel Sheraton, el cual ya había tomado previsiones anoche,
después que fue ocupado el martes pasado durante unas horas en rechazo
a la presencia de una misión del Fondo Monetario Internacional.
Asimismo, un grupo de piqueteros tomó desde
ayer la estación terminal de Trenes de Constitución, bloqueando
las boleterías, por lo que los pasajeros viajaban gratis. Esto derivó
en la presentación de una denuncia judicial por los concesionarios
de Trenes Metropolitanos, acusando al grupo de los presuntos delitos de
"extorsión, privación ilegal de la libertad e intimidación
pública".
Son unos 70 manifestantes que reclaman la reincorporación
de despedidos de esta empresa, porque consideran que no hubo causa justificada.
Los dirigentes de la CCC, Carlos Alderete, y del Bloque
Piquetero Nacional, Néstor Pitrola, señalaron que sus agrupaciones
no han tomado edificios.
También participaron otros grupos, como el Movimiento
de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (escindido en los
últimos tiempos). La división en el movimiento piquetero
se acentuó en tiempos recientes, pero en general todos reclaman
aumento a salarios, más planes sociales, disminución de tarifas,
empleo y poner fin al hambre y la pobreza.
Ayer, Castells había amenazado con tomar
edificios y comisarías, y anunciado un estallido social que terminaría
con el gobierno del presidente Néstor Kirchner, lo cual fue considerado
por algunos sectores políticos como "provocación". También
hubo paros de trabajadores de la justicia en todo el país.
Esto pone al gobierno en una situación difícil,
pues empresarios le exigen que tome medidas e impida estas tomas,
en momentos en que se exige no judicializar las protestas, especialmente
porque desde hace una década hay unos 3 mil desocupados que están
siendo procesados por decisiones judiciales debido a que son acusados de
cerrar calles.
Un informe oficial señala que el desempleo bajó
poco más de 14 por ciento, en comparación con el más
de 20 por ciento en 2002, pero si se cuentan los desocupados con subsidio
esta cifra podría redondear 19 por ciento.
Muchos se preguntan cuáles serán los límites
que se establecerán, en momentos en que la derecha incrementa su
campaña contra el gobierno. Ayer, el diputado del Partido de la
Revolución Democrática Miguel Bonasso denunció que
mientras tomaba café con un amigo fue increpado y amenazado de muerte
por dos hombres al menos dos veces en distintos lugares.
En los boletines de la derecha ligada con servicios de
informaciones de la pasada dictadura, Bonasso y otras personas cercanas
a Kirchner son señalados como "subversivos".
También resultó extraño que un escuadrón
del grupo Halcón, fuerza de elite de la policía bonaerense,
allanara "por equivocación" una casa de la ex diputada Graciela
Ocaña, en Mar de Las Pampas, en la zona costera de la provincia
de Buenos Aires. Ocaña dirige por decisión de este gobierno
la obra social de jubilados Pami, con un proyecto para desarticular la
enorme red de corrupción en esa institución.
La explicación policiaca resulta increíble,
pues dijeron que les habían informado que ahí estaba un secuestrado
que estaban buscando. No es el único episodio, pero cada día
hay alertas sobre esta serie de hechos, mientras se investiga la causa
del accidente que provocó la muerte a siete trabajadores en una
mina de carbón de Río Turbio, en Santa Cruz, extremo sur
del país, donde socorristas buscan a otros siete desaparecidos.
|