El despojo de tierras a los pueblos indígenas es histórico y Ocumicho, el portal de la Meseta Purhépecha, no es la excepción. Enfrentamientos, muertes, encarcelamientos y persecuciones son el saldo de 85 años de lucha por la recuperación de un territorio que les fue arrebatado para ser otorgado, mediante resolución presidencial, a los mestizos de Tanguancícuaro

Hoy, 39 años después de oficializar el despojo, los comuneros de Ocumicho, la tierra de los diablitos y demás figuras de barro, siguen dispuestos a todo para lograr la restitución de 477 hectáreas de un terreno que comprende el predio conocido como Llano de Pejo, que le fue otorgado en 1965 a un grupo de 40 ejidatarios de Tanguancícuaro. El historial de abusos, mentiras y humillaciones de este proceso es tan grande como el expediente y número de sellos institucionales que lo acompañan.

Juan Chávez Alonso, luchador purhépecha desde hace más de cuarenta años, advierte que los problemas agrarios en Michoacán "se han heredado gobierno tras gobierno". Hoy, dice, "el gobierno federal de Vicente Fox, y el estatal de Lázaro Cárdenas Batel, quieren aparecer como mediadores cuando en realidad son parte del conflicto. Son ellos, los gobiernos, los que siempre han tendido como perdedores a las comunidades indígenas de todo México y como beneficiarios a los caciques, a los ricos y a los poderosos. Los gobiernos, pues, son los responsables directos de la creación de conflictos entre pueblos, son los que históricamente le han arrebatado la tierra a los indígenas para entregarla a los acaparadores, a los ejidatarios que no tienen arraigo en la tierra y la venden o la rentan a los grandes empresarios y a los saqueadores de este país".

Este no es un problema entre los ejidatarios de Tanguancícuaro y los comuneros de Ocumicho, afirma Chávez Alonso, miembro del Congreso Nacional Indígena recordado por su participación en el Congreso de la Unión, junto a los y las comandantes zapatistas que defendieron en la máxima tribuna los Acuerdos de San Andrés. El problema --insiste-- "es de los propietarios originales de estas tierras contra las políticas agrarias irresponsables de los diferentes gobiernos federales y estatales. El conflicto no es contra los ejidatarios porque ni siquiera son ellos los que reclaman, sino contra un grupo de avecindados que llegaron después a solicitar tierras y fueron favorecidos por los gobiernos. La prueba de esto es que de 40 solicitantes ejidatarios que había en Tanguancícuaro, ahorita sólo quedan 11. Los demás han traspasado derechos, vendido o rentado".
 

El peligro es que mientras esta bomba de tiempo no se desactive con un acuerdo jurídico o político que permita la restitución de tierras a los poseedores originales, la amenaza de nuevos enfrentamientos está latente. Con las armas en la mano --literalmente-- los ejidatarios de Tanguancícuaro defienden la posesión de las tierras, mientras que los purhépechas aseguran que nada detendrá su lucha por la recuperación de lo que les pertenece. Paralelamente, la comunidad de Ocumicho trabaja ya en la posibilidad de organizar en los hechos su proceso de autonomía, en conformidad con los Acuerdos de San Andrés avalados por el ezln y los pueblos indígenas de todo el país, y desconocidos por la clase política partidaria y el gobierno federal.

"Vemos que la única manera para hacer valer nuestros derechos es mediante la autonomía en nuestros pueblos y comunidades, pues solamente así lograremos llevar a cabo lo que el gobierno no ha querido reconocer, como son los Acuerdos de San Andrés. Por eso nuestro reconocimiento a los hermanos zapatistas de las Juntas de Buen Gobierno y a todos los hermanos y hermanas que en el país están construyendo las autonomías desde abajo", señala la comunidad de Ocumicho, en un saludo enviado a la xii reunión del Centro Pacífico del Congreso Nacional Indígena. Por su parte, el gobierno estatal encabezado por Lázaro Cárdenas Batel, ha reconocido que los conflictos agrarios de Michoacán "no podrán resolverse en el plazo que fijó la Secretaria de la Reforma Agraria" y, mientras tanto, en los archivos de los tribunales agrarios se amontonan más de cien juicios por conflictos de límites y restitución de tierras en la Meseta.

Según datos de la Reforma Agraria existen 450 mil hectáreas en disputa en todo el estado. De ellas 477 son defendidas por los ocumichenses. El 7 de agosto de 2003 el gobernador Cárdenas Batel y el titular de la Reforma Agraria, Florencio Salazar Adame, firmaron un convenio comprometiéndose a dar solución a los conflictos agrarios antes de que concluyera el 2005. Los meses pasan y poco o nada se ha hecho, por lo que el gobierno prefirió, de una vez, postergar la fecha: "A finales del sexenio", dijo Salazar Adame en febrero de este año, mientras Cárdenas insiste en que la postura del gobierno estatal es resolver estos problemas mediante el diálogo.
 
 

Cronología del despojo

Constantino Felipe Candelario, representante de Bienes Comunales de Ocumicho, relata la historia: "A nuestra comunidad le han arrebatado la tierra desde 1540. La tercera ampliación de tierras solicitada por Tanguancícuaro les fue concedida en 1965, y comprende las 477 hectáreas que exigimos que nos devuelvan --en este terreno se encuentra el Llano de Pejo, Los Mogotes (montículos de piedras) y los agostaderos. Nosotros estamos probando que esas tierras le pertenecen a nuestro pueblo desde tiempos inmemoriales, desde antes de que llegaran los conquistadores. Tenemos los títulos virreinales que prueban y por eso estamos dispuestos a luchar hasta las últimas consecuencias", asegura este dirigente indígena que ya ha pisado la cárcel y, por lo mismo, sabe de lo que habla.

El problema no resuelto, heredado de un gobierno a otro, tiene ya centenares de víctimas. Apenas en abril pasado la situación volvió a tensarse, pues las armas de los ejidatarios de Tanguancícuaro salieron a relucir, complicando aún más el ambiente. "Esto puede tronar en cualquier momento y si hay un solo comunero caído ya nada nos va a detener. No tenemos armas pero a garrotazos nos vamos a defender", advierte el representante comunal.

La lucha por la tierra de Ocumicho inició formalmente en plena época revolucionaria. Cuenta Constantino Felipe, y lo avalan los documentos adscritos al expediente que se encuentra en la Reforma Agraria, que desde 1917 las autoridades locales de la comunidad solicitaron al gobierno central la restitución de tierras del poblado y la determinación de sus límites.

En 1932, el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, eliminó los contratos de arrendamiento entre los vecinos de Tanguancícuaro y los comuneros de Ocumicho y ordenó devolverle las tierras a la comunidad indígena. Ese mismo año se estableció en el predio Llano de Pejo la colonia Félix Ireta, conformada por comuneros de Ocumicho, quienes vivían y trabajaban en esas tierras.

En 1955 una resolución presidencial concedió a Ocumicho una confirmación y titulación de terrenos comunales. El 5 de agosto de ese año se ordenó ejecutar esta resolución pero jamás se llevó a cabo. En contraste, en 1965 los ejidatarios de Tanguancícuaro fueron favorecidos por una resolución presidencial que les concedió las tierras en disputa.

Los argumentos para el despojo se basaron en que, según los solicitantes, esas tierras estaban ociosas, lo cual, afirman los comuneros, era totalmente falso. Hay testimonios de la comunidad y de pueblos vecinos que aseguran que había cultivos de garbanzo y trigo. Los ejidatarios señalaron también que los comuneros estaban rentando las tierras (versión que se contradice con el argumento de que se hallaban ociosas) pero eso también fue falso. No existe ningún documento firmado por los comuneros que avale la renta de esas tierras.

Los comuneros no sólo trabajaban el terreno, además vivían en la colonia Félix Ireta desde los años treintas. Una fotografía que conservan los representantes ofrece un testimonio de la escuela de la colonia, es decir, de la cotidianidad de los comuneros en el Llano de Pejo.

Las tierras en disputa son de muy buena calidad. Ahí se produce brócoli, papa, zanahoria, fresas, trigo, repollo: "lo que se siembre pega".

"En 1965" --continúa su relato Constantino Felipe-- "inmediatamente después de la resolución presidencial que consumó el despojo, la comunidad interpuso un recurso de inconformidad pero no prosperó porque los gobiernos no nos hicieron caso. Hasta levantamientos armados hubo, por defender estas tierras, pero de todas maneras no hicieron caso. Entonces militarizaron la comunidad para que los ejidatarios pudieran trabajar, pero aun así siguió la lucha por la recuperación y siguieron los enfrentamientos de ejidatarios y policías contra comuneros.
 
 

De 1965 a 1981 la colonia Félix Ireta permaneció en los terrenos de Llano de Pejo. En todo este tiempo continuó la amenaza de desalojo, hubo enfrentamientos, desaparecidos y muertos. Hasta que una madrugada de 1981 los ejidatarios armados, acompañados de la fuerza pública y del ejército, atacaron a los comuneros y quemaron las casas de la colonia. Desde ese día quedó desalojada la colonia y no se hizo justicia. Años más tarde, en 1985, asesorada por la Unión de Comuneros Emiliano Zapata (ucez), la comunidad intentó retomar las tierras de Los Mogotes y hubo un nuevo enfrentamiento. Hoy, los cascarones de las casas quemadas permanecen como mudos testigos de la represión de 1981.

En los años siguientes ocurrieron más enfrentamientos, represiones y encarcelamientos; los comuneros entraron en una especie de letargo y, sin dejar de luchar por las tierras, evitaron las movilizaciones. El comunero purhépecha Pedro Nolasco recuerda la historia mil veces contada por indígenas de todo el país: "Eran idas y vueltas al Departamento de Asuntos Agrarios, en el Distrito Federal, cuando el tren cobraba siete pesos la ida y siete pesos la vuelta. Dormíamos hasta diez, quince días en la estación de Buenavista, mientras se juntaban los sellos de recibido de una institución a otra, siempre peleando por la restitución de las tierras. Dejábamos testimonio en todos lados, pero como somos monolingües no nos entendían. No teníamos certificados notariales, ni sabíamos qué era eso. Así pasamos muchos años".

En 1997 la comunidad eligió a un nuevo representante de bienes comunales y la primera tarea que le encomendaron fue continuar la lucha por recuperar sus tierras, al menos las correspondientes a la tercera ampliación, específicamente el predio Llano de Pejo.

En 1999 los comuneros retomaron las tierras de Llano de Pejo. "Estuvimos tres meses en el predio, pero el 5 de febrero de ese año nos desalojaron y nos encarcelaron a 75 personas. Nos acusaron de estar organizando una insurrección armada, pero afortunadamente el pueblo no nos dejó solos, presionaron al gobierno y tuvieron que retirar los cargos. Salimos de la cárcel mes y medio después". Todo esto, cuentan los comuneros, se dio en el marco de la participación de Ocumicho en la Consulta Nacional por los Derechos de los Pueblos Indios y por el Fin de la Guerra de Exterminio, convocada por el ezln. Una vez liberados, los indígenas volvieron a recuperar las tierras del Llano. En ese momento empezaron a establecer diferencias con la organización Nación Purépecha Zapatista, con la cual habían organizado la toma anterior, debido a que --cuentan los comuneros-- "ellos no estaban de acuerdo con esta acción, pero nosotros dijimos ¿qué clase de zapatistas son si no aceptan que los indígenas nos movilicemos? Ellos no eran ni son zapatistas como los de Chiapas, pensamos nosotros". La segunda recuperación terminó con el compromiso del gobierno del estado de fortalecer el proceso jurídico para la restitución de las tierras. Pero, para variar, "no pasó nada porque el gobernador Tinoco de por sí ya iba de salida y cerró todas las puertas". En este contexto asumió la gubernatura Lázaro Cárdenas Batel.

En abril de 2002, los comuneros de Ocumicho organizaron una nueva recuperación e instalaron un plantón en la entrada del predio en disputa. El gobierno de Cárdenas Batel intervino y acordaron con él que los ejidatarios siguieran trabajando el Llano de Pejo, mientras los comuneros continuaban con su plantón pacífico en esas mismas tierras en señal de protesta y trabajaban los terrenos de Los Mogotes. Todo esto mientras se impulsaban dos vías: el proceso jurídico agrario de restitución de tierras para Ocumicho; y una mesa de diálogo con la participación de la Reforma Agraria, el gobierno del estado, los ejidatarios de Tanguancícuaro y los comuneros de Ocumicho. Este fue el último compromiso y, a decir de la comunidad, no se cumplió.

En la mesa de diálogo, afirma Constantino Felipe, "no se avanzó nada y al proceso jurídico le fueron poniendo muchos obstáculos. El 23 de diciembre de 2003 la Reforma Agraria, la Procuraduría Agraria Federal, Organización Agraria y Conciliación Agraria del gobierno del estado, se comprometieron mediante minuta a dar solución al conflicto mediante la permuta de tierras a los ejidatarios de Tanguancícuaro, y fijaron la fecha del 31 de marzo de 2004 como plazo para concluir el trámite. No volvió a haber comunicación con esas instancias.

"El plazo se cumplió y nosotros seguíamos sin información, por ese motivo y por acuerdo de asamblea comunitaria, el pasado primero de abril bloqueamos nuevamente el paso a los ejidatarios, pero cinco días más tarde los ejidatarios entraron al predio con sus peones y sus gentes: eran como 80 personas armadas, disparando y amenazando a los que se encontraban cerrando el camino. Ahí volvimos a ver al gringo que está peleando las tierras, quien amenazó de muerte a los comuneros. Nosotros seguimos resistiendo hasta que días más adelante volvieron a llegar los ejidatarios, pero ahora acompañados de los judiciales. Lo que vemos es que los judiciales bien que sabían lo de las armas, o sea que estaban enterados de lo que iban a hacer y hasta los iban resguardando", afirman los comuneros.
 

En resumen: la solución negociada está paralizada hasta que los ejidatarios acepten la permuta o cualquier otra propuesta, mientras que la resolución del proceso jurídico, que lleva ya 87 años, puede tardar aún más y entretanto persiste el peligro de nuevos y cada vez más violentos enfrentamientos, pues los ejidatarios están armados y cuentan con la complicidad de los judiciales estatales, asegura el representante de bienes comunales de Ocumicho.

Por lo pronto, y sin muchas expectativas, este 15 de junio tendrá lugar la primera audiencia ante el Tribunal Agrario. "Ese día se van a notar muchas cosas, la verdadera voluntad del gobierno federal y estatal". Y continúa Constantino Felipe, "El problema ahorita es muy grave, porque está lo de las armas y lo de los judiciales, a quienes los ejidatarios les pagan directamente para que hostiguen e intimiden a los comuneros. Un día esto se les va a salir de control, porque cuando se les vaya un disparo en contra de un compañero nuestro, ya nadie nos va a parar y nos vamos a defender con lo que tengamos".

Hoy los comuneros mantienen un plantón de protesta en la entrada de Llano de Pejo. Bajo un techo de lámina y un fondo tapizado con la bandera purhépecha, voluntarios indígenas hacen guardia diario como señal de protesta por las tierras invadidas. "Es una lucha que tiene muchos riesgos, la vida, para no decir más. Se necesita gente valiente para estar aquí en el plantón, pues los ejidatarios pueden aparecer en cualquier momento armados. Los que van a hacer guardia tienen que estar muy conscientes de esta situación", afirma el representante de bienes comunales. "La lucha en Ocumicho es una lucha por la tierra, por los derechos y la cultura indígenas, por la autonomía y contra el neoliberalismo. Es una lucha por la concepción que tenemos los indígenas sobre la tierra, es una batalla contra el mercantilismo", finaliza Juan Chávez.