Los procesos de integración económica requieren, necesariamente, de estímulos que vayan más allá de los que proveen las fuerzas del mercado.

La acción política de los gobiernos es una exigencia para que converja el desarrollo de las naciones que participan de dichos procesos. España es un caso notable de la operación de los mecanismos compensatorios establecidos en la Unión Europea.

Las transferencias de los países más ricos de Europa a la economía española, efectuados durante dos décadas, han acrecentado la inversión productiva y la infraestructura. Esto contrasta, de manera decisiva, con el proceso de transferencias de recursos al exterior registrado en México en el mismo periodo y con las pautas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en términos de la falta de compensaciones por las grandes diferencias en el desarrollo

Adela Mac-Swiney González, Madrid

Casi dos décadas de fuerte inversión pública y privada, el apoyo de los fondos europeos y la implementación de reformas en los terrenos social y político le han valido a España para salir de una decadencia arrastrada por años e incorporarse, de una manera definitiva, al grupo de países avanzados de Europa occidental.

Pese al escaso dinamismo de la zona del euro, la economía española ha seguido, durante 2003 y lo que ha transcurrido de 2004, por una senda de gradual expansión, a tono con la notable mejoría de la economía mundial. España cerró 2003 con un crecimiento de 2.4 por ciento, que se descompone en un aumento de la demanda nacional de 3.3 por ciento y una contribución negativa del saldo neto exterior de un punto porcentual. Este crecimiento fue acompañado nuevamente de una importante creación de empleo (1.8 por ciento promedio en el año).

De hecho, al cerrar 2003 la economía española registró un diferencial de crecimiento con el conjunto de la Unión Europea (UE) cercano a 2 por ciento, ya que mientras que el producto interno bruto (PIB) aumentó en ese periodo 0.4 puntos más que en 2002, el conjunto del área del euro continuó la desaceleración vigente desde 2001, creciendo sólo 0.5 por ciento.

La fórmula -que prevalece desde hace cerca de 18 años, cuando España se incorporó a lo que era entonces la Comunidad Europea- se expresa en cada vez mayores expectativas y riqueza de los hogares, buenas perspectivas empresariales y, por tanto, sobre el consumo e inversión privada y pública centradas en buena medida en la infraestructura, sanidad, educación y exportaciones.

A esto hay que añadir, y es uno de los elementos de más peso, que España ha sido el país de la UE más beneficiado con la llamada Política de Cohesión, encaminada a potenciar el desarrollo en los países y regiones menos favorecidas del club. En el actual marco financiero de la unión para 2000-2006, España se llevará 56 mil millones de euros del total de 233 mil millones dedicados a ese fin. Sin embargo, los especialistas consideran que en poco tiempo dejará de recibir fondos por esa vía, especialmente porque el ingreso en la UE -desde el 1° de mayo pasado- de 10 nuevos miembros, algunos en iguales o peores condiciones a las que tenía España antes de 1986, obliga a redistribuir esas participaciones.

Ante el señalamiento de varios países, como Alemania -de que el rendimiento económico superior de España se debe, al menos en parte, a su estatus de país beneficiario dentro de la UE, pues es el mayor receptor de fondos de la unión, que en 2002 fueron 8 mil 870 millones de euros, 1.29 por ciento del PIB- el Instituto de Estudios Económicos de España (IEE) ha afirmado que los fondos procedentes de la UE contribuyen aproximadamente 0.2 puntos porcentuales al crecimiento económico español. Sin embargo, también ha señalado que gracias a esos fondos, España ha podido dedicar a gasto público una cantidad extraordinaria anual en torno a 1 por ciento de su PIB. "De haberse visto España forzada a considerar la posibilidad de afrontar este gasto con sus propios recursos en los últimos años, no habría logrado un equilibrio absoluto en sus cuentas", cita un estudio del IEE.

El Instituto de Empresa señala que desde que España se incorporó a la Comunidad Europea ha sido un país receptor neto de fondos, lo cual sin duda ha contribuido, de forma notable, al crecimiento del producto y del empleo, y con avances en el proceso de convergencia real y en la mejora de la cohesión territorial interna, gracias sobre todo a aquellos fondos que se destinan a financiar proyectos relacionados con infraestructuras básicas y capital humano en las regiones menos desarrolladas.

Desde que se sumó a la Comunidad Económica Europea, España ha ido incrementando la inversión pública en infraestructura física que se ha convertido en una de las pocas políticas públicas que pueden aplicar los gobiernos para alcanzar sus objetivos de desarrollo económico y empleo de carácter sostenible.

El Ministerio de Fomento de España ha aumentado cada año su presupuesto destinado a infraestructuras. Para 2004 invertirá 15 mil 914 millones de euros fundamentalmente en la modernización y construcción de carreteras de gran capacidad, infraestructuras ferroviarias, aeropuertos, puertos y correos. Este presupuesto, que incluye la inversión del gobierno y la de grupos empresariales, constituye un incremento de 14 por ciento en relación con el año anterior.

En 2002 la inversión que destinó únicamente el gobierno a infraestructuras ascendió a 3 mil 154 millones de euros y en 2003, a 3 mil 280 millones de euros, de los cuales más de 80 por ciento se canalizaron a carreteras y poco más de 15 por ciento a ferrocarriles. En su conjunto, el esfuerzo de inversión del sector público estatal ascenderá en 2004 a 27 mil 420 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual de 10.5 por ciento en términos corrientes.

No obstante, los pactos de estabilidad y crecimiento y, en el caso de España, la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que exige el equilibrio presupuestario (déficit cero), limitan el volumen de la inversión pública con cargo a los presupuestos, así como la posibilidad de endeudamiento, lo cual exige la instauración de nuevos instrumentos y sistemas de gestión y financiamiento de las infraestructuras basados en la participación privada o en el aplazamiento de los pagos del sector público.

Otro elemento importante en el despegue económico de España desde 1986 es la participación del capital privado. La puesta en marcha del mercado único y los reajustes de la paridad de la peseta entre 1992 y 1995 impulsaron las exportaciones españolas de bienes, hasta alcanzar, en un contexto de progresivo fortalecimiento del comercio mundial, ritmos de crecimiento muy elevados.

Así, entre 1993 y 1997 las exportaciones avanzaron una tasa media superior a 13 por ciento en términos reales, de forma que su cuota en el comercio mundial aumentó cuatro décimas -nueve en el mercado de la UE-, mientras que la participación del PIB real de España en el producto global disminuía ligeramente. En los seis años posteriores, sin embargo, el dinamismo exportador se moderó, dando lugar a una tasa de crecimiento real de las exportaciones de 5.7 por ciento, que sólo ha permitido estabilizar su cuota en el comercio mundial.

En 2003 las exportaciones españolas crecieron 3.27 por ciento respecto al año anterior y su valor ascendió a 101 mil 498 millones de euros. Los principales socios comerciales de España fueron Francia, Alemania e Italia, que acapararon 41.4 por ciento de las exportaciones, basadas fundamentalmente en vehículos automotores y sus accesorios, seguidos por calderas, maquinaria eléctrica y aparatos de sonido.

Antonio Subirá, investigador del Instituto de Estudios Superiores de Empresa (IESE), destacó la importancia de las inversiones públicas y privadas y de los llamados Fondos de Cohesión en el despegue económico que ha tenido España en los últimos 18 años, que pasarán a la historia, dijo, como los años en que el país salió o bien de su decadencia o bien de su aislamiento.

Sin embargo, destacó que inciden de manera importante otros dos factores que son políticos y sociales. Sobre el primer punto refirió que España había sido un país que en el siglo xix tuvo tres guerras, en el siglo xx tuvo una guerra civil y luego una dictadura de 40 años, además de trastornos sociales de todo tipo, "por tanto, era un país inestable políticamente y desde el punto de vista de seguridad jurídica, lo que es fatal para el desarrollo".

No obstante, a partir del fracaso del intento de un último golpe de Estado en 1982 ahora hay un consenso general acerca del sistema político del país y aunque cambien los gobiernos, éste no se modifica. "Nos hemos transformado en un país normal, que llevábamos bastantes siglos sin serlo. Esto es muy importante, porque el desarrollo económico requiere estabilidad", recalcó.

En el terreno social, Subirá, quien se desempeñó como secretario de Industria, Comercio y Turismo del gobierno de Cataluña de 1989 a 2002, destacó la importancia de tener centrales sindicales que naturalmente defienden los intereses de los trabajadores, pero dentro del sistema y sin plantear, desde ningún punto de vista, la anarquía.

También se refirió a los esfuerzos que ha hecho el gobierno de España, desde 1986 en la educación y la sanidad, aspectos que han fomentado la cohesión social.

Pese a las diferencias que tiene España con cualquier país de Latinoamérica, concretamente México, el investigador estableció un paralelismo a partir de la suscripción del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). "El TLCAN ha sido una gran apuesta de México, también es una gran apuesta por parte de Estados Unidos y lo que podría decir al referirme al ingreso de 10 nuevos países a la Unión Europea, a partir del 1° de mayo pasado, vale también para el caso de México", explicó.

A nadie conviene, si mira bien por sus intereses, tener vecinos pobres, dijo, porque entonces se enfrentan la inestabilidad derivada de presiones migratorias y algunas otras consecuencias negativas. Se refirió al caso de Polonia, uno de los nuevos miembros de la UE, y afirmó que a España le interesa y le conviene que Polonia, o cualquier otro de ellos crezca, porque significará una competencia dentro de la zona de integración.

"Si México se desarrolla, prospera, crece, su población encuentra oportunidades y futuro en México mismo, vivirá mejor en el país que emigrando a Estados Unidos, y esto es bueno para México y para su vecino. El TLCAN es menos ambicioso que la UE en cuanto a integración, pero de todas maneras puede ser una gran oportunidad", sostuvo §