"La democracia no tiene precio", argumento que defenderán grupos parlamentarios

El PRI, por una reforma electoral que no afecte finanzas partidistas

Impedir que el IFE se inmiscuya en la vida interna de las organizaciones políticas, propuesta del CEN

Señala la necesidad de regular actividades de adelantados, que están ya en pleno proselitismo

ENRIQUE MENDEZ

Los grupos parlamentarios del PRI en la Cámara de Diputados y en el Senado debatirán en conferencia -a propuesta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN)- un solo proyecto de reforma electoral que se limitará a modificaciones legales y no a la Constitución, en el cual el partido rechaza la "iniciativa publicitaria" del presidente Vicente Fox y se niega a asumir "los costos a cambio de beneficios abstractos".

El tricolor respalda una reforma que no reduzca el financiamiento público, "porque la democracia no tiene precio"; que impida al Instituto Federal Electoral (IFE) "inmiscuirse" en la vida interna de los partidos y que regule las actividades de "los adelantados que, por ineficacia del gobierno, están en plena campaña".

A partir de las sugerencias de la directiva priísta, ambas bancadas iniciarán esta semana una serie de reuniones conjuntas para avanzar en la consolidación de una sola posición y demostrar que el partido tiene interés "en no quedar al margen de este importante proceso" de negociación.

El CEN entregó a los diputados un documento en el que define en qué puntos está de acuerdo y en cuáles no para actualizar el marco normativo de las elecciones. De entrada, sostiene que el proceso de negociación entre los partidos fue interrumpido por la iniciativa presidencial, la cual "mostró un esquema más de carácter publicitario que de verdadero contenido reformatorio (sic)".

La propuesta presidencial, resalta, "es hasta cierto punto inútil", y enlista: los problemas de corrupción han estado en el financiamiento privado, que no se supervisa adecuadamente, no así el público, que se analiza hasta la saciedad; el financiamiento a los partidos sólo es una tercera parte del gasto del IFE que, junto con el tribunal electoral, gasta un volumen mucho mayor; los procesos internos de los partidos son regulados por los estatutos sin necesidad de una reforma legal.

"En consecuencia, reducir el costo de la democracia no puede ser el tema central de esta reforma", señala, e insiste en que, en todo caso, la reforma debe limitarse a las leyes respectivas.

Por tanto, plantea que el objetivo del debate "debe ser el perfeccionamiento de la legislación electoral", que no implique una reducción del financiamiento, porque "un sistema eficaz, que permita hacer gobierno y tener gobernabilidad, no tiene precio", pero sí que busque cambios legales para avanzar en la regulación del dinero empleado en actos electorales no sujetos a regulación de las precampañas.

Respecto de las propuestas planteadas por la comisión especial de la Cámara de Diputados para la reforma, definidas en un predictamen, el partido expresa su acuerdo con que el IFE y el tribunal electoral conozcan de las infracciones cometidas por autoridades federales, estatales, municipales y delegacionales que hagan difusión de propaganda en tiempos prohibidos o se nieguen a entregar información al instituto.

También está en favor de que los consejeros verifiquen que los gobiernos suspendan obras públicas 90 días antes de la fecha de la elección y rechaza la intención de que se incluya como causal de nulidad de un proceso la recepción de aportaciones o donativos prohibidos por la ley, "porque se aprecia más como sanción administrativa al partido que como causal de nulidad".