Un ex general, acusado de plagiar, torturar y desaparecer a detenidos en 10 provincias

Nuevo fallo histórico en Argentina: prisión preventiva a 9 ex represores

Primera vez que en Córdoba anulan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final

STELLA CALLONI CORRESPONSAL

Buenos Aires, 12 de junio. Una orden de procesamiento y prisión preventiva dictada ayer contra el ex general Luciano Benjamín Menéndez, a quien se responsabiliza de actos de represión en 10 provincias, se convirtió en otro fallo histórico, al aceptarse la constitucionalidad de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que decidió el Congreso en agosto de 2003 a instancias del gobierno del presidente argentino Néstor Kirchcner.

La resolución de la jueza federal de Córdoba, Cristina Garzón de Lascano, marca otro hito en el combate contra la impunidad de los responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura (1976-1983). Menéndez se encuentra detenido por el secuestro, tortura y asesinato de cuatro aprehendidos, hechos que sucedieron a finales de 1977 en la capital de dicho estado, pero en su foja y en la historia de la dictadura en esa y otras provincias su responsabilidad abarca a miles de desaparecidos.

Esta es la primera vez que en Córdoba se declaran "insanablemente nulas" las leyes de Obediencia Debida y Punto Final en la causa que se sigue al ex general, responsable de la represión en el tercer cuerpo del ejército, con sede en la capital cordobesa y con autoridad en otras 10 provincias. Además de a éste, la jueza dictó prisión preventiva a otros ex represores en la misma causa: César Anadón, Carlos Vega, Oreste Palován, Carlos Díaz, Ricardo Lardone, Hermes Rodríguez, Jorge Acosta y Luis Manzanelli, detenidos ya en prisiones militares y acusados de secuestros, tormentos y homicidios.

Entre noviembre y diciembre de 1977, Humberto Brandalisi, Carlos Enrique Lajas, Hilda Flora Palacios y Raúl Osvaldo Cardozo fueron plagiados por estos integrantes de un grupo de tareas del destacamento 141 de inteligencia y trasladados al campo de concentración de La Perla -el mayor que existió en Córdoba-, donde fueron torturados y luego trasladados durante un operativo para asesinarlos simulando un enfrentamiento.

La resolución judicial sienta otro precedente que hará difícil que la Corte Suprema no convalide la ley que anula la impunidad. Actualmente existe esperanza en ello, después de conocerse parte del escrito de 15 páginas presentado por el teniente coronel Guillermo Enrique Bruno Laborda ante autoridades del ejército, en el cual admitió su responsabilidad y participación en delitos de lesa humanidad cometidos en la Guarnición Militar Córdoba de 1977 a 1979.

En este caso, Laborda se convirtió en el primer militar en activo que asume su responsabilidad, al parecer después de que le fue denegado su ascenso a coronel. Desde su punto de vista, los asesinatos constituirían "méritos militares que no fueron tenidos en cuenta al evaluar su legajo, ya que fueron ordenados por sus superiores por conducto de la cadena de comando, y las ejecuciones se realizaron en presencia de jefes de la unidad en la que él revistaba".

El militar señaló a algunos jefes de batallón, pero no identificó a las víctimas. Parecería que Laborda intentó "negociar" su ascenso con la advertencia de que, en caso de obtener una respuesta negativa, revelaría todo. Aunque sostiene que estos crímenes lo han atormentado mucho tiempo, la mayoría de dirigentes de organismos humanitarios no consideran que se haya arrepentido

El jefe del ejército, Roberto Bendini, envió el escrito a la justicia, y en un primer momento la jueza Garzón de Lascano dispuso su traslado a Córdoba para interrogarlo, pero después de la lectura de su declaración decidió que, dada la gravedad del testimonio del militar, no quedaba otra opción que procesarlo y, por tanto, abrió otra causa que recaerá también sobre Menéndez.

Según Laborda, desde que era cadete participó en la Operación Independencia en Tucumán (guerra sucia militar contra las guerrillas), donde le dijeron mandos militares que al subversivo había que matarlo, "pero no sólo a él, sino también a sus hijos, para que no puedan propagarse". En su confesión se habla de varios asesinatos de detenidos, como el fusilamiento, arrodillada y con los ojos vendados, de una joven que había dado a luz un día antes. Dos los jefes castrenses mencionados por Laborda son Orlando Oscar Dopazo y Alberto Solari.

En tanto, organismos de derechos humanos apelaron la decisión de la sala cuarta de la Cámara de Casación y recusaron a los tres jueces que la integran, después que éstos abrieron un recurso de queja del ex marino Raúl Enrique Scheller, procesado por el delito de tormentos reiterados. El marino criticó en la Cámara Federal la reapertura de la causa después de la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.

El pasado 4 de junio, por esta razón, quedó paralizada la elevación a juicio oral contra Scheller y otros nueve represores, y si los jueces de casación dan la razón a éstos sólo un fallo de la Corte Suprema podría poner a salvo esta investigación. Los familiares de las víctimas exigen que se amplíe la medida, ya que Scheller también fue responsable de gran cantidad de crímenes cuando pertenecía al sector de inteligencia de la Escuela de Mecánica de la Armada, del 24 de marzo de 1976 (fecha del golpe de Estado) a 1983.

En ese lugar se efectuaron torturas inenarrables y unas 5 mil personas fueron desaparecidas.