Samuel I. del Villar

De López Obrador a Madero

México vive una profunda y prolongada crisis en todos los órdenes. Pero su raíz es moral: la corrupción de la función pública. Ha atrofiado no sólo las instituciones indispensables para que el pueblo de México pueda prosperar de acuerdo con su dignidad humana. Más grave aún, ha atrofiado el entendimiento sobre la naturaleza de los problemas nacionales y la capacidad y voluntad para resolverlos de quienes conducen los destinos del país y controlan los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

El PRD nació en medio de esta crisis como consecuencia de la más grave agresión consumada en tiempos recientes al orden constitucional. El fraude del 6 de julio de 1988 a la elección popular de Cuauhtémoc Cárdenas sustentó la ilegitimidad constitucional del gobierno de Carlos Salinas, al mismo tiempo en que fue fuente de la autoridad moral de un PRD adherido a la efectividad del sufragio popular como base para abrir el camino democrático del país. Su autoridad moral se enriqueció por la lucha contra la corrupción política y su resistencia frente a la represión que la negaba, muy particularmente con la vida de cerca de 700 perredistas sacrificada en el empeño.

Ahora estamos en el curso de otro atentado tan grave y ciertamente más grotesco que el de De la Madrid-Salinas al camino del Estado democrático de derecho en México. Paradójicamente, el primer gobierno federal de oposición surgido de elecciones libres y auténticas, presidido por Vicente Fox, está empeñado en acabar con su legitimidad constitucional y del gobierno que pueda sustituirlo, corrompiendo la más elemental institucionalidad. Con un autoritarismo que ha retrasado la vida política en México a los momentos más oscuros de la dictadura porfiriana, cuando en junio de 1910 privó de la libertad y suprimió los derechos políticos de Francisco I. Madero, en junio de 2004 se intenta privar de la libertad y suprimir los derechos políticos de Andrés Manuel López Obrador y cerrar de plano las puertas al futuro del Estado democrático de derecho en México.

Desde luego que hay diferencias ostensibles entre los antecedentes y las estaturas del señor Fox y el general Díaz. Pero las diferencias se desvanecen en las acciones dictatoriales de Díaz para prolongar su régimen más allá de 1910 y de Fox para dilatar el suyo, aunque al parecer por medio de su señora esposa.

La única explicación del empeño descabellado por anular policiacamente los derechos políticos y quizá la libertad del jefe de Gobierno es el singular apoyo popular que ha ganado con la orientación de su gestión. Es inevitable el recuerdo de la represión policiaca del general Díaz para acabar con los derechos de Francisco I. Madero.

La agresión político-policiaca de Fox ha tenido dos fases. La primera se centró en la infección del PRD y de funcionarios del Distrito Federal con la corrupción que ahoga al sistema político y financiero mexicano. En lugar de perseguirla en el ámbito de su competencia y de coadyuvar a su persecución debida en el Distrito Federal, la solapó y promovió orquestando una conspiración criminal con la participación de la PGR y de las secretarías de Gobernación y de Hacienda con Carlos Ahumada y Diego Fernández, y ostensiblemente de Carlos Salinas, para neutralizar el apoyo popular al jefe de Gobierno alentando y exhibiendo la infección. Ante la inefectividad de su conspiración para cambiar el curso de las preferencias populares, Fox corrompió de plano el ejercicio de la acción penal para privar al jefe de Gobierno de sus derechos políticos promoviendo su desafuero ante la Cámara de Diputados a efecto de enjuiciarlo ante un tribunal que lo incapacitaría para ser votado en las próximas elecciones presidenciales.

El 20 de febrero pasado convergieron la PGR -por medio de su delegado metropolitano-; la Secretaría de Gobernación -mediante el representante del Cisen-; el coordinador parlamentario del PAN en el Senado de la República, Diego Fernández de Cevallos; los abogados de la familia Salinas de Gortari, Juan y Antonio Collado, con Carlos Ahumada en un privado del hotel Presidente Intercontinental. Esta convergencia, ciertamente, pasará a la historia como un registro público de la conspiración criminal armada por el gobierno de Fox para promover por medio de Ahumada la corrupción en el Gobierno del Distrito Federal, infamar a Andrés Manuel López Obrador y acabar ilícitamente con sus derechos políticos. Hay que recapitular, aunque sea brevemente.

Las reuniones de Carlos Salinas con Ahumada fueron el antecedente de la convergencia en el hotel. Su secuencia fue el desplazamiento de Ahumada, inmediatamente después de la reunión con los funcionarios y sus coaligados, a Las Vegas, para dar seguimiento al manejo de su relación con Gustavo Ponce, en un garito de gran lujo y colocarlo en evidente corrupción de su función pública para la videograbación con cuya difusión los conspiradores comenzaron el fuego. Le siguieron las videograbaciones de René Bejarano, de Carlos Imaz, empaquetándose los dólares de Ahumada.

El enredo de la PGR al intentar encubrir a Ahumada por sus conductas exhibidas en las filmaciones y la ilicitud de la conspiración, cuando se hizo pública, consolidó su comprobación. Al alegar que su convergencia con Ahumada obedecía a una supuesta denuncia y su ratificación en contra de Bejarano por "extorsión" en un privado de hotel pagado por Gobernación, con la presencia de agentes y personas ajenas a la diligencia y por un delito que no corresponde a la PGR perseguir, y que nunca persiguió, lo que comprobó fue su actuación al margen de la ley.

La persecución continuó al iniciar una averiguación previa en contra del jefe de Gobierno por la difusión de los resultados de la investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre los pagos de Ponce y su esposa al garito de Las Vegas y que acreditaban la conspiración del gobierno federal, toda vez que fue la propia PGR la que remitió esa documentación a la PGJDF y no existe ningún impedimento en su fuero para difundir la documentación correspondiente. La ilicitud persecutoria se extendió cuando la PGR usurpó la competencia de las autoridades migratorias al asumir sin fundamento legal alguno la custodia de Ahumada a su llegada en calidad de deportado por el gobierno de Cuba al territorio nacional, y cuando violentó abiertamente la Constitución de la República al retenerlo ilícitamente durante cinco horas e impedir el cumplimiento de la orden judicial de aprehensión por la PGJDF.

La conspiración llevó al extremo de expulsar del país al embajador y otros diplomáticos de la República de Cuba, cuyo fundamento, anunció el secretario de Gobernación, dilatará 12 años en hacerse público, con el objetivo evidente de inhibir el conocimiento de las pruebas que dejó Ahumada en La Habana y cuyo acceso por la PGJDF obstaculiza la PGR.

Estas conductas materia de la conspiración son causales de responsabilidades, léase delitos, administrativos, penales y políticos de los conspiradores. Se enmarcan en la hipótesis del artículo 110 fracción III de la Constitución que a la letra previene que "se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos y omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad que deban demostrar en el desempeño de sus empleos, cargos y comisiones." Consecuentemente violan el Código de Conducta en el Servicio Público establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos que en su artículo 47, fracción I, previene la obligación para éstos de "abstenerse de cualquier acto u omisión" que "implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión".

La conspiración es de naturaleza criminal porque las conductas también corresponden a diversos tipos delictivos previstos en el Código Penal Federal. El delito de abuso de autoridad en diversas modalidades establecidas en su artículo 215 fracciones I, II y III. El delito de coalición de servidores públicos previsto en su artículo 216. El delito contra la administración de justicia, previsto en el artículo 225 del Código Penal Federal, fracción VIII. El delito de encubrimiento, previsto en el artículo 400 en las modalidades establecidas en sus fracciones II, III, IV y V.

Al mismo tiempo, la conspiración sustenta el enjuiciamiento político de los responsables de acuerdo con la causal que establece la Constitución, en su artículo 110, "cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho".

En un gobierno fundamentalmente corrompido no se persigue a los criminales, sino a sus víctimas. Así, la PGR ni autoridad federal alguna procedió en contra de ninguno de los conspiradores, sino en contra del jefe de Gobierno requiriendo su desafuero para poder llevar al extremo inaudito su persecución, ejercer la acción penal en contra de Andrés Manuel López Obrador, enjuiciarlo, inhabilitarlo e incluso privarlo de la libertad. Y los partidos políticos dominantes en la Cámara de Diputados, PRI y PAN, dieron curso al requerimiento con miras a la consumación del quebranto, que seguramente sería definitivo, del Estado democrático de derecho en el país. El pretexto fue una "vista" al Ministerio Público del juez que declaró la "inconstitucionalidad" de auditar la corrupción en el Fobaproa e impedir que el pueblo de México pague por ella, alegando el supuesto incumplimiento de su sentencia que amparó a un especulador para impedir la vía de acceso al Hospital Inglés de Santa Fe.

Ojalá que estos partidos y el proceso político dominante, finalmente, reaccionen como es debido ante esta conspiración descabellada del gobierno de Fox para liquidar la democracia y sepultar la legalidad en México. Por lo que hace al PRD su responsabilidad es mayor. Debe volver a ser ariete para abrir el curso de la democracia y legalidad en el país. Para ello es indispensable partir de una autoridad moral cuya disolución fue la materia prima que utilizaron los conspiradores. Están pendientes de cumplimentar las recomendaciones de su Comisión de Legalidad y Transparencia, instruidas por su séptimo congreso nacional, para limpiar de corrupción las estructuras y el funcionamiento del partido. La limpia no puede ser meramente de palabras y maquillajes. Y, sin esa limpia, el partido en su conjunto se mantendrá como rehén de videos y otros documentos que exhiban la corrupción de algunos de sus dirigentes, dañándolo esencialmente para ser instrumento del pueblo, de la democracia y de su legalidad.