Ayer fue presentado el informe Recuento de daños 2003, en la CDHDF

Preocupante aumento de citatorios a periodistas para que revelen sus fuentes

En 2003 se registró el mayor número Citan los casos de dos trabajadores de La Jornada

SUSANA GONZALEZ G.

De todas las agresiones, actos inhibitorios y presiones perpetradas contra periodistas y medios de comunicación de todo el país durante la década pasada, en 2003 ''se registró el más alto índice porcentual de que se tenga memoria en el rubro de citatorios a comparecer frente a las autoridades, la mayor parte de ellos con el fin de solicitar a los periodistas la revelación de sus fuentes'', denunciaron la Fundación Manuel Buendía, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) y el Sindicato Nacional de Redactores de Prensa.

Al presentar ayer el informe Recuento de daños 2003. Un acercamiento al estado de las libertades de expresión e información en México, en la CDHDF, los organismos citados aclararon que en 2003 se presentaron 76 casos contra el quehacer periodístico, número menor a los registrados en los años anteriores, pues hubo cien en 2002 y 126 en 2001.

Dicho decremento ''se ve empañado por la creciente insistencia de ciertos actores públicos e instituciones a recurrir a citatorios (18 por ciento) y demandas contra informadores (12 por ciento), circunstancias que a su vez tienden a intimidar el libre quehacer informativo'', señala el documento.

El recuento de agresiones y actos inhibitorios está basado en una investigación hemerográfica y documental (se incluyen los casos de Carlos Cisneros y Gustavo Castillo, fotógrafo y reportero de La Jornada, respectivamente; el primero agredido por personal de seguridad de Publi XIII y el segundo citado por la Procuraduría General de la República para que revelara sus fuentes), y a partir de ahí se concluye que los periodistas de medios impresos concentran el mayor número de agresiones, con 68 por ciento del total, y de ellos, los que cubren las fuentes políticas acumulan 64 por ciento de los casos, y los de la policiaca 17 por ciento.

El presidente de la CDHDF, Emilio Alvarez Icaza, advirtió que las cifras presentadas ''nos recuerdan que ser periodista sigue siendo una profesión peligrosa (...) y permanece marcada por la penalización
de las conductas relacionadas con el ejercicio de la profesión y la violación al secreto de las fuentes''. También mencionó que existe un consenso para regular los medios en las contiendas electorales, para evitar que se favorezca a un partido determinado, ya que ha evidenciado que algunos de ellos responden a grupos particulares, al tiempo que se pronunció por la existencia de radios comunitarias.

''Durante el régimen encabezado por Vicente Fox podemos advertir que las condiciones de las libertades informativas han mostrado una leve mejoría en cuanto al número de actos registrados (...) Sin embargo, se ha patentizado una preocupante tendencia de ciertos actores políticos a recurrir a actos inhibitorios, tales como demandas, citas a comparecer ante la autoridad, detenciones, que van en franco aumento proporcional'', cita el informe.

Los representantes de las organizaciones civiles y de la CDHDF también mostraron preocupación porque en estados como Oaxaca y Chiapas se han hecho reformas penales que atentan contra la labor periodística. En cuanto a la distribución de dichos actos en las diferentes entidades de la República, el Distrito Federal concentró 21 por ciento del total, con 16 casos; Tamaulipas, 10, y Chiapas, ocho expedientes.

Sobre el tipo de presiones, se precisa que las agresiones físicas contra periodistas concentraron 29 por ciento del total; las comparecencias, 18; las demandas contra periodistas aglutinan 12 por ciento, lo mismo que las amenazas e intimidaciones, mientras que las detenciones se ubican en el orden de 9 por ciento.

Lo que no ha cambiado, señalan los organismos, es que los responsables de los actos contra las libertades de expresión e información son principalmente los representantes del poder público, con 69 por ciento de las incidencias.

Las fuerzas del orden encabezan la lista, seguidos de los funcionarios de gobierno e instituciones gubernamentales, pero también hay un porcentaje mínimo de particulares y grupos sociales.