Jorge Santibáñez Romellón*

Repatriación voluntaria: regresar o morir

El concepto de seguridad que el gobierno de Estados Unidos ha instrumentado en su frontera común con México, sobre todo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, ha implicado altos costos para los migrantes mexicanos que de manera indocumentada cruzan a ese país. No todo empezó en esa fecha. Lo ocurrido ese día puso en evidencia la falsedad de la afirmación de que una frontera rígida da como resultado un país seguro; nuestros vecinos se empeñan en administrarla en esa forma, tratando de evitar la movilidad poblacional.

Esta visión los llevó a desarrollar, antes del 9/11, el Operativo Guardián en Tijuana-San Diego, el cual ha sido el causante directo de cientos de muertes de migrantes que anteriormente cruzaban por zonas menos riesgosas, pues los empujó a cruzar por el desierto y las montañas. Con el paso del tiempo, esta desviación de las rutas migratorias llevó a los migrantes a utilizar rutas más alejadas en Arizona y a contratar a polleros más caros.

Los resultados ya los conocemos, entre ellos: algunos "rancheros" consideraron que los migrantes invadían propiedad privada y los agredieron a balazos; los polleros se sofisticaron aún más, con el consecuente aumento en tarifas asociadas al cruce; las líneas aéreas transformaron al aeropuerto de Hermosillo en uno de los de mayor flujo en el país, y una serie de actores asociados al proceso migratorio empezaron a hacer negocio legal e ilegal con los migrantes, y lo más grave es que cientos de ellos empezaron a perder la vida en su intento por cruzar a Estados Unidos.

En este contexto, esa parte de la frontera se convirtió en una de las más peligrosas del mundo, por lo que la academia y la sociedad civil, de manera insistente y con suficiente anticipación, alertaron a las autoridades de ambos países sobre los inminentes impactos negativos que ello acarrearía. Poco o nada se hizo al respecto.

Es necesario dejar muy claro que los responsables de los fallecimientos de estos migrantes no son ni los polleros ni el desierto. La situación es mucho más clara: del lado estadunidense, la responsabilidad está en una política migratoria equivocada, que no reconoce ni ordena la necesidad que tienen de la mano de obra mexicana, y de nuestro lado en la falta de condiciones de arraigo y de programas de protección que orienten y guíen a nuestros migrantes.

Por lo anterior, como sucede en otros temas de la relación México-Estados Unidos, es importante reconocer que se debe trabajar en diferentes carriles y a diferentes velocidades. A mediano y largo plazos se debe continuar la búsqueda de mecanismos que ordenen el flujo migratorio y en la generación de condiciones de arraigo en México mediante el desarrollo regional. A corto plazo, aunque no nos guste reconocerlo y aceptando que nadie estará de acuerdo en que los mexicanos tengan que dejar su país, porque no les ofrece las condiciones para quedarse en casa con los suyos, es importante reflexionar en que si de todas formas se van a ir, lo menos que podemos hacer es buscar que se vayan en las mejores condiciones posibles, que no expongan su vida y que no abusen de ellos.

En este mismo orden de ideas y en esta lógica se inserta un programa binacional de repatriación que se anunció a principios de año, que por diversas razones, entre las que figura el sinuoso camino para llegar a un acuerdo de los mecanismos específicos para su instrumentación, iniciará su operación aparentemente el 15 de junio.

El programa consiste en regresar a su región de origen a los migrantes capturados por la Patrulla Fronteriza, si manifiestan su voluntad y la expresan sin presiones. Inicialmente se aplicará en la región fronteriza de Arizona, donde hoy ocurre la mayor parte de fallecimientos de estos migrantes. Es claro que varios sectores se inconformarán ante este programa; sin embargo, quisiera recordarles que, según encuestas que El Colegio de la Frontera Norte viene aplicando desde hace 10 años, a los migrantes que son devueltos por la Patrulla Fronteriza -y aunque el proceso ha cambiado y hay variaciones, según la zona donde son detenidos-, en general se puede afirmar que sin haber tenido programa alguno que los ayude 30 por ciento de los migrantes declaró que tenía intenciones de regresar a su región de origen.

La llegada de este programa resolvería el problema de ese 30 por ciento que con frecuencia carece de los medios elementales para regresar, y sin duda el de otros que "se animarán" ante la posibilidad real de regresar. Pero ése no es el dato más contundente: lo que realmente debería llevarnos a dar la bienvenida al programa y a generar mecanismos para que funcione adecuadamente (y no a acusarnos entre nosotros o a aprovecharlo políticamente) es que si trasladamos ese 30 por ciento al tema de los migrantes que mueren en el desierto, el programa de referencia estaría evitando 30 por ciento de los fallecimientos que hoy ocurren en esa zona y, aunque no es la noticia que todos quisiéramos (que sería la de cero muertos), es una muy buena noticia, aun aceptando que no es la solución al tema migratorio.

A los posibles detractores del programa los exhorto a que, además de criticarlo, se sumen a la enorme tarea que se avecina y que es hacerlo funcionar, a lograr que participe la sociedad civil en su instrumentación y vigilancia, a que sea evaluado externa e independientemente, a que realmente sea regresado el migrante que así lo desea, a que ello no les implique sanciones posteriores o fichajes que los acompañarán por siempre; a que cuando lleguen a México no los extorsionemos ni los hagamos objeto de malos tratos, a que no los humillen en este regreso que para muchos tendrá sabor a derrota, y a que no se vean obligados, otra vez, a dejar sus regiones de origen. Hagámoslo, al menos, para tener la autoridad moral de criticar.

* Presidente de El Colegio de la Frontera Norte

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