Acuerda con el Gobierno del DF instalar mesas de trabajo para atender sus demandas

Levanta el FPFV su plantón en el Zócalo

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

El Gobierno del Distrito Federal y el Frente Popular Francisco Villa (FPFV) llegaron finalmente a un acuerdo la tarde de ayer: antes de dos meses las familias que ocupan el predio Degollado, en la delegación Iztapalapa, serán reubicadas; en tanto, se establecerán mesas de trabajo para atender las otras dos demandas del grupo: servicios y seguridad.

El dirigente de la agrupación y diputado local del PRD, José Jiménez Magaña, aclaró en entrevista que no existe una disputa por posiciones políticas con el llamado FPFV Independiente, que dirige Elí Homero, aunque admitió que se trata de un desprendimiento "menor", pero las gestiones que se realizan son para todo el predio, incluidas las secciones controladas por el otro grupo.

En el caso de la llamada Organización de Lucha Popular, que dirigen los hermanos Martínez Rocha, el legislador la calificó como "una banda de delincuentes", que si bien pertenecieron al FPFV, se deslindaron de ellos por sus métodos violentos, agresiones físicas, amenazas y hasta tráfico de drogas. Refirió que existen varias averiguaciones previas en su contra, desde enero de 2003, tanto en la Procuraduría General de Justicia capitalina, como en la Procuraduría General de la República, por lo que hizo un llamado a ambas dependencias a que expliquen el avance de sus investigaciones.

"ƑQuiénes los apadrinan? Nosotros no sabemos qué relaciones perversas pueden tener", apuntó, y dijo desconocer también cómo es que dicho grupo llega a controlar las asambleas con habitantes del predio para decidir, por ejemplo, la expulsión de algunas personas.

El legislador explicó que una de las razones para considerar prioritaria la reubicación de 40 familias fue, además de estar en una zona de alto riesgo, es su proximidad con el área bajo control de los hermanos Martínez Rocha.

Jiménez Magaña justificó el plantón, que finalmente retiraron anoche, por la dilación de las autoridades capitalinas para cumplir los puntos que se establecieron en el convenio de concertación suscrito con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y la delegación Iztapalapa el 3 de septiembre de 2002, cuyas demandas vienen desde mucho antes, con los gobiernos priístas, que se negaron a atender los problemas por "la baja rentabilidad" de la zona, considerada con la población más pobre, no sólo de Iztapalapa, sino de todo el Distrito Federal.